Parece vacía. El amplio hall, iluminado por la luz del sol que se cuela por una claraboya, es la primera evidencia que sostiene la teoría. Una rápida recorrida confirma que la que antes fue una casa de familia ya no tiene casi ningún mueble, todas las habitaciones transmiten la misma sensación de amplitud que producen los espacios vacíos. Sólo hay una excepción: un cuarto tan abarrotado de cosas que de alguna forma compensa la ausencia que reina en todos los otros. Hay un par de heladeras, cocinas y otros electrodomésticos demasiado nuevos como para ser de la época en que la casa fue un hogar. Una televisión bastante vieja y muy pequeña puede que sea el último testigo de ese tiempo pasado.
“No recuerdo exactamente el año en que compramos la casa. Pero recuerdo que fue el año después de que mataron a [John Fitzgerald] Kennedy”, dijo Zulema Arena a la diaria. Efectivamente, la información sobre la propiedad que se encuentra en la Dirección General de Registros (DGR) prueba que la memoria de Arena es buena. Su exesposo, José Luis Porras, compró la casa en 1964. Allí, sobre la calle Juan Paullier, el matrimonio vivió junto con sus hijas durante seis años. Según Arena, en ese momento eran una familia “normal”, “políticamente demócratas y cristianos”.
Años después, en 1970, el matrimonio se unió al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN). La casa y la familia empezaron a vivir una doble vida, la fuga de la cárcel de Punta Carretas en 1971 fue uno de los episodios más conocidos que involucró a la propiedad. Según Arena, en su casa “estuvieron casi 20 de los fugados”. Ese mismo año comenzó la construcción de la “cárcel del pueblo”, la prisión más famosa de los tupamaros. En diálogo con la diaria, el historiador Aldo Marchesi contó que “las cárceles del pueblo se crearon en el marco de la estrategia de doble poder que el MLN desarrolló entre el 71 y 72. Plantea la idea de construir una institucionalidad revolucionaria, una suerte de performance de justicia popular”.
El historiador explicó que los tupamaros secuestraron personas por diferentes motivos, “desde vínculos con el Escuadrón de la Muerte, la asociación con represiones sindicales y relaciones con algunos círculos económicos”. En algunos casos se exigió rescate y en otros se establecieron “mecanismos de castigo” que en ocasiones llegaron a la muerte, como el caso de Dan Mitrione. Afirmó que está documentado que en la cárcel del pueblo estuvieron secuestrados Frick Davie, ministro de Ganadería durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, y Ulysses Pereira Reverbel, que era presidente de UTE. Ambos estuvieron más de un año en cautiverio.
La cárcel
Al bajar, la sensación es una antítesis de la que se genera al entrar en la parte de arriba. La cárcel es oscura y chiquita, casi una cueva, las cosas están cuidadosamente distribuidas para que todo pueda entrar. Las celdas donde estuvieron encerrados Pereira Reverbel y Davie son más parecidas a jaulas que a celdas. El túnel por el que se entraba mientras el lugar era usado por los tupamaros es tan pequeño que hace parecer que la cárcel es un lugar espacioso. Los supuestos colchones en los que dormía la guardia y los prisioneros son tan gruesos como una hoja.
Se pueden ver algunas fotos y carteles que dan información sobre cómo funcionaba la cárcel. Las vasijas utilizadas como retrete aparecen descritas y señalizadas en papel; lo mismo ocurre con el túnel de entrada original y la cucheta donde dormía la guardia tupamara. Las fotos de Pereira Reverbel y Davie muestran cuál era la celda que ocupó cada uno. Marchesi comentó que visitó la cárcel del pueblo en el marco del proyecto para crear un museo, y comentó que sospecha que este intento de “musealización” fue realizado por los militares durante la dictadura.
“Hemos encontrado algunas pistas que nos hacen pensar que era un lugar mostrado cuando venían militares de otros lugares, como una suerte de botín. La idea es mostrar lo que habían sido los tupamaros a través de un museo interno de la institución que funcionó en la segunda mitad de los 70, por lo menos”, apuntó. Esta suposición se sostiene por “algunas declaraciones en la prensa de que vinieron militares de otros países y visitaron la cárcel”.
Elbio Ferrario, director del Museo de la Memoria (MUME), también dijo a la diaria que cree que el lugar se usó como un espacio de visitas durante la dictadura. “No sabemos para quién estaba abierto, pero se puede suponer que se abría para ejércitos amigos del mismo Plan Cóndor”, dijo. Planteó que el “museo” parece ser una especie de “trofeo” y que habría que hacer una investigación sobre cómo se utilizó y para qué.
