El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue acusado formalmente este martes por la Policía Federal de crear una estructura de inteligencia paralela durante su gobierno para espiar a opositores políticos, jueces del Tribunal Superior Electoral y periodistas.
Entre los más de 30 acusados en este caso figuran el actual director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Luiz Fernando Corrêa, el principal asistente de este funcionario, Alessandro Moretti, uno de los hijos del expresidente, el edil de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, y el diputado bolsonarista Alexandre Ramagem.
Este diputado del Partido Liberal fue el responsable de crear esa estructura, conocida ahora como “Abin paralela”, informó la revista Carta Capital. A esa conclusión llegó la Policía Federal, que en Brasil es la encargada de investigar ciertos casos penales y de presentar su denuncia antes de que la Fiscalía haga su propia acusación.
Uno de los espiados fue el juez Alexandre de Moraes, a quien el bolsonarismo cuestiona desde hace años, pero también se suman a él otros magistrados: Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso y Luiz Fux.
Entre los legisladores espiados, aparecen rivales y también aliados del oficialismo. Fueron blancos de la Abin paralela los titulares de la Cámara de Representantes, Arthur Lira, y del Senado, Rodrigo Maia. A ellos se agregan varios senadores que integraron una comisión que investigó la gestión de la pandemia de covid-19, y también diputados de derecha, como Kim Kataguiri, y de izquierda, como Jean Wyllys.
Según la Policía Federal, el expresidente y los otros denunciados recurrieron a la aplicación de rastreo FirstMile, adquirida por el gobierno anterior, de Michel Temer. La Abin paralela utilizó esa y otras herramientas para espiar de manera ilegal, sin orden judicial, teléfonos y computadoras.
La continuidad de Corrêa y Moretti al frente de la Abin en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva les permitió a esos funcionarios complotar para ocultar las ilegalidades de la gestión anterior, señaló Carta Capital. La actual cúpula de la Abin es acusada ahora de obstruir investigaciones judiciales.
En la lista de los espiados, según publicó el portal G1, de TV Globo, aparecen varios periodistas –Monica Bergamo, Vera Magalhães, Luiza Alves Bandeira y Pedro Cesar Batista–, el exgobernador de San Pablo João Doria, funcionarios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables y de la Receita Federal do Brasil, el equivalente a la Dirección General Impositiva uruguaya.
Carlos Bolsonaro afirma que estas y otras acusaciones son parte de una persecución política contra su padre.
El expresidente está acusado de intentar retener el poder después de perder las elecciones y promover un golpe de Estado contra Lula. Estos intentos incluían planes de magnicidio, según varios testigos, entre ellos altos mandos militares.
Para defenderse de la acusación y hacer una demostración de fuerza, Bolsonaro convocó a sus seguidores a participar en una protesta el domingo 29 en San Pablo. “La lucha continúa por democracia, por libertad, por justicia”, manifestó en un video divulgado en sus redes sociales.
Jair Bolsonaro también ha sido acusado de falsificar certificados de vacunación contra el covid-19. Esta investigación se archivó, pero sigue abierta otra por apropiación indebida de regalos lujosos que recibió en su calidad de presidente y que legalmente son propiedad del Estado. También se indaga si cometió los delitos de malversación, asociación criminal y lavado de dinero al intentar vender esos objetos.
A su vez, Carlos Bolsonaro también acusó al gobierno de perseguirlo. “¿Alguien tenía alguna duda de que la PF [Policía Federal] de Lula haría eso conmigo?”, publicó en X el concejal.
“¿Justificación? Creo que ya lo saben: ¿elecciones en 2026? ¡No lo creo! ¡Pura coincidencia!”, dijo, y anunció que en esas elecciones va a volver a postularse a algún cargo en el que pueda ser “útil al proyecto de liberación de Brasil”. Una posibilidad que evalúa es la de postularse a senador por el estado de Santa Catarina, informó la agencia Efe.
Según G1, la denuncia presentada este martes identifica a Carlos Bolsonaro como el jefe del llamado “gabinete del odio”, una estructura que durante el gobierno de su padre divulgaba desinformación y atacaba a opositores. En ese marco, utilizaba la información recabada mediante espionaje ilegal.
Una vez presentada la denuncia de la Policía Federal, el Supremo Tribunal Federal de Brasil debe enviar el informe a la Fiscalía, que puede pedir más información, nuevas diligencias, o dar otro paso y presentar su propia denuncia.