El caso del exjefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano, viene acumulando numerosos y diversos episodios, pero aún está lejos de terminar. Resta todavía información por conocerse y en los últimos días se abrió una nueva causa y se presentó una nueva denuncia, esta última por espionaje político. El jueves 1° de diciembre, el tema tomó estado parlamentario cuando el Frente Amplio resolvió plantear una cuestión de fueros “en repudio de prácticas incompatibles con un sistema democrático”, relacionadas con el presunto espionaje efectuado a dos senadores de esa fuerza política, Mario Bergara y Charles Carrera.
“En cuanto a la magnitud de lo que está sucediendo, considero que es un hecho muy grave que no tiene antecedentes en la historia política del Uruguay”, evaluó el politólogo Jaime Yaffé, en diálogo con la diaria. Opinó que la reacción del gobierno ha apuntado en dos direcciones: en primer lugar, “a minimizar el hecho; y sobre todo, a exonerar de responsabilidad al presidente, apuntando a que no hay una responsabilidad política sino que lo que hay es una traición a la confianza depositada en un funcionario”. Consideró que el presidente Luis Lacalle Pou, “en consecuencia con esta estrategia, no se ha hecho cargo personalmente de su responsabilidad”, que consiste en haber designado a Astesiano pese a haber sido advertido sobre sus antecedentes.
En segundo lugar, Lacalle Pou tampoco tomó una medida que a juicio de Yaffé “podría haberse ajustado adecuadamente a la gravedad del caso, que es remover al responsable político directo de la seguridad presidencial: el prosecretario de Presidencia”, Rodrigo Ferrés. “Ese es el fusible que en este caso el presidente podría haber activado para dar una señal pública de que no sólo reconoce la responsabilidad que le cabe a Presidencia sino que también toma una medida concreta como consecuencia de esa asunción de responsabilidad. Porque acá, además de haber designado a una persona que no debería haber sido nunca designada en ese cargo tan particular, hubo una omisión total de mecanismos de control y verificación de lo que esta persona estuvo haciendo durante años”, valoró el académico.
Para la politóloga Victoria Gadea, estamos ante una situación de “escándalo”, caracterizada como aquella situación “en la cual para un conjunto de la población se rompe alguna de las premisas fundamentales que nos ordenan nuestra vida democrática” y en la que existen “hechos concretos” por los que se puede “responsabilizar a alguien”. Acotó que podría ser comparable al caso del exvicepresidente Raúl Sendic, que renunció tras utilizar en forma indebida la tarjeta corporativa de Ancap y mentir sobre su titulación, aunque evaluó que la diferencia con este caso es que en aquel no se tenía “acceso a la información en el nivel en que lo tenemos hoy”. “Que hoy tengamos todos los chats y que los periodistas puedan hacer su trabajo investigando sobre eso le da al conjunto de la población un nivel de detalle en la información que le agrega ingredientes a la situación escandalosa. No digo que las situaciones sean similares, pero sí que llegaron al mismo nivel de exposición pública, la diferencia es la cantidad de información a la que podíamos acceder en un caso y en el otro”, consideró, en diálogo con la diaria.
Para Gadea, el caso Astesiano es una situación “de posible crisis institucional”. “Estamos ante un típico caso de una luz muy naranja, ya no amarilla”, y “el sistema político se tiene que tomar esto con seriedad”, opinó. Afirmó que deben tomarse con especial cuidado todos los casos en los que haya un vínculo entre lo delictivo y la política. En este sentido, recordó que actualmente en Uruguay no se tiene claro el financiamiento de los partidos políticos y el sistema político debería tomar decisiones al respecto.
Las reacciones del oficialismo
Gadea sostuvo que le llamó “muchísimo la atención” el comunicado del Ministerio del Interior que deslindó responsabilidades de jerarcas de esa cartera en el caso, tras una investigación administrativa. “Me parece preocupante en tanto si estamos esperando que exista una investigación que lleve adelante la Justicia, esperemos institucionalmente esa investigación, pero no nos aceleremos a decir que esa información no es así, y menos desde lo institucional”, consideró. Acotó que “hay una suerte de reacción a las acciones del periodismo por encima del proceso en sí mismo”. “El periodismo está cumpliendo su rol acá, es lo que tiene que hacer, pero las instituciones no les pueden responder de esa manera a las investigaciones periodísticas. Que una institución reaccione de esa manera me parece muy preocupante, porque de alguna manera estás privilegiando la imagen política que tiene un gobierno hoy por encima de un proceso judicial”, opinó.
En cuanto a la reacción de Lacalle Pou, quien cuestionó la “manija” que hay en este caso, Gadea recordó que el presidente se ha caracterizado por tener una alta presencia mediática, “y eso fue una fortaleza”. “Hoy eso me parece que le puede estar jugando bastante en contra, y entre otras cosas me sorprendió también su reacción frente a las investigaciones periodísticas, lo que dijo de [el intendente de Canelones, Yamandú] Orsi”, señaló Gadea. Dijo que en esta reacción y otras “hay un recurso comunicacional como de salir hacia adelante, constantemente la respuesta es negar el presente y salir hacia adelante”. Agregó que en sus declaraciones iniciales por el caso Astesiano Lacalle Pou fue “apresurado”, trató de salir de la situación “con celeridad” y eso “hace que uno en algún momento se enrede en sus propios dichos y meta la pata, eso es inevitable”. De todos modos, añadió que “también sería muy raro que, con sus características, él se aislara y no diera declaraciones, porque pasaría a ser un sospechoso inmediatamente”.
