En los últimos años, el rol de las Fuerzas Armadas en los países de América Latina se ha redefinido. De esta base parte el libro Militares y gobernabilidad: ¿cómo están cambiando las relaciones cívico-militares en América Latina?, editado por la fundación alemana Friedrich Ebert, que busca describir las nuevas concepciones y tareas que se les ha asignado a los militares en la región.
En la publicación se vincula lo que se entiende como una militarización creciente en América Latina con la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas, debida a una crisis de gobernabilidad y a las altas tasas de violencia e inseguridad. En este contexto, se recurre a los militares para que asuman tareas de seguridad interna, control de fronteras y de migraciones, protección de cursos de agua, control de daños ambientales, del tráfico aéreo, de instalaciones, de prisiones y de salud, protección personal, servicio secreto, producción de armas, capacitación y apoyo a la Policía, cartografía, aduanas, medidas de infraestructura, operación de líneas aéreas, administración de hoteles y hospitales y distribución de alimentos, entre otras. En Uruguay, por ejemplo, los roles de las Fuerzas Armadas se han ampliado, y en los últimos años estas asumieron la custodia perimetral de las cárceles, así como tareas de vigilancia y control fronterizo. En América Latina, a estos roles se sumó, durante la pandemia de la covid-19, tareas sociales y humanitarias que desempeñaron los militares y que contribuyeron a incrementar su popularidad.
En la introducción del libro, redactada por el historiador y politólogo alemán especializado en relaciones internacionales Wolf Grabendorff, se sostiene que “el uso político de los militares como amenaza o como garantes de la seguridad pública sigue siendo uno de los factores más importantes que determinan la gobernabilidad en la mayoría de los países latinoamericanos”.
Grabendorff apunta que las consecuencias estructurales de esta política son el fortalecimiento de la influencia de los militares en el Estado y la sociedad, “sumando tensión a las relaciones cívico-militares y erosionando los procederes democráticos”. La intervención de los militares en tareas de seguridad interna acarreó en varios países de América Latina –por ejemplo, en Colombia– “numerosas violaciones a los derechos humanos y casos cada vez mayores y más frecuentes de corrupción”.
El politólogo alemán advierte que muchas veces las propias Fuerzas Armadas son renuentes a asumir estos roles, ya que “tomar abiertamente partido en medio de la agitación social trae, sobre todo, desventajas para la institución”. Sin embargo, pronostica que la tendencia a la militarización se incrementará: “En América Latina las Fuerzas Armadas se están convirtiendo cada vez más en el poder de veto dentro de las democracias frágiles y en el poder de facto dentro de los regímenes autoritarios”.
Grabendorff menciona algunos casos en los que se fomenta la participación de militares en el gobierno para asegurar lealtades: Brasil, Cuba, Venezuela y México. “Esto deja entrever no sólo la debilidad de los respectivos liderazgos políticos, sino también la falta de confianza en la propia población, pues hace evidente que la estabilidad del sistema sólo puede ser garantizada internamente mediante la posibilidad de recurrir al potencial de violencia de los militares”, apunta.
Frenos y retrocesos
El capítulo uruguayo del libro está escrito por Claudio Alonso, quien fue director general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) entre 2018 y 2020, y director de Asuntos Internacionales y Cooperación de esa misma cartera entre 2013 y 2018. Se denomina “Uruguay y las reformas en el sector defensa. Avances y estancamiento”, y comienza haciendo un repaso de lo que hicieron los gobiernos del Frente Amplio en materia de políticas e defensa. Si bien destaca una serie de logros, como la aprobación de la Ley Marco de Defensa Nacional tras un proceso participativo, o la toma de control civil en el MDN, Alonso también menciona lo que considera obstáculos a las políticas de defensa y expresa una mirada autocrítica en varias áreas.
Señala que la creación del Sistema Nacional de Emergencias durante los gobiernos del Frente Amplio “contribuyó para la mejora de la imagen de las Fuerzas Armadas y específicamente del Ejército” ya que da a los militares “una mayor cercanía con la población más vulnerable”. “La ciudadanía ve al soldado como brazo ejecutor, ve a las Fuerzas Armadas cumpliendo esa tarea, pero no identifica al Estado, el que brinda la ayuda y pone todos los recursos disponibles para socorrer y dar respuesta”, indica.
