Este lunes el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) junto al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, concurrieron a la Cámara de Diputados en régimen de comisión general en un llamado promovido por el FA y apoyado por el oficialismo, ante los problemas de gestión y la alta conflictividad en el organismo. La sesión debió ser interrumpida tras unas ocho horas cuando se reportó que estaban sucediendo una serie de incidentes en los centros de adolescentes.
La oposición realizó duras críticas sobre las condiciones de reclusión, alimentación y esparcimiento de los adolescentes privados de libertad, y llegó a pedir la destitución de la presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, de Cabildo Abierto (CA). El viernes se conoció de un enroque de cargos decidido por el gobierno y que derivó en la salida de Sandra Etcheverry como vicepresidenta del Inisa –del Partido Nacional (PN) y enfrentada a De Olivera–. Si bien la jerarca de CA defendió la gestión y apuntó a la situación heredada en materia edilicia, también hubo diputados de su partido que plantearon cerrar los hogares de reclusión de menores.
Culminada la sesión, un grupo de seis diputados del FA que vienen siguiendo los temas del Inisa y el último jueves hicieron una recorrida por los centros efectuó un balance negativo de las explicaciones de las autoridades. “Hay una situación crítica en términos de conflictividad y sostenibilidad institucional” en el Inisa, evaluó Bettiana Díaz, del Movimiento de Participación Popular (MPP), que fue también quien inauguró la sesión legislativa y realizó variados cuestionamientos sobre el funcionamiento de los centros.
Repasó que al visitar las instalaciones de la colonia Berro, “en particular los centros más conflictivos, el MD, Sarandí y Piedras”, constataron que hay “un alto grado de conflictividad”. Además, aclaró que “los sucesos violentos” que llevaron a levantar la sesión son “lo cotidiano, de todos los días, y en diciembre aumenta más” el grado de conflicto. “Hay ausencia de respuestas, aumento del encierro y precarización de las condiciones en que se encuentran tanto los adolescentes como los trabajadores”, expresó.
Díaz sostuvo que “enseguida” que llegaron los reportes sobre incidentes “planteamos la posibilidad” de suspender la sesión, “porque nos parecía más importante que las autoridades fueran a ocuparse de esas situaciones de conflicto”.
El motivo de la suspensión fue informado por De Olivera: “Tenemos una situación en el centro MD, donde se ha herido a un joven en una pierna”, afirmó y dijo que estaba siendo atendido por un médico y se encontraba estable. Asimismo, dijo que en el mismo centro de alta seguridad que se encuentra en la colonia Berro “hay dos jóvenes con puntas” y agregó que la seguridad intervendría para sacárselas. La presidenta del Inisa, a su vez, informó que un “internado en la colonia Etchepare, que estaba con custodia policial y una educadora, aparentemente se sacó los grilletes y se escapó”.
El diputado de CA Eduardo Lust durante la sesión, así como su compañero de partido Álvaro Perrone vía Twitter, plantearon la posibilidad de cerrar los hogares del Inisa y buscar una gestión privada para la reclusión de los menores en conflicto con la ley. “Amiguismo, despilfarro, desidia, cientos de familiares, 54,5 millones de dólares al año para atender a 600 adolescentes, ese es el Inisa que recibimos, vamos a proponer cerrarlo y llamar a iniciativa privada”, expresó Perrone.
Lust, por su parte, dijo que el organismo fue “una cooperativa del despilfarro”, algo que De Olivera “trata de corregir” y a su entender hay mejoras, pero “todo el mundo habla mal del Inisa; es raro que todos coincidan en que es lo peor del sistema uruguayo”. Repasó que “desde que se creó habla mal la prensa, todos los partidos, hablan mal los funcionarios, mal los internados, mal la INDDHH [Institución Nacional de Derechos Humanos], el director del sistema carcelario”.
“Una cultura de gestión arcaica y desordenada”
La presidenta del organismo expresó que se levanta todos los días con “vocación” de servir al Estado y apuntó que si bien hay “historias complicadas”, existen otras que “no se ven”. “Inisa es la última gran oportunidad para darles a los adolescentes en conflicto con la ley una salida, una oportunidad real para abandonar el mundo del delito”, destacó.
“¿Que encontramos cuando llegamos al Inisa? Encontramos una cultura de gestión arcaica, obsoleta, desordenada”, afirmó. Como ejemplo de ello señaló que había 5.000 expedientes que “estaban en la nube” y que para “bajarlos había que pedirle el aval a informática”.
Uno de los principales focos de la exposición de la presidenta del Inisa fue la situación edilicia de los centros. Señaló que la realidad edilicia es “pésima” y están “comprometidos” con mejorarla. Según dijo, los procesos de mejora edilicia están “encaminados”, y mostró una presentación con imágenes del “antes y después”.
También señaló que, al contrario de lo dicho por Díaz, el organismo sí tiene un plan estratégico, y una de sus metas es “acondicionar los espacios multiuso”. A su vez, destacó que se han concretado protocolos y que recientemente se implementó el de salud mental. “Antes la medicación se les administraba molida”, dijo.
