El triunfo que logró Donald Trump el martes en Estados Unidos es muy distinto del de 2016. Aquel año, el millonario ganó las primarias del Partido Republicano pese al rechazo que generaba en buena parte de la dirigencia, y fue electo presidente con un total de votos menor que el de la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton.
En cambio, en 2024, el Partido Republicano se convirtió en el partido de Trump. Muy pocas voces se deciden a cuestionarlo y la Convención Nacional Republicana que proclamó su candidatura fue una celebración de su figura.
Pocos días antes de ese encuentro, había sobrevivido a un intento de asesinato que reforzó todavía más su imagen y sumó épica a su discurso. “Dios me salvó la vida por una razón”, dijo. “La razón es que tengo que salvar el país y hacer a América grande de nuevo. Esta es la misión”.
En las elecciones del martes, Trump no sólo reunió más representantes en el Colegio Electoral, el órgano que elige al presidente estadounidense, sino que el total de personas que lo votaron superó al de quienes votaron a la candidata demócrata, Kamala Harris. Según el recuento de votos, que todavía está en marcha, los republicanos lograron la mayoría en el Senado y podrían alcanzarla también en la Cámara de Representantes.
Además, el futuro presidente contará con una Suprema Corte de Justicia integrada por varios jueces que él mismo nombró en su anterior mandato y que es considerada la más derechista en mucho tiempo, con fallos como el que revocó la sentencia Roe vs Wade, que amparaba la legalidad del aborto en todo el país.
Dirigentes, activistas y analistas han alertado sobre el creciente poder de Trump. Esta vez, cuando asuma la presidencia, el 20 de enero, llegará al gobierno con mucho más respaldo en ámbitos que en su mandato anterior funcionaron como frenos a sus decisiones de gobierno o a sus intentos de permanecer en el poder.
Trump y las instituciones
Hasta ahora, una de esas barreras fue el Congreso, que incluso después de que dejara la presidencia se ocupó de investigar su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando se ratificaba allí la victoria de su rival en las elecciones de 2020, el actual presidente Joe Biden. La comisión que investigó a Trump concluyó, en 2022, que ese asalto fue un intento de golpe de Estado para impedir que asumiera Biden.
“Durante varios meses, Donald Trump supervisó y coordinó un plan sofisticado de siete partes para anular la elección presidencial y prevenir la transferencia de los poderes presidenciales”, dijo por entonces, al presentar el informe, la congresista Liz Cheney, vicepresidenta de esa comisión y una de los escasos representantes republicanos que la integraron.
Durante la campaña, Trump manifestó que se inclina a indultar a muchas de las más de 1.500 personas condenadas por esos hechos. No a todos, “porque probablemente un par se salió de control”, dijo.
El miércoles, después de la reelección de Trump, Cheney hizo una publicación en su cuenta de X en la que recordó que todos los estadounidenses están obligados a aceptar el resultado electoral, les “guste o no”, pero que también tienen la responsabilidad de hacer todo lo que puedan para defender la Constitución, preservar el estado de derecho y garantizar la vigencia de las instituciones. “Los ciudadanos de todo este país, nuestros tribunales, los miembros de la prensa y quienes prestan servicios en nuestros gobiernos federal, estatal y local deben ser ahora las barreras de contención que protejan la democracia”, dijo.
Ante los intentos de Trump de romper las reglas para seguir en el poder, también hubo jueces que se encargaron de rechazar las denuncias de fraude electoral presentadas sin pruebas en varios estados, y hubo funcionarios, como el secretario de Estado de Georgia, el republicano, Brad Raffensperger, que resistieron las presiones del presidente para que revirtieran los resultados. Según relató después Raffensperger, el propio Trump lo llamó el 2 de enero de 2021 para alegar que hubo fraude y presionarlo para que hiciera alguna maniobra a su favor. “Sólo quiero encontrar 11.780 votos”, le dijo Trump. Ahora esa llamada es una prueba en la investigación que la Justicia inició contra el expresidente ―ahora reelecto― por los intentos de desconocer los resultados electorales.
