La Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) se encarga de asesorar al Poder Ejecutivo en la habilitación de las transferencias de la titularidad de radios y canales de televisión, operaciones que deben tener autorización del Estado. Sin embargo, parte de los negocios en estos sectores ocurren de forma solapada -vía acuerdos comerciales o testaferros- o se concretan por la vía de los hechos sin el trámite correspondiente. Esto puede incluir noticias en la prensa que anuncian la transferencia no oficializada ante la Ursec, lo que llevó al organismo a trabajar en un nuevo protocolo de actuación, que permite investigar operaciones de medios ante información que llegue por una vía “informal”.
“En caso de conocimiento informal por parte de la Administración [la Ursec] mediante la prensa u otros medios de comunicación, con relación a una eventual transferencia de titularidad, ya sea total o parcial, de un servicio de comunicación audiovisual, se procederá de oficio a gestionar el respectivo procedimiento administrativo”, dice la resolución que la Ursec aprobó el 4 de octubre.
Bajo este nuevo mecanismo, la unidad reguladora podrá requerir al medio en cuestión que en un plazo de 30 días informe “quién se encuentra operando el servicio; quién se encuentra a cargo de su administración; aporte información sobre los negocios jurídicos de cesión o transferencia que se hubieren llevado a cabo respecto de la titularidad del servicios”; y cualquier otro tipo de datos que el organismo “estime necesario”.
El director de la Ursec en representación del Frente Amplio, Pablo Siris, informó a la diaria que el nuevo procedimiento se aprobó por su iniciativa y logró consenso en el directorio. “En varias oportunidades vimos en la prensa que tal medio fue comprado por tal grupo económico. Cada vez que se planteaba esto y se solicitaba una investigación [sobre si la transferencia había sido habilitada por la Ursec] se nos indicaba que no había un procedimiento para procesar este tipo de situaciones. Es decir, no había manera de que la información que salía en los medios terminara en un procedimiento de oficio para investigar”, explicó.
Por esto fue que propuso “crear un mecanismo” que se efectivizó mediante “una resolución muy sencilla” que plantea que “ante el conocimiento de la administración de información de ciertas características” sobre la titularidad de los medios “se podrá solicitar la información”. Esto cambia el panorama, porque previamente y ante la aparición de una noticia sobre un cambio de propiedad en una radio, por ejemplo, la Ursec consultaba al medio sin una salvaguarda legal y no solía tener éxito en la pesquisa.
“En nuestro país suele suceder últimamente que ni siquiera hay operaciones de compraventa. Se anuncia que tal medio pasó a manos de tal grupo, pero eso es irregular, no se puede hacer sin el permiso del Poder Ejecutivo que procesa la Ursec, que revisa que la documentación esté en regla y cumpla con lo requerido por la ley”, detalló Siris.
Uno de los motivos por los que se suele eludir la autorización legal son los límites vigentes a la concentración de medios. Si bien la legislación vigente no tiene apoyo del Ejecutivo, que desde el inicio del período buscó aprobar una nueva ley de medios, el texto alternativo a estudio del Parlamento mantiene ciertos límites para la propiedad de frecuencias de radio y televisión. Es decir, que cualquiera sea el futuro de la ley de medios, el nuevo procedimiento para investigar de oficio las sospechas de cambio en la titularidad seguirá siendo una herramienta para las pesquisas de la Ursec.
En agregado, Siris comentó que planteó al directorio comenzar un camino similar al que terminó con la reciente resolución, para “determinar los mecanismos de concentración de medios”. Esto es definir criterios “para saber si estas tres emisoras de radio, por ejemplo, pertenecen a un mismo grupo económico o no”.
El director de la Ursec mencionó que hay casos en los que la información disponible en la propia web del medio de comunicación explicita que pertenece a un determinado grupo mediático pero “firman declaraciones juradas [sus propietarios] diciendo que no tienen nada que ver”. “Se deben buscar mecanismos tanto contables como jurídicos que nos permitan cruzar datos y obtener la información real. En eso ya está un grupo de trabajo que se ha conformado para determinar cuáles son los criterios para poder afirmar que hay un grupo económico [detrás de un conjunto de medios]”, señaló.