En cuanto a las medidas socioeducativas, sostuvo que el Inisa firmó un memorándum de entendimiento con Unicef, que, entre otras cosas, apunta a “implementar acciones programáticas que fomenten los egresos y tejer lazos comunitarios para el sostén en el territorio”.
Las autoridades también respondieron sobre el presupuesto destinado a alimentación. Para este período en ejercicio se estima una inversión de 64 millones de pesos, unos 5,5 millones de pesos por mes. En el anterior ejercicio se habían destinado 55 millones de pesos.
“Insostenibilidad” y “maquillaje de números”
En sus intervenciones en la sesión, Díaz, del MPP, repasó varios puntos críticos de la gestión del Inisa. Es “la crónica de un desastre anunciado” lo que ocurre en el organismo, dijo al recordar las advertencias hechas por la oposición desde que se aprobó el presupuesto el año pasado.
Díaz resaltó que el motivo de la convocatoria a las autoridades “no cambió ni un punto ni una coma con la remoción de la directora Sandra Etcheverry porque lo que hay hoy en el Inisa es una situación de falta de conducción total”. En su opinión, las discrepancias internas en el directorio muestran que “no hay marco de acuerdo posible para saber cuál es el plan de gestión del Inisa”, lo que termina dejando de “rehén a quienes deben ser el centro de los desvelos del organismo”, los adolescentes y trabajadores.
La legisladora del FA denunció que están implementando un modelo de prisionización en el Inisa. “Hay más horas de encierro, hay maquillaje de números, hay valores metas que no se logra cumplir, hay desvinculación de la trayectoria educativa”, sentenció. En algunos casos, sostuvo, los adolescentes llegan a estar 23 horas sin salir de las celdas.
Además de los sectores en conflicto –locomoción, enfermería, mantenimiento, seguridad y jurídica–, la diputada se refirió a casos de violencia contra adolescentes privados de libertad, la falta de indumentaria de seguridad para los funcionarios, la reducción de presupuesto para el rubro de alimentación y la falta de mejoras en infraestructura edilicia.
En cuanto a la situación edilicia del Inisa, la legisladora mencionó los informes de la Organización Mundial contra la Tortura y el Servicio Paz y Justicia, que muestran la situación “deplorable de los centros”. Previendo que posteriormente se hiciera referencia a la responsabilidad en las obras de las administraciones del FA, Díaz reconoció que “no eran hoteles cinco estrellas”, pero resaltó que había “un plan para mejorar esto”, que no se cumplió luego del “recorte presupuestal, que va en el entorno de 80% en el rubro inversiones”.
Otro de los puntos cuestionados por la diputada del FA fue la falta de explicaciones por parte de las autoridades ante el contralor del Parlamento. Indicó que en un año y medio no hubo respuestas. El ministro Lema recogió el guante y si bien destacó que el Mides no tiene injerencia en la gestión del Inisa, recalcó que no podía mirar para otro lado respecto de la inquietud sobre las respuestas de los pedidos de informe. “La coherencia es importante, y en el pasado yo me quejaba cuando no había respuestas”, señaló Lema, y en ese sentido, sostuvo que desde la Dirección General del Mides harán un “mayor seguimiento”.
Una “respuesta política” antes de la sesión
La decisión de cambio en el directorio del Inisa emergió a final de la semana pasada para “tener una respuesta política antes de la sesión de hoy”, afirmó a la diaria el senador nacionalista Jorge Gandini. Otra fuente del PN mencionó que el pase de Etcheverry se concretó a partir de distintos ámbitos de conversación entre el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, Lema y representantes de CA –quienes habían solicitado la destitución de Etcheverry en reiteradas ocasiones–, entre ellos el diputado Álvaro Perrone como “la voz cantante”.
El senador cabildante Raúl Lozano confirmó a la diaria las reuniones y manifestó que se llevaron a cabo para que “cada uno dé su punto de vista”. Si bien consideró que le parece “adecuada” la modificación del directorio, cree que debería haberse efectuado tiempo atrás; “es una situación que se arrastraba por una falta de compatibilidad”, agregó.
Gandini dijo, por su parte, que la decisión le parece “correcta” y que se eligió a Rosario Pérez –que pertenece a su sector Movimiento Por la Patria– para realizar el pase porque la gestión que ha tenido en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia ha sido “bien evaluada por el gobierno, los organismos internacionales y porque además ha recorrido [el Inisa] muchas veces, conoce muchos funcionarios y tiene bastante vínculo con la presidenta y el sindicato”.
Al mismo tiempo, el PN logró acuerdos internos para que se cambie la representación del directorio, según contó Álvaro Viviano, diputado blanco y exdirector del Inisa. El fin fue “asegurar que la problemática interna del vínculo entre las directoras no esté presente a la hora de gestionar como corresponde”, especificó.