El poder de MAGA
Así como el Partido Republicano y la Suprema Corte ya no son los mismos, tampoco la fórmula electoral que lidera Trump se parece a la de 2016. Ese año llevó como candidato a la vicepresidencia a Mike Pence. El partido lo eligió porque buscaba una figura tradicional que compensara la postulación a la presidencia de un magnate sin experiencia política, con un discurso provocador y denuncias por agresiones sexuales en su contra.
Pence tenía una larga trayectoria en el partido, fue exgobernador de Indiana, ocupó por seis períodos una banca en la Cámara de Representantes e integraba una familia evangélica conservadora.
Ahora, en 2024, no se consideró necesario buscar una figura que cumpliera ese papel. Al contrario. La fórmula se completó con James David Vance, un dirigente que había llegado a comparar a Trump con Adolf Hitler, pero que después dio un viraje radical y se convirtió en un trumpista convencido. El vicepresidente electo, de 40 años (38 menos que Trump), es además una promesa de continuidad para el futuro del movimiento Make America Great Again (MAGA).
Otros contrapesos a la figura de Trump en su primer mandato fueron funcionarios de carrera y dirigentes republicanos más apegados a los carriles institucionales, que frenaron decisiones del presidente. Ahora esa barrera está muy debilitada.
La jefa de campaña, Susie Wiles, y Donald Trump, la noche de las elecciones, en el Centro de Convenciones de Palm Beach, el 6 de noviembre, en West Palm Beach, Florida.
Foto: Chip Somodevilla, Getty Images, AFP
Según recordó CNN, Trump se ha declarado arrepentido de colocar en cargos altos a personas que intentaron frenar sus iniciativas y contrariar su voluntad. La cadena estadounidense informó que varios aliados del presidente electo se disputan entre sí los cargos del próximo gobierno y aseguran que no van a permitir que esta vez haya personas que pongan trabas a los planes del presidente.
Sobre esto advertía durante la campaña Kamala Harris cuando decía que esta vez “John Kelly no va a estar”, en referencia al jefe de gabinete que permaneció durante más tiempo en el cargo durante el primer gobierno de Trump, y que fue muy crítico hacia el dirigente.
Para Kelly, Trump cumple las condiciones para ser incluido en la definición de “fascista”. El exfuncionario dijo semanas atrás a The New York Times que Trump “gobernaría como un dictador si se lo permitieran”. En varias entrevistas afirmó que el expresidente había manifestado que quería “el tipo de generales que tenía Hitler” y que “comentó más de una vez que ‘Hitler también hizo algunas cosas buenas’”.
La campaña republicana negó este intercambio, y el entonces candidato acusó a Kelly de actuar motivado por “el Síndrome de Trastorno de Odio por Trump”.
En el diario San Francisco Chronicle, el columnista Erwin Chemerinsky señaló acerca de Trump que durante “su primer mandato como presidente, algunos de sus asesores lo alejaron de acciones que habrían violado la Constitución”. Pero agregó que “quienes desempeñaron ese papel” ahora alertan sobre el dirigente y, por lo tanto, no formarán parte de una segunda administración. Entre lo que definió como una “larga lista” de excolaboradores que cuestionaron a Trump, incluyó al exsecretario de Defensa Mark Esper, el expresidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley y los exasesores de Seguridad Nacional HR McMaster y John Bolton.
En su libro The Room Where It Happened: A White House Memoir, Bolton, integrante del sector más derechista del Partido Republicano, concluyó que Trump no era “apto para el cargo” que ocupó. Allí afirmó, por ejemplo, que cuando se acercaban las elecciones de 2020, Trump le “suplicó” al presidente chino, Xi Jinping, que comprara más productos agrícolas estadounidenses para ayudarlo a ganar votos.
El equipo de Trump de entonces negó estas y otras afirmaciones contenidas en el libro, como la de que presionó al gobierno ucraniano de entonces a que abriera una investigación contra Biden si quería recibir ayuda militar estadounidense.
