Flávio Dino, el ministro de Justicia y Seguridad de Brasil, pidió este martes que la Fiscalía y el Defensor del Pueblo de la Policía soliciten las imágenes de las cámaras que llevaron consigo los policías militares en la llamada Operación Escudo, que comenzó el viernes en la ciudad de Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo. Ese despliegue, que fue motivado por el asesinato el jueves de un policía cuando patrullaba la zona, dejó hasta el martes 13 personas muertas.
“Hubo una reacción inmediata que no parece, por el momento, ser proporcional al delito que se ha cometido”, dijo Dino. Su visión del operativo difiere de la del gobernador de San Pablo, el derechista Tarcísio de Freitas, que afirmó que el despliegue policial fue “profesional” y que “no hubo excesos”.
Dino agregó que “las imágenes de las cámaras podrán demostrar si hubo lo que ha informado el gobierno del estado, es decir, si hubo reacción a ataques, o si efectivamente hubo incumplimiento de la ley”.
El sospechoso de matar al policía Patrick Bastos Reis fue detenido en San Pablo, pero la Operación Escudo, en la que participaron 600 funcionarios, continuó en marcha para localizar a otros narcotraficantes involucrados en el ataque. Este despliegue forma parte de un operativo mayor que se extenderá por un mes, y que contará con apoyo de otras fuerzas de seguridad.
Bastos Reis, integrante de la Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), una fuerza de elite de la Policía militar paulista, fue asesinado cuando patrullaba en la zona de Vila Zilda, en Guarujá. Recibió un disparo lanzado desde lo alto de una favela cercana.
Los habitantes de la zona denunciaron que la Policía militar amenazó a unas 60 personas y que torturó y asesinó a otra. Este martes el operativo se extendió a la ciudad de Santos, donde una funcionaria de la Policía militar fue herida por un tiro de fusil y donde murió otro civil, de acuerdo a lo que informó el diario Folha de São Paulo.
De este modo, llegó a 13 el número de muertos que dejó la Operación Escudo, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública. Esa institución también reportó que durante el operativo fueron detenidas 32 personas, se encontraron más de 20 kilos de droga y unas 11 armas.
De acuerdo con el gobierno federal, las muertes en el marco de esta acción policial están siendo investigadas por la División Especializada en Investigaciones Criminales de Santos y por la Policía militar. En esas investigaciones son clave las cámaras que llevan consigo los policías durante los operativos, y que diputados estaduales de extrema derecha quieren eliminar.
Según informó la revista Carta Capital, las declaraciones de Dino reactivaron la discusión al respecto, que algunos legisladores bolsonaristas locales quieren llevar al parlamento de San Pablo. Uno de ellos, el diputado Gil Diniz, del Partido Liberal, manifestó en sus redes sociales: “Es hora de debatir en San Pablo la retirada de las cámaras del pecho de nuestros policías. Los delincuentes no pueden tener esa ventaja”.
Otro legislador, Major Mecca, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados de San Pablo, dijo en un video que “este tipo de acción policial, esta respuesta, es lo que el ciudadano de bien de la ciudad de Guarujá, lo que el pueblo del estado de San Pablo, espera de su policía. Policía fuerte, con seguridad jurídica, que enfrente al delincuente”. Agregó que “es el ladrón quien elige: va preso o para el cementerio”.
De acuerdo con la revista, el uso de cámaras causó una disminución de 80,1% en la mortalidad de adolescentes en intervenciones policiales en San Pablo en 2022. Así lo sostiene un relevamiento divulgado en mayo, elaborado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública en asociación con Unicef.
Este martes, para investigar lo ocurrido durante la Operación Escudo, viajó a Guarujá una comisión integrada por representantes del Defensor del Pueblo de la Policía, de la Orden de los Abogados de Brasil y del Consejo Estadual de Defensa de los Derechos de la Persona Humana. La comisión se propone escuchar los testimonios de familiares de personas que murieron durante el operativo e investigar las denuncias de torturas presentadas contra la Policía militar. Está previsto que el miércoles también viaje a la zona un grupo de representantes de la Defensoría Pública y diputados estaduales para conocer de primera mano la situación.