Con la intención de discutir el presente sin olvidar el pasado, el Centro Cultural Carlos Brussa fue la sede del encuentro entre académicos, estudiosos sobre el pasado reciente y un buen número de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). “Uruguay hoy, ascenso autoritario y verdad, memoria y justicia en disputa” es el nombre del evento que se realizó en la noche de ayer y su objetivo fue dar respuesta a preguntas que surgieron luego de la reaparición de discursos y actores que a muchos les parecían viejos.
La primera en tomar la palabra fue la historiadora Magdalena Broquetas, que apuntó que las derechas actuales en Uruguay reaccionan ante 15 años de gobierno del Frente Amplio (FA) y tienen vínculos con el pasado reciente. Explicó la idea señalando el papel de Cabildo Abierto (CA): desde que asumió su rol en el gobierno, sus legisladores propusieron una amnistía para los militares presos por delitos de lesa humanidad y, al ver que no la consiguieron, plantearon la prisión domiciliaria. Para ella, CA pone esfuerzo en “limpiar el honor” de los procesados por delitos de lesa humanidad e insiste en una interpretación sobre el pasado que es la misma que había en dictadura: lo que ocurrió fue a causa de una guerra y el golpe fue responsabilidad de civiles.
Definió a CA como un partido de “derecha nacionalista con un fuerte contenido militar” y afirmó que se adhirió preocupaciones conservadoras como “el discurso en favor de la familia tradicional y en contra de la educación sexual en las escuelas, la legalidad del aborto y políticas de género”. La historiadora indicó que “estamos ante una embestida a los colectivos pro derechos” y que otra de las ideas que genera adhesión en CA y otros sectores de la derecha es que “hay que ganarle la batalla cultural a la izquierda”.
El historiador Aldo Marchesi fue el siguiente en continuar con la oratoria; señaló que “la preocupación por la memoria no es monopolio de los grupos sociales” y que el “Ejército es una de las instituciones que más se ha preocupado por la memoria del país sin que sus intervenciones nunca fueran tocadas”. Planteó que la memoria que condena el terrorismo de Estado es preservada por todos los actores en contra de la dictadura y que están asociados a los movimientos por los derechos humanos: “Esa memoria tiene un golpe duro en 1989, con el plebiscito, y luego hay un renacimiento con las marchas del silencio”. Para él, el progresismo logró ciertos consensos, como que se reconozca que hay desaparecidos.
Sin embargo, el consenso es frágil y siempre está siendo interpelado por el relato de los militares. Ese relato argumenta que el Estado sufrió una amenaza, un enemigo externo alentado por el comunismo internacional. Los militares se reconocen como responsables de esa victoria nacional.
Señaló que durante los 80, los sectores de centroderecha intentaron distanciarse de esa narrativa, pero eso terminó en el plebiscito de 1989. Ahí empiezan a tomar la narrativa militar, y puso como ejemplo más claro el caso de Julio María Sanguinetti. Luego, durante los gobiernos del FA, “hubo un reconocimiento de que las demandas sobre los desaparecidos debían ser contempladas. Ningún actor político se animaba a interpelar eso de forma explícita”. Pero dentro del ámbito militar, no hubo un “quiebre”: “No hubo nuevas generaciones que se distanciaran del pasado”. Para Marchesi, el presente está muy marcado por una fragmentación social y violencia social y estatal. Los debates sobre el pasado de alguna manera repercuten. “Hay un elemento de la nueva derecha, de la derecha más radical, que busca resignificar la tradición autoritaria para pensar los problemas sociales actuales”, dijo.
La siguiente en tomar la palabra fue la politóloga y exsenadora del FA Constanza Moreira, que apuntó que hay tres factores que forman parte del “proceso de las nuevas derechas”. En primer lugar, mencionó “un deterioro de las bases económicas del consenso progresista” y luego la transformación de la inseguridad como el elemento de preocupación principal de la gente. Por último, apuntó a un proceso de judicialización de la política y las acusaciones a líderes de izquierda de corrupción. Se intenta instalar la idea de que “son todos chorros” y esa es una idea “antipolítica”, sostuvo.
“La derecha de hoy se organizó contra la marea rosa, es una reacción, no hay mucho de nuevo en sus intereses”, dijo. La exsenadora citó estudios politológicos sobre los movimientos de derecha que sostienen que como no puede conquistar a gente con su discurso de mercado, se ancla en temas periféricos a la política. Aclaró que, desde su punto de vista, la pugna distributiva siempre es lo más importante en la política.
Como novedad, apuntó al activismo en redes sociales de “personajes y personajas” que con “virulencia” instalan un debate irracional que es muy difícil de mantener. También mencionó a CA y lo definió como un partido “ruralista militar”. Explicó que, a diferencia de candidaturas empresariales, como la de Edgardo Novick y Juan Sartori, el nuevo partido tuvo mayor éxito porque “tiene un aparato militar que le facilita una construcción política”. Para ella, la aparición de CA “le viene bárbaro al gobierno” porque “es capaz de decir las cosas que el presidente nunca va a decir”.
Moreira hizo un planteo similar al de Marchesi con relación al logro de un cierto consenso sobre las causas de los derechos humanos. “Antes las defendían los locos y los radicales, eso no fue hace poco tiempo”, pero hoy, “la causa de los derechos humanos se transformó en una batalla cultural ganada” y una de las causas es que las normas internacionales condenan el terrorismo de Estado. “En esa batalla cultural hay un consenso frágil para la izquierda, pero es un consenso”.
“En el campo de la derecha, a consecuencia de su determinación de gestionar el pasado reciente, se desató un campo de tensión importante”, dijo Raúl Olivera, miembro de la comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT. Tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado prevaleció la idea de “no cuestionar la impunidad hasta el día de hoy”. También, apuntó que la izquierda no logró alinearse en la lucha contra la impunidad.
Relató que para preservar la impunidad a la salida de la dictadura, la derecha puso en marcha el mecanismo de defensa para evitar que los que cometieron delitos de lesa humanidad fueran juzgados por la Justicia ordinaria. Su objetivo era que la Justicia militar los juzgara, pero ese intento falló. Luego, desarrolló otros mecanismos para protegerse, como la creación de la ley de caducidad, que produce “una perversión en el campo jurídico”, ya que “protege al Estado autoritario y no a los ciudadanos que vieron desvalidos sus derechos”.