Al grito de “¡Vergüenza!” y con llamados a la huelga general, un grupo de las personas que acampaban en el centro de Madrid para reclamar una política que haga más accesible la vivienda reaccionó a los resultados de la votación del viernes en el Congreso español. Allí se trataban dos decretos de ley presentados por el gobierno de Pedro Sánchez para responder a los reclamos de acceso a la vivienda y proteger los derechos de los inquilinos frente a las grandes empresas dueñas de inmuebles.
Para muchos manifestantes, movilizados desde hace semanas a partir del caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada del apartamento en el que vivió 70 años, las propuestas del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) eran insuficientes. Sin embargo, que ni siquiera esas medidas fueran aceptadas por el sistema político renovó la indignación.
Los decretos recibieron 172 votos a favor y 178 en contra, todos estos provenientes de la derecha: del Partido Popular (PP), Vox, los nacionalistas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y los independentistas catalanes de Junts.
El gobierno era consciente de que necesitaba los votos de Junts para aprobar estas iniciativas. Por eso, había llegado a dividir el decreto en dos: uno con medidas que esperaba que tuvieran el visto bueno de esa organización política y otro con las que podían ser más resistidas por ese partido, como ocurrió con la Coalición Canaria, que votó uno pero no el otro. Sin embargo, Junts rechazó los dos.
“Hay rabia porque era lo mínimo, [era algo] con lo que no estaba del todo satisfecho, y ni siquiera lo mínimo se hace”, dijo a RTVE uno de los manifestantes congregados en Madrid, Marcelo, un estudiante de 19 años.
Sánchez evalúa elecciones anticipadas
Al terminar el debate en la sesión parlamentaria, Sánchez les advirtió al PP y a Junts: “La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan”. Después de la votación, el jefe de gobierno comunicó que este fin de semana decidirá si convoca elecciones anticipadas. Dijo que va a “analizar” lo sucedido en el Congreso y también la reacción ciudadana.
En un comunicado, el PSOE manifestó a los partidos que se opusieron a los decretos que ahora los desalojos “llevarán su nombre” y que “cada familia que se quede en la calle escuchará el eco de los ‘no’ del PP, Vox, Junts y UPN. Porque los votos tienen consecuencias”.
El gobierno contaba el martes con que Junts aprobaría uno de los decretos, que contenía la mayoría de las medidas, informó elDiario.es. Incluso ese partido había negociado con el Ministerio de Vivienda algunos puntos que incluían incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios. Sin embargo, los órganos directivos de Junts decidieron a última hora del jueves votar en contra y pidieron al gobierno que retirara los decretos y no los presentara al Parlamento, porque no iban a ser aprobados.
Tanto el PSOE como su socio en el gobierno, Sumar, se negaron a retirarlos y consideraron que los partidos que se oponían a estas medidas debían dar la cara ante la ciudadanía. “Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores”, manifestó Sánchez.
Fuentes de Junts dijeron al diario El Mundo que el decreto “no recoge ni la protección al pequeño propietario –al obligarle a indemnizar una eventual no renovación del alquiler– ni frena a los fondos buitre”.
El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, acusó a Junts de votar movido por sus propios “intereses inmobiliarios”, y dijo: “Están pagando una deuda, la pregunta es a cambio de qué”.
Agregó que es una “mentira” el argumento de Junts de que intenta proteger a los pequeños propietarios. El dirigente, que si bien es un referente de la izquierda en toda España también proviene de Cataluña, le manifestó a Junts: “Lo que me quede en política me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el ostracismo político y que mi partido no pacte con ustedes para nada”.
Días atrás, consultado por el decreto, Rufián reconoció que “no es suficiente”, sino apenas “útil”. Dijo que le sobran beneficios fiscales y que le falta la renovación automática de los alquileres. Agregó que hay “un PSOE que va arrastrando los pies y una derecha salvaje que está al servicio” de “los especuladores”. Pero destacó como positivo que “las movilizaciones sirven”.
Sobre la división del decreto, dijo que “uno es para aprobar” y para la izquierda, y otro es “para frustrar” y “para que lo tumbe Junts”. En esas declaraciones en conferencia de prensa, difundidas por elDiario.es, Rufián agregó que “hay aquí diputados con intereses particulares, con empresas inmobiliarias”. Dijo que eso ocurre en el caso de Junts, que además tenía “cero presión” en Cataluña para votar a favor de estos decretos.
Según explicó el diario Público, dentro de Junts, que se formó como coalición hace una década, con el reclamo independentista como eje unificador, fueron ganando espacio las posiciones más derechistas, y esto se reflejó en sus posiciones sobre la legislación en materia de vivienda. Si bien hasta 2022 apoyó regulaciones de precios y leyes contra los desalojos, a partir de entonces optó por no regular las compras especulativas ni poner freno a que las viviendas se destinen a alquileres por temporada, que son los más rentables, pero reducen las viviendas disponibles para la población local.
Junts afirma que los intentos de controlar el precio de los alquileres no son efectivos y pasó a alinearse con el PP en la defensa de normas más duras contra “los ocupas” y políticas que beneficien a la industria de la construcción.
El viernes en la Puerta del Sol, en Madrid, creció el campamento de protesta contra la votación de los diputados y las personas que se habían manifestado ante el Congreso durante la sesión se dirigieron a esa plaza en el centro de la capital.
Allí las críticas no se limitaban a quienes votaron en contra de los decretos. Una de las consignas, “Rentistas, culpables; gobierno responsable”, reprochaba al Ejecutivo de Sánchez que en ocho años no haya implementado mayores cambios.
Alicia del Río, vocera del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, dijo a RTVE que el viernes era un “día de profunda esperanza”, en el que empezaba “la verdadera legislatura de la vivienda” y los contactos con centrales sindicales para lanzar una huelga general. Agregó que “toda la chispa que ha prendido en Sol continúa, pero no solo en Sol, continúa en cada barrio, en cada centro de salud, en cada plaza, en cada colegio”.
Otros, menos animados, lloraron en la plaza cuando conocieron los resultados de la votación en el Congreso y repitieron la consigna de que “la lucha está en la calle, no en los ministerios”.