Hacia la segunda parte
Para su próximo mandato, Trump intenta rodearse de gente de su confianza. Pero además existe una propuesta que va mucho más allá de esa decisión. Es la que plantea el Proyecto 2025, de la Fundación Heritage, del cual Trump se despegó en campaña pero en el que están involucrados varios de sus colaboradores, entre ellos el futuro vicepresidente. Esta iniciativa incluye una reforma del gobierno que aumente el poder del presidente, que ya es amplio en Estados Unidos, y que reemplace a todos los empleados públicos que sea posible por personas leales al jefe de Estado.
El proyecto también postula el rechazo al aborto y la llamada “ideología de género”, así como a las políticas de cuotas, que considera “racismo contra los blancos”. Se opone a las medidas contra el cambio climático que afecten a la industria petrolera y defiende las acciones contra los inmigrantes.
Desde que se conoció el resultado de las elecciones, organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron del deterioro que pueden significar las políticas de deportaciones masivas de inmigrantes que prometió Trump.
Para el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Paul O’Brien, la protección de los derechos humanos incluye “poner fin a la violencia armada y garantizar atención médica”, incluyendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, así como respetar “los derechos de los manifestantes, de los migrantes y de los solicitantes de asilo”, según citó Europa Press.
O’Brien recordó que el primer gobierno de Trump estuvo marcado por “la intolerancia, la xenofobia y la retórica supremacista”, y señaló también que un país debe exigir a los demás gobiernos, incluso a sus aliados, que no permitan “violaciones de los derechos humanos”.
La directora ejecutiva de Human Rights Watch, Tirana Hasan, también se refirió a las políticas de expulsión de solicitantes de asilo y separación de familias de migrantes que se aplicaron bajo el primer gobierno de Trump. Advirtió que las promesas del presidente electo de llevar adelante deportaciones masivas de inmigrantes causarán “mayores abusos por parte de las fuerzas del orden” e instigarán “más acciones xenófobas” de parte de la población estadounidense.
También diversas organizaciones defensoras de los inmigrantes y vinculadas a la población de origen latinoamericano advirtieron al respeto. “Si se implementan, las políticas antiinmigrantes declaradas por Donald Trump infligirán un daño duradero a la economía, las comunidades y el carácter estadounidense”, advirtió en un comunicado el director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés), Benjamin Johnson.
Mientras se advierte sobre los riesgos que pueden llegar con el próximo gobierno, CNN informó que en Estados Unidos, después de las elecciones, la lista de libros más vendidos es encabezada por la autobiografía de la esposa de Trump, Melania. Pero señaló también que se dispararon las ventas de libros de ficción distópica mencionados en la campaña: El cuento de la criada y 1984.
Planes para el primer día
Donald Trump anunció el jueves quién será su jefa de gabinete. La elegida es Susan Summerall Wiles, a quien suelen llamar Susie Wiles, que se convertirá en la primera mujer en ocupar ese cargo.
Wiles, de perfil bajo y 67 años, fue su jefa de campaña y, según dijo Trump en un comunicado, lo “ayudó a lograr una de las mayores victorias políticas en la historia de Estados Unidos”, además de ser “parte integral” de sus campañas de 2016 y 2020. El presidente electo definió a la futura funcionaria como una mujer “fuerte, inteligente, innovadora y universalmente admirada y respetada”.
El nombre de Wiles es el único confirmado, pero suenan otros, como el del senador republicano ultraderechista Marco Rubio para convertirse en secretario de Estado. También se han mencionado para ese cargo el exembajador en Alemania Rick Grenell y el senador y exembajador en Japón Bill Hagerty.
Según informó la agencia Efe, el empresario Elon Musk, que invirtió al menos 130 millones de dólares en la campaña de Trump, le pidió al presidente electo que contrate a empleados de su empresa SpaceX en altos cargos del gobierno, incluyendo el Departamento de Defensa. Musk, además, ya había manifestado interés en la propuesta de Trump de que encabece una “comisión de eficiencia gubernamental” que reduzca el presupuesto estadounidense.
Para su “primer día” en la Casa Blanca, Trump tiene previsto firmar una serie de decretos sobre asuntos muy diversos. Uno busca “cerrar” la frontera con México, aunque no se conocen más detalles sobre lo que implica, otro apunta a impulsar la producción de petróleo en el país, y un tercero tiene el objetivo de que las mujeres trans sean excluidas de los deportes femeninos.