Gadea advirtió que, en este caso, pensando en el corto plazo, los actores tienen incentivos para, de un lado, intentar mitigar daños y, del lado de la oposición, para utilizarlo con fines electorales. Pero “los gobiernos se van, vienen otros, y en el largo plazo lo importante es generar una confianza en la institucionalidad en su conjunto: en el periodismo, en el Poder Judicial. Y los cambios que haya que hacer para que las instituciones funcionen mejor, habrá que hacerlos”.
Los efectos para el gobierno
Rafael Porzecansky, politólogo y director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, dijo a la diaria que en la última medición desarrollada por esa consultora, en la primera quincena de noviembre, no se advierten cambios significativos respecto de la medición previa al caso Astesiano, realizada en agosto. En cambio, las dos grandes caídas en la aprobación del gobierno se dieron en el segundo y tercer trimestre de 2022, cuando pasó de 51% a 46% y luego de 46% a 41%. “Creemos que dos caídas consecutivas marcan un cambio de tendencia, pero todas son pre Astesiano. Pos Astesiano no vemos impacto directo, por lo menos en la imagen del gobierno. Tampoco lo vemos en la simpatía o antipatía hacia el presidente, cuyos guarismos se mantienen muy estables”, señaló Porzecansky.
La caída del segundo y tercer trimestre de 2022 obedece, a juicio del politólogo, a que la aprobación del gobierno se alineó con la aprobación de la gestión económica, algo habitual pero que no se había dado con esta administración hasta el momento. “Allá por la mitad de 2021, la imagen general del gobierno estaba bastante por arriba de lo que era la aprobación de la gestión de la economía, que en el caso de los uruguayos es el principal factor por el que se suele evaluar a los gobiernos. Veíamos la aprobación de la gestión económica en general planchada en torno al 40%, y la gestión general la veíamos más en torno al 50%”, explicó Porzecasky. Agregó que el gobierno “tuvo un plus con la pandemia, que explicaba ese desfasaje”. Ahora, en cambio, “esa brecha se acorta y hoy está mucho más alineada la imagen en general del gobierno con la aprobación de la gestión económica”. “Y ahí está nuestro elemento central como hipótesis: a medida que la pandemia fue perdiendo peso como mirada del gobierno, la economía lo va ganando y es lo principal por lo que se evalúa al gobierno”, señaló Porzecansky. En línea con esto, el empleo, el costo de vida y las tarifas son hoy las principales demandas al gobierno, y es más la gente que dice que la situación económica es mala o muy mala que la que dice que es buena o muy buena.
Ante la pregunta directa sobre si el caso Astesiano cambió la imagen que cada persona tenía del presidente, la mayoría respondió que no en la encuesta de Opción. De todos modos, el politólogo advirtió que estamos ante un “caso en curso, con investigación judicial y periodística en curso, sobre el cual surgen novedades permanentemente”. “Quizás por ahora no puede producir un impacto directo en la imagen de la gestión de gobierno y la gestión presidencial, pero queda el campo abierto para ver cuál es el desenlace”, aclaró.
No obstante, desde Opción sí notaron un cambio de opinión pública en este trimestre vinculado a un crecimiento de quienes sostienen que la corrupción es el principal problema del país. “Son minoría, pero crecen algunos puntos respecto de la medición de agosto. Ese es el único cambio que uno podría decir que eventualmente podría estar asociado al caso Astesiano”, apuntó Porzecansky. Acotó que, de avanzar el caso, también podría impactar en la confianza que la población tiene en la Policía o en los políticos, pero para determinar esto habrá que hacer mediciones.
Yaffé señaló que los estudios de opinión pública a nivel internacional, y en particular los estudios electorales, concluyen que este tipo de casos, “que podemos englobar como escándalos de corrupción o tráfico de influencias, tienen muy poco impacto sobre la valoración que la ciudadanía hace de los gobiernos y por lo tanto sobre su comportamiento a la hora de expresar esa valoración en elecciones, premiando al gobierno o castigándolo”. En cambio, las variables que en general los estudios académicos señalan como de mayor impacto tienen que ver con aquellas que condicionan directamente el nivel de vida de la gente, concretamente, la inflación, por el impacto que tiene sobre los ingresos reales y el poder de compra de la gente, y el desempleo. Yaffé aclaró que esto “no quiere decir que los escándalos de corrupción no tengan ningún efecto, sino que tienen escaso impacto comparado con el que tienen estas otras variables”. “En función de esto, lo que podemos predecir es que un fenómeno de este tipo va a tener un impacto menor en comparación al que tendrá la evolución en Uruguay de la situación económica globalmente considerada”, concluyó.
Por su parte, Gadea opinó que, “a no ser que suceda algo extraordinario de acá a las próximas elecciones”, el caso Astesiano “va a tener un costo para el gobierno”, aunque todavía no se conoce “en qué medida”. Si bien reconoció que las variables relacionadas a la situación económica son las que más pesan, remarcó que si estos casos no mueven el voto o la simpatía de la gente, “es preocupante”. “En realidad, tenemos evidencia anterior -si queremos ir al caso Sendic, por ejemplo- que muestra que este tipo de hechos puede haber tenido algún tipo de efecto en el electorado. Residual, menor, más chico, porque la filiación partidaria en Uruguay es muy importante, pero podemos decir que en Uruguay esas cosas siguen importando”, consideró.