Julián Kanarek, magíster en Comunicación y docente universitario, analizó en diálogo con la diaria el manejo comunicacional que hizo el gobierno del caso del jefe de custodios Alejandro Astesiano y el eventual impacto de lo sucedido en términos electorales.
¿Cómo evaluás desde el punto de vista de la comunicación política la reacción del presidente frente al caso Astesiano, teniendo en cuenta también la estrategia comunicacional que el gobierno ha venido desarrollando desde el comienzo del mandato?
Son eventos extraordinarios que ponen a prueba las estructuras. Nosotros venimos analizando la comunicación del gobierno, especialmente la del presidente, como un buen rasgo de su administración. Creo que viene de unas últimas semanas en que la agenda no necesariamente es tan fácil de manejar desde su punto de vista. No es fácil no porque no haya tenido eventos adversos antes, sino porque encuentra algunas cuestiones que son propias de la coyuntura generada por el accionar gubernamental.
Los eventos adversos que había tenido eran externos o incluso crisis del gobierno pero que o bien eran de otros actores de la coalición, o tenían otros protagonistas. Creo que desde el decreto sobre el tabaquismo en adelante hay una pérdida de la tensión del relato. Lo que llevaba el gobierno muy fuertemente era la capacidad de manejar lo que sucedía en la agenda, y cuando no se maneja más lo que sucede en la agenda, cambian los roles. Ahí yo veo un presidente con una respuesta institucionalmente acertada en el sentido de convocar una conferencia de prensa, y un poco apresurado en aseveraciones que podían complicarlo, como vimos después.
Lo de los antecedentes, por ejemplo.
Lo de los antecedentes, las valoraciones sobre si es un problema personal o es un problema de seguridad del Estado. Esas frases, luego de que la investigación pasa a mayores y todos sabemos que se actuaba desde un despacho de Presidencia de la República, son un error, y el presidente no ha cometido este tipo de errores en lo que va de su administración. También es resultado de una práctica de exposición continua en los medios. Quizá con otros libros u otros líderes le hubieran asesorado que se guarde un poco hasta tener toda la información, pero ese no es el estilo del presidente. Pero ese estilo de no guardarse puede ser por momentos contraproducente. Porque este caso, que a cada hora nos va dando nueva información, expone mucho a quien está directamente vinculado.
Y como además la comunicación del gobierno no tiene interlocutores que funcionen de fusible –en algún momento lo fue [el secretario de Presidencia] Álvaro Delgado, pero en este momento no está– y como el encargado legal de esto es una persona que en su rol institucional en la Torre Ejecutiva no ha tenido contacto muy fluido con los medios, como lo es [el prosecretario de Presidencia, Rodrigo] Ferrés, lo que sucede es que el único que le da oficialidad al discurso de lo que pasó con su subordinado termina siendo el presidente. No aparecen otras figuras del Poder Ejecutivo que puedan opinar o hacerse cargo. Entonces, queda todo muy concentrado por la presencia de los discursos del presidente y por la ausencia de discursos de otros jerarcas involucrados con la problemática, que no están apareciendo. Porque tampoco vimos al ministro del Interior.
Lacalle Pou presenta esta situación casi como un problema personal, utiliza la dimensión humana, hasta da una apariencia de vulnerabilidad al ponerse en el lugar del traicionado. ¿Pensás que esto puede ser efectivo, o ya se agotó este recurso y es tan grave la situación que esto no funciona?
Lo que sucede con estos estilos –que es algo que no es ajeno para nosotros; es algo que [el expresidente José] Mujica hacía mucho: lo personal que inunda toda la comunicación– es que se agotan, como decías, cuando la magnitud del problema es tan grande. Pero además, [se agotan] cuando lo que va pasando todos los días genera un problema con cualquier declaración que se haga. Es verosímil lo de sentirse traicionado si la problemática era una sola. Ahora, la acumulación de temáticas, más los relatos de las advertencias, más los problemas con los antecedentes... lo que se va descubriendo va poniendo sobre la mesa elementos que cuestionan una visión de simple traición. Y por primera vez se rompe lo monolítico de rodear al presidente en el Partido Nacional. Que nosotros tengamos una figura como [el senador nacionalista Jorge] Gandini diciendo que no puede suceder esto... es el primer episodio de enfrentamiento potente al presidente: se animan a decir que hubo un error. Y además este episodio tiene un montón de ingredientes que para la opinión pública van a hacer que no se vaya rápidamente.
El presidente está jugando fuertemente a la aprobación y confianza que tiene la ciudadanía hacia su figura, pero eso es un riesgo muy grande. Vengo pensando desde hace tiempo sobre algo que los gobiernos de América Latina no tienen muy claro todavía: cuáles son los catalizadores del descontento social. Y son tan diversos, que son totalmente ininteligibles. En Chile podía ser el precio del metro, y algunos creían que la pelea era esa y terminó con una Constituyente que ni siquiera solucionó lo que querían. Pero en Ecuador era otra cosa, y en Colombia, otra. Entonces, yo no creo que esto se termine convirtiendo en un catalizador porque no tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Pero eso pasa al mismo tiempo que [las medidas sobre] el tabaco, la semana en la que nos enteramos del crecimiento de la pobreza infantil, y después de los últimos seis meses, que deben de haber sido los más desafiantes desde el punto de vista de la seguridad pública... Hay una cantidad de cuestiones que van sumándose. La sumatoria es manejable siempre y cuando en el medio haya fusibles. Ahora es el presidente directamente el involucrado, y genera un nuevo escenario. No creo que sea tan grave para su gestión, pero tampoco sabemos dónde termina.
Desde las ciencias políticas se hace hincapié en que en Uruguay la gente vota por cuestiones más duras, como la situación económica, y no tanto por este tipo de cuestiones. Sin embargo, la apelación a la transparencia y a las irregularidades que sucedieron en los gobiernos del Frente Amplio fue un elemento clave de la campaña de 2019. ¿Qué impacto electoral te parece que tendrán estas situaciones en el gobierno?
En Uruguay y en todo el mundo la gente vota por cuestiones más duras que tienen que ver con la pobreza, con la inseguridad, con lo que hace al día a día de la gente. Y un caso de un custodio que se enriquecía ilegalmente no termina siendo un driver del voto para la gente. Ahora, tampoco nos olvidemos de que las dos últimas elecciones en Uruguay se resolvieron por muy poco margen; los grandes bloques votan por los grandes temas, pero en Uruguay hoy la elección la pueden definir pequeños temas. Entonces, el margen de acción que tiene cada uno de los bloques es poco para poder capitalizar los errores del otro. Creo que estamos en un escenario de tanta paridad y estabilidad en los últimos años, que hace que cualquiera de estos episodios, que pueden ser menores a los ojos de la ciudadanía, puede convertir unos poquitos votos que decidan la elección. Si yo sumo a eso que la coalición no necesariamente tiene líderes emergentes, hay un escenario desafiante.
Pero además, realmente estamos empezando a ver una agenda en la que cambiaron los roles y se parecen un poco más a lo que sucede en cualquier sociedad del mundo, que es oficialismos a la defensiva y oposiciones que están todo el tiempo machacando los errores de la gestión. Ahora la agenda, que fue fuertemente propositiva y activa por parte del gobierno, sobre todo del presidente, está en un momento en que cambiaron las correlaciones, y eso implica que incluso algunas dinámicas, que eran de cuestionar acciones del pasado, también se vayan agotando. Lo pueden seguir haciendo, el problema es si la gente está dispuesta a tolerar ese relato como explicación de los grandes problemas.