Un grupo de 620 abogados chilenos que habían denunciado ante la Corte Penal Internacional al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes cometidos en la Franja de Gaza, pidió a la Justicia chilena que investigue al militar israelí Saar Hirshoren, informó Radio Universidad de Chile. Según los abogados, que presentaron su denuncia en una fiscalía de la Región Metropolitana, Hirshoren fue visto en el sur de Chile.
“Estamos denunciando a un oficial del Comando de Ingenieros 749 del ejército israelí, que de acuerdo a los testimonios que hemos recabado, al testimonio de una de las víctimas y familiares de las víctimas que viven el sector de Zeitún, en la Franja de Gaza, cometieron graves crímenes de guerra antes de venir a la Patagonia chilena”, dijo el exembajador de Chile en Ecuador, Nelson Hadad, que integra el grupo de abogados.
“Estos son reservistas que tienen un período de descanso y han venido a Chile de vacaciones –también pasaron a Argentina–, después de haber masacrado”, dijo Hadad.
En Argentina, Página 12 informó que la fundación Hind Rajab denunció a Hirshoren ante el fiscal Carlos Rívolo y el juez Daniel Rafecas por “crímenes de guerra cometidos en Gaza”. Además, el batallón que integró ese militar fue denunciado por esa fundación ante la Corte Penal Internacional “por crímenes contra la humanidad y genocidio”.
Una de las pruebas presentadas en los dos países es un video de la cuenta de Instagram de Hirshoren en la que se muestra a sí mismo participando en la destrucción de infraestructura civil en Gaza y publicaciones en las que se jacta de esos hechos. Los denunciantes en Argentina argumentaron que participó en “la demolición deliberada de barrios, lugares culturales e instalaciones esenciales, violando los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma”. Afirman que Argentina, como país signatario de ese estatuto, “está obligada a investigar y procesar a las personas acusadas de delitos tan graves”.
En Chile, Hadad dijo que la denuncia busca “impedir la impunidad” del militar y “hacer prevalecer la Justicia Penal Internacional, independientemente de la nacionalidad del autor”. Agregó que por “estar en territorio chileno se aplica el principio de la territorialidad de la justicia internacional, buscando por sobre todo la sanción de los responsables”.
Otro de los integrantes del grupo de abogados es Francisco Chahuán, un senador del partido derechista Renovación Nacional que integra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. “El principio de extraterritorialidad está fundado en la Ley 20.357, que, además, con la ratificación que hicimos del Estatuto de Roma, le da competencia a los tribunales chilenos para perseguir este tipo de crímenes”, dijo Chahuán, según la radio chilena.
El grupo de abogados acusa a Hirshoren de “demoler deliberadamente barrios, sitios culturales e instalaciones esenciales en Gaza con actos inhumanos, crueles, degradantes y abominables, provocando la limpieza étnica y el desplazamiento forzado de personas”, afirmó.
Para Hadad, el caso “tiene un carácter de urgencia suma” y no se puede “aceptar que después de haber masacrado a cientos de miles de palestinos, en su mayoría niños y mujeres, [Hirshoren] se pueda permitir venir a tomar vacaciones a la Patagonia chilena”, según citó la agencia Efe.
También en Brasil, la fundación Hind Rajab presentó una denuncia contra un militar israelí que estaba de visita en el país. La organización toma su nombre del de una niña palestina de seis años que el 29 de enero murió cuando huía junto a sus tíos del barrio de Tel al-Hawa, en la ciudad de Gaza. Según las autoridades palestinas, la niña, que había llamado a la Media Luna Roja para pedir que la rescataran, fue asesinada en forma deliberada por soldados israelíes.
En su denuncia contra el militar israelí en Brasil, la fundación incluyó datos de geolocalización y fotografías que lo muestran colocando explosivos en barrios de la Franja de Gaza que fueron destruidos.
Un tribunal dio la orden de investigar al militar –cuyo nombre no fue difundido– como sospechoso de genocidio y crímenes contra la humanidad. La fundación calificó esta orden como un “hecho legal histórico” y “un paso crucial para la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Gaza”, según el portal 20 Minutos. “Este individuo ha contribuido a la destrucción de casas y sus propias declaraciones y comportamiento se alinean claramente con los objetivos genocidas en Gaza”, dijo en un comunicado Maira Pinheiro, abogada jefa de la fundación denunciante.
Sin embargo, al parecer el militar indagado abandonó Brasil, según informó Europa Press a partir de declaraciones del líder opositor israelí Yair Lapid. De acuerdo con The Times of Israel, Lapid dijo que “el hecho de que un reservista israelí se haya visto obligado a huir de Brasil en plena noche para evitar ser arrestado por luchar en Gaza es un enorme fracaso político de un gobierno irresponsable que simplemente no sabe cómo trabajar”.