También menciona el “intento permanente” por parte del sistema político de “conquistar a los mandos militares”. “Asumir a los militares como potenciales aliados desde el sistema político –en vez de subordinados– hace que cambios ineludibles se posterguen una y otra vez, dejando de esa forma los asuntos de defensa en manos militares y no capacitando cuadros gubernamentales y políticos para la toma de decisiones en esta área sensible del Estado. De esta forma, el propio sistema político se amputa una visión estratégica de la defensa, ya que en los hechos reniega de la posibilidad de asumir estos desafíos. Se cae en el seudoconvencimiento de que la cuestión radica en mantener conformes a las Fuerzas Armadas. Esa praxis se traduce en ser permisivos con ciertas actitudes, costumbres o ‘privilegios’, lo cual por definición institucional no admite justificación posible”, cuestiona.
Cambio de clima
El exjerarca considera que comienza a registrarse un “cambio de clima interno” en las Fuerzas Armadas a partir de 2016, cuando en un acto de cierre del V Encuentro de Retirados Militares realizado en el departamento de Florida, el coronel en situación de retiro Ruben Hartmann defendió a los militares procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura y cerró con la frase: “Por ahora empezamos a volver”.
En este marco, menciona el “empoderamiento” que empezó a adquirir el entonces comandante en jefe del Ejército y hoy líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, “quien contaba con el respaldo político de ciertos sectores de la izquierda gobernante”. “Desde la comandancia se opuso a cada uno de los cambios planteados por el gobierno, desde la reforma al sistema previsional militar, lo cual le trajo un enfrentamiento público con el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro. Esto llevó a que el ministro de Defensa [Jorge Menéndez], en la sesión del Consejo de Ministros, leyera un extenso informe en el que como corolario planteaba la destitución del general por violar el artículo 77 de la Constitución de la República. No obstante, el presidente, en diálogo con la vicepresidenta de la República, resolvieron sancionarlo con 30 días de arresto a rigor”, recuerda Alonso, protagonista de aquella etapa.
El exjerarca cuestiona que la izquierda le haya permitido a Manini Ríos construir una imagen política, “utilizando su rol de privilegio [como comandante en jefe del Ejército] para beneficio personal”. “Accedió a recurrentes notas periodísticas, entrevistas, conferencias, todas con el beneplácito del mando superior de las Fuerzas Armadas. El día que falleció el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, en el cementerio Manini pidió permiso para hacer un discurso de despedida del líder político”, recordó Alonso. Añade que recién cuando asumió como ministro Menéndez se le exigió a Manini que redujera su exposición pública. “El liderazgo creciente del general hacia sus subordinados melló el mando civil de las Fuerzas Armadas, y cada provocación estaba en el límite de la insubordinación, lo cual era aplaudido por algunos líderes de la oposición, entre los cuales se encuentra el actual ministro de Defensa de Uruguay”, recrimina Alonso, en referencia al nacionalista Javier García.
En relación con la posición del gobierno actual, Alonso cuestiona lo que entiende como un “énfasis en el retorno de la participación de los militares en el ámbito de la seguridad pública”. Menciona en este sentido la ley de urgente consideración, en la que se extiende el porte de armas a los policías y militares retirados sin la obligatoriedad de realizar los test psicológicos, entre otros controles. Además, se los autoriza a intervenir si observan, a su criterio, que se está cometiendo un delito. “Esta ley establece asimismo la presunción de la legítima defensa para quienes ejercen el uso de la fuerza, es decir, policías y militares. Todo esto es, sin duda, una combinación peligrosa y que lesiona la libertad”, advierte Alonso.
También cuestiona el hecho de que el gabinete ministerial actual “volvió a tener presencia militar en más de la mitad de sus direcciones”. “En este caso son militares retirados pero fieles representantes de la defensa de la corporación. Por ende, son críticos de las líneas de transformaciones alcanzadas, pretenden deshacer los avances conquistados”, alerta. Pone como ejemplo las modificaciones contenidas en la ley de presupuesto a la Ley Orgánica Militar.
Sobre el final del artículo, Alonso afirma que el presente y futuro mediato “no es alentador: el actual gobierno de la coalición de derechas optó por capitular y entregar la conducción de ciertas políticas públicas a manos de militares retirados”. “Somos testigos de la militarización de la política en Uruguay. Esperamos que haya una profunda reflexión que permita corregir el curso de estas aguas turbulentas que hoy transitamos”, concluye.
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