Antes del 23 de enero de 2012, la política electoral chilena sufría una crisis: la inscripción de votantes venía a la baja. Los jóvenes que cumplían 18 años no se estaban acercando a las oficinas públicas para anotarse en el registro electoral, y al Estado se le estaba agotando la creatividad para idear nuevas campañas para atraer a electores que no llegaban. Por eso, en parte, entró en vigencia la Ley 20.568 que promulgó el entonces presidente Sebastián Piñera ese día. A partir de entonces, todo adulto quedaría automáticamente inscrito para participar en los procesos eleccionarios. La moneda de cambio para lograr la reforma fue una que venía atada muy de cerca al fenómeno de la participación: el voto, desde ese día en adelante, sería totalmente voluntario.
El impacto fue evidente e instantáneo: si en las elecciones municipales de 2008 había un universo de 8,1 millones de inscritos para participar en las votaciones, en las de 2012 el número de votantes posibles subió a 13,4 millones. Posibles, pero no probables, descubrió el mundo político el día de las elecciones: en las anteriores habían votado 6,3 millones de electores, equivalentes a un contundente 85%, pero ese día sólo llegaron a las urnas 5,5 millones, traducido en un bochornoso 43%.
Según el estudio “Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile” publicado en 2017 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el porcentaje histórico de votantes en este tipo de elecciones locales –tomando como base la población en edad de votar– pasó de 79% en 1992 a 45% en 2012 y a 36% en 2016. En 2021, la más reciente elección de alcaldes y autoridades municipales realizada en el país, la participación aumentó a 43%.
Hoy la preocupación vuelve a surgir: en un mes se realizará la siguiente elección municipal, en la que se votarán alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales para las 345 comunas de Chile. Se trata de la primera luego de los dos procesos constitucionales fallidos –plebiscitos de 2021 y 2022–, los cuales han añadido incertidumbre al ya difícil trabajo de predecir el escenario político chileno. Por eso, también, estas elecciones tienen particularidades inéditas, algunas por iniciativa directa del gobierno de Gabriel Boric, que fueron aprobadas por el Congreso Nacional el mes pasado.
Fue el 13 de agosto cuando el Parlamento validó el veto presentado por el Ejecutivo, que estableció, entre otras cosas, que las elecciones se realizarían no en una, sino en dos jornadas: el sábado 26 y el domingo 27 de octubre de 2024. Si bien no se trata de una medida nueva, cuando se utilizó anteriormente fue para evitar las aglomeraciones en el contexto de emergencia sanitaria producida por la pandemia de covid-19. Esta vez, en cambio, la medida busca brindar un mayor margen de tiempo a los electores para poder votar y evitar que se formen filas que puedan disuadir la participación. Incluye, además, un feriado no laborable el domingo 27, con el fin de “fomentar la participación de los trabajadores”, dice la moción.
La iniciativa del gobierno, además, selló la obligatoriedad del voto, asignando multas para quienes no participen en la elección, aunque menores que las que se aplicaron en los plebiscitos constitucionales. Para octubre, quien no vote y no justifique ante la Policía su ausencia por un motivo válido –como la distancia física– deberá pagar una multa de cerca de 35 dólares. Se trata, además, de una norma que entra en vigencia específicamente para estas elecciones, pero que no se instala como un paradigma para todas las venideras. Es un voto obligatorio, en la práctica, pero casi como una rareza, una anomalía.
“Se generó la participación del voto obligatorio por una preocupación debido a la paulatina baja en la participación electoral de la gente, y eso era un problema”, explica Javiera Arce, cientista política y estudiante de Doctorado del University College London. Sin embargo, señala que la obligatoriedad del voto no garantiza por sí misma una participación verdadera. En Chile, el fenómeno de la participación tiene un importante sesgo socioeconómico: en las localidades más ricas, la ciudadanía vota más. “Si revisas la participación de los plebiscitos, que fueron obligatorios, en comunas más pobres te encuentras con que el porcentaje de nulos y blancos fue muy alto. La gente tiene miedo de no ir a votar, porque es obligatorio”, expone, pero esa obligación no imprime al proceso una convicción eleccionaria.
“No sabemos muy bien qué va a ocurrir. Yo creo que porque es obligatorio, la gente va a ir igual a votar, pero también puede que haya un alto porcentaje de votos nulos y blancos, porque además es una elección para la que cuesta mucho informarse porque son demasiados candidatos”, agrega. En efecto, los votantes recibirán cuatro papeletas que a nivel nacional aúnan a más 1.500 candidatos y candidatas.
Se trata, en la práctica, de lo que se conoce como “votante probable”: no solamente aquel ciudadano que va a concurrir a votar, sino el que va a efectivamente marcar una preferencia. “Eso se puede determinar con más exactitud 15 días antes de la elección”, explica Axel Callís, experto electoral y director de estudios de la agencia de investigación y sondeo social de opiniones Tú Influyes. “Lo que nosotros hemos visto, y hemos hecho muchas encuestas, es que hay un alto grado de desinformación, sobre todo en el ámbito de los alcaldes”, cuenta.
“En general, el problema que tenemos en Chile es que una cosa es votar y otra cosa es participar. Son dos cosas completamente distintas”, señala. “Lo que tenemos en Chile es un sistema en el que a las personas se les pone una oferta sobre la mesa y a través de multas se las obliga a ir a votar. Es decir, van por la multa, porque no les queda de otra, pero si tú les relajas el cobro de la multa o aparece cualquier tipo de excusa, van a dejar de ir a votar”, comenta.
Otra innovación importante decidida por el Congreso tiene que ver con la llamada “ley seca”, que durante décadas impidió la venta de alcohol en el país desde la jornada anterior a los sufragios, lo que siempre generó críticas de parte del comercio y del gremio gastronómico. En esta oportunidad, no se decretará dicha prohibición, permitiendo la venta y consumo libre de bebidas alcohólicas durante ese fin de semana.
El reflejo de estas medidas en la participación efectiva que se alcance en los sufragios no se conocerá sino hasta el día de las elecciones, el último fin de semana de octubre.