Para la dirigencia del partido ultraderechista Vox en Murcia, el municipio de Jumilla acaba de hacer “historia” al aprobar “la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos”. La iniciativa fue presentada por Vox, y modificada y votada por el Partido Popular (PP).
Se propuso como una moción para preservar “el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica”.
Después de que el PP modificara la iniciativa original, la norma pasó a cambiar el reglamento de instalaciones deportivas “para que no se pueda realizar ninguna actividad ajena al deporte, a no ser que esté promovida por el Ayuntamiento”.
El periodista Paulino Ros, autor del blog Islam en Murcia, explicó al diario español El País: “Normalmente, los ayuntamientos ceden los polideportivos, campos de fútbol, para que se reúnan los musulmanes a rezar. La gracia del rezo es que es colectivo, van familias completas. Además, es desde las siete hasta las nueve de la mañana más o menos. Luego se van a sus casas a celebrar en familia”.
En particular, la norma busca impedir dos celebraciones: el rezo del final del Ramadán y la Fiesta del Sacrificio o Fiesta del Cordero, que son las que reúnen más gente. Así lo explicitaba la moción original, antes de sus modificaciones.
Esta prohibición llega pocas semanas después de que, también en la región de Murcia, en la ciudad de Torre Pacheco, se desatara una ola de violencia contra los migrantes, que allí en su mayoría son de origen marroquí.
Esta situación se generó a partir de la agresión a un anciano español, que fue utilizada por organizaciones de ultraderecha para incitar al odio contra los extranjeros y promover una “cacería” de migrantes. Estas acciones fueron acompañadas de publicaciones con información falsa en redes sociales que culpaban a extranjeros de distintas agresiones.
Vox no condenó estas acciones xenófobas sino que llamó a deportar a extranjeros violentos.
Ahora, Jumilla, localidad que apenas supera los 27.000 habitantes -1.500 de ellos musulmanes- se convierte en el foco de atención por una medida que puede ser interpretada como restrictiva de la libertad religiosa, pero que se enfoca específicamente en el Islam.
De hecho, el PP modificó parte de la moción propuesta por el único concejal de Vox, Juan Agustín Navarro (que se abstuvo de votar el texto final debido a los cambios), en la que llamaba, por ejemplo, a “promover activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de los sellos extranjeros como el halal”.
El PP consideró que algunos puntos de la enmienda, aunque persigan “la legítima finalidad de proteger nuestras tradiciones y costumbres, puede dar lugar a interpretaciones que no se ajustan plenamente al marco jurídico vigente”.
Por eso, el PP “blanqueó la moción” y apuntó al cambio de reglamento en instalaciones deportivas, dijo a eldiario.es la exalcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Para Guardiola, incluso después de los cambios, esta “es una moción intolerante y sectaria, que falta a la Constitución porque los organismos públicos” tienen que “cooperar con todas las confesiones religiosas”.
El secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas Ayala, afirmó: “No han aprendido nada de lo ocurrido en Torre Pacheco. Siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles. El PP vulnera los valores constitucionales y pone en riesgo la convivencia, sólo por aferrarse al poder”.
Podemos e Izquierda Unida-Verdes, que en Murcia conforman una alianza, consideraron que la moción aprobada es “vergonzosa e ignominiosa”, además de “racista”, y señalaron que fomenta la discriminación y el odio hacia personas por su origen.
Manifiestaron que “presenta las diferencias culturales como un problema, al tiempo que desde los barrios se trabaja para fomentar la convivencia y la interculturalidad en el municipio”.
Según informó Europa Press, Podemos adelantó que denunciará ante la fiscalía “este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox”. También cuestionó su legalidad la coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, que consideró que la nueva norma atenta contra la defensa constitucional de la libertad religiosa.
“Se trata de un acto de racismo islamofóbico y de odio, disfrazado de reglamento administrativo. No lo vamos a permitir”, dijo, y agregó que la región de Murcia “no puede convertirse en el campo de pruebas del autoritarismo reaccionario”.