Uruguay es calificado como un “oasis” dentro de la región en muchos aspectos, y como uruguayos nos gusta vanagloriarnos de eso. Uno de esos temas tiene que ver con la libertad de expresión y la persecución a periodistas, la pluralidad de medios y las garantías de las que gozan los y las periodistas en comparación con otros países.
Sin embargo, un nuevo informe –el octavo– del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) plantea ciertas tendencias crecientes que pueden oscurecer el panorama respecto de estos temas.
Entre el 1º de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, según el informe, se registraron 69 casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión de periodistas, lo que marca un crecimiento por tercer año consecutivo, además de un salto exponencial: en 2020 se consignaron 26 episodios y en 2021, 49.
Asimismo, dentro de estos casos, Cainfo distinguió distintas categorías por las que se coarta la libertad de expresión o se interfiere en el trabajo de los periodistas. La principal, con 19 casos, tiene que ver con la restricción al acceso a la información pública, es decir, la negativa del Estado a habilitar información solicitada por los periodistas en el marco de la Ley 18.381, que garantiza este derecho.
Según explicó el periodista e integrante de Cainfo Fabián Werner durante la presentación del informe, lo que sucede –o empieza a suceder– en este sentido “es que hay organismos que no responden a los pedidos”, es decir, una especie de “silencio positivo”, e incluso hay casos “en los que el organismo ni siquiera responde a las recomendaciones de la Unidad de Acceso a la Información [Pública]”, lo que, según Werner, genera “dudas sobre la calidad de la información que circula”.
El otro elemento que destaca el informe refiere a los procesos judiciales que enfrentan periodistas uruguayos: se detectaron 19 casos. Para Werner, esto “responde a algo que habíamos planteado en octubre del año pasado” y que va de la mano con la “estigmatización” por parte de figuras públicas, muchas veces autoridades de gobierno, que haciendo uso del poder amplificador que supone su puesto hacen planteos ”que terminan por quitar a las y los periodistas de la discusión pública” y deslegitiman el trabajo y el discurso periodístico, lo que ha llevado “a que mucha gente haya optado por iniciar un juicio si está disconforme con una cobertura periodística”, muchas veces “a través de la justicia civil”, con “juicios millonarios” que, más allá de buscar rédito económico, persiguen el objetivo de “desestimular que se quiera llevar a cabo periodismo de investigación”.
En cuanto a los responsables de las amenazas detectadas, en 48 episodios fueron organismos o funcionarios estatales, mientras que en 18 se trató de personas privadas que no pertenecen al Estado y en tres ocasiones fueron personas no identificadas o grupos.
En la división por género, se detectaron 34 episodios en los que los periodistas afectados eran varones, mientras que en 13 son mujeres periodistas y en 18 se trata de equipos periodísticos o medios de comunicación. Asimismo, este año se incluyó una “alerta de género” para nueve casos en que se considera que hubo un sesgo de género.
“Podemos ver cómo algunas de las periodistas que aparecen en este mismo informe plantean situaciones que son muy difíciles, porque ya hay un discurso instalado de que si sos periodista te la tenés que bancar”, especificó Werner.
Finalmente, otra de las preocupaciones que marca el informe tiene que ver con la regulación de redes sociales y plataformas digitales. Si bien la regulación para evitar fake news y desinformación es algo deseable, Werner sostuvo que se ha dado una “aprobación de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales” de regulación de plataformas y que “cada vez aparecen más propuestas de ley que recortan derechos, que restringen la información que circula”.
Visión regional
En la presentación, que se realizó en el auditorio de la Escuela Nacional de Declamación, también participaron el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, y Carolina Bottero, parte de IFEX, una organización que promueve el derecho a la libertad de expresión en América Latina y el Caribe.
Vaca entendió que Uruguay “no debería ser una excepción” en una región “donde no deberíamos tener estados que atenten contra la libertad de expresión”. Según Vaca, hay una suerte de “riesgos evitables” en cuanto a la violencia contra periodistas. Más allá de la violencia muchas veces orquestada por organizaciones criminales –asesinatos, secuestros y amenazas contra la familia de los periodistas–, remarcó el hecho de que existan “discursos estigmatizantes” por parte de “personas que tienen cargos de responsabilidad pública” y “deciden hacer uso de un parlante privilegiado”, lo que ocasiona que “se clausure el debate público; cuando un periodista hace una denuncia la sociedad espera una respuesta, pero si la respuesta es un discurso estigmatizante dejamos de hablar de la denuncia”.
Al mismo tiempo, Vaca entendió que “la libertad de expresión requiere una arquitectura internacional que la proteja”, con la Justicia como la primera línea de defensa. “Estamos volviendo a tiempos de propaganda institucional”, entendió, a tiempos en que se da una “inyección de discursos únicos”, que se vuelven aliados “de la desinformación” y son “un enemigo frontal del periodismo”.
Bottero, por su parte, indicó que se han detectado en varios casos “situaciones de acoso judicial que afectan muchísimo la parte económica de las personas y sus medios”, y que en términos de acceso a la información “ya no usamos tapabocas, pero siguen los problemas y las demoras para los pedidos de acceso a la información”.
Al mismo tiempo, “en materia de espacio cívico”, ya no es un problema sólo de los periodistas, sino de quienes protestan. La represión como primera respuesta ante una manifestación es moneda corriente en las sociedades latinoamericanas; sin embargo, Bottero detectó un problema en las instituciones de trasladar prácticas “del mundo físico al mundo digital” y que “en general la sociedad civil está menos preparada, los gobiernos están poco preparados y la garantía de protegernos es difícil”. No son sólo trols y bots, sino el problema de la “vigilancia digital” y tener softwares que puedan predecir comportamientos y hasta definir elecciones.
De todas formas, y como dijo Vaca durante la presentación, “con las crisis es cuando aparece el mejor periodismo”.