Marchesi agregó otro ejemplo del intento de musealización. En la cárcel puede verse unas bolsas de arpillera llenas de tierra que se encuentran en la entrada. “Supuestamente es una bolsa que los tupamaros estaban llenando de tierra cuando hicieron el allanamiento, querían hacer una salida por el alcantarillado público. No parece muy sostenible”, sostuvo. Además, se hicieron cambios estructurales en el lugar. Ferrario mencionó que se construyó una escalera para poder acceder al subsuelo; “antes sólo se podía entrar por el túnel de inspección”.
El centro de detención clandestino
El 27 de mayo de 1972 los militares allanaron la casa y detuvieron a todos los que se encontraban allí. “Para los milicos la cárcel del pueblo fue el comienzo de terminar con el MLN”, afirmó Arena. La propiedad pasó a manos del Ejército, que principalmente la usó como centro de detención clandestino. Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo a la diaria que la casa se utilizó como “depósito de detenidos”. Además, fue una central de inteligencia y de pinchazos telefónicos por parte del Servicio de Información de Defensa (SID). “Tenían pinchados entre 3.000 y 5.000 teléfonos, incluso de personajes que llamaban la atención, como Jorge Pacheco Areco”, agregó.
Ferrario contó que hay testimonios de personas que fueron detenidas y pasaron por la casa “en los años 75, 76 y 77”. Recordó una entrevista del semanario Hebreo a la militante y detenida del Partido Comunista Sara Youtchak, quien contó que estaba en la Casona de Punta Gorda y en un momento la llevaron a la cárcel del pueblo. “Era como un lugar de depósito y de recuperación de las torturas recibidas en la Casona de Punta Gorda”, indicó.
Pero la casa no fue sólo un “depósito” de personas. Según el relato del exagente del SID y denunciante en varias causas de derechos humanos Julio César Barboza, en el inmueble hubo un depósito de objetos confiscados. En 1976 el lugar era toda una novedad entre las Fuerzas Armadas. Considerada su captura como una gesta, su visita por parte de los soldados generaba curiosidad. Un día le ofrecieron visitar el inmueble, a lo que Barboza accedió. “Lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de objetos en el lugar. Estaba repleto de electrodomésticos, muebles y vajillas. Parecía un bazar. Cuando consulté a qué se debía, me dijeron que fue capturado en un operativo en una importadora”.
De acuerdo a un pedido de informe realizado al Ministerio de Defensa (MDN) en 2019, el inmueble “fue confiscado por el Estado en virtud de lo dispuesto en la Ley 14.373” el 11 de octubre de 1979. Luego, el 23 de julio de 1982, fue adjudicado al SID. El Decreto-ley 14.373, promulgado en mayo de 1975, dispuso la incautación provisoria de todos los bienes pertenecientes a “organizaciones subversivas” o sus integrantes por ser “objeto del delito”, figura definida en la Ley Marco de Seguridad y Orden Interno de 1972.
Pese a que la casa fue confiscada en 1972 y en 1975 empezó a regir el Decreto-ley 14.373, la propiedad fue inscripta a nombre del MDN en el Registro de Traslaciones de Dominio (RTD) recién el 1° de diciembre de 1983, dos años antes del retorno de la democracia. Además, en 1982, el Ejército ya había inscripto en el RTD otro centro de detención clandestino, la Casona de Punta Gorda. Tal vez, demorados por casualidad o apurados por el resultado adverso del plebiscito de 1980 y las exitosas elecciones internas de los partidos políticos en 1982, los militares trataron de asegurarse la posesión de los bienes con todos los recursos posibles. Y lo consiguieron.
Cuando llegó el fin de la dictadura, la Ley de Amnistía contempló la devolución de los bienes incautados a partir del Decreto-ley 14.373 o una indemnización económica. En el caso de la cárcel del pueblo, Porras intentó recuperar la casa por la vía judicial. Arena contó que le parecía importante recuperar la casa para sus hijas; “al fin y al cabo era su herencia”, argumentó. Según el informe del MDN, el 31 de octubre de 1988 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno desestimó la devolución de la finca porque fue considerada “objeto del delito”. Hasta el día de hoy, la casa continúa siendo propiedad de la cartera.
Pese a que Porras y Arena no recibieron una indemnización por el inmueble, sí lo hicieron por los objetos que se encontraban en él. Sin embargo, Arena contó que el valor de todo lo que había en la casa era de 20.000 dólares, pero sólo les dieron 5.000. Era normal que los integrantes del Ejército en dictadura sacaran todo el rédito económico posible de los bienes que capturaban. Tenían un aceitado sistema en el que en caso de que los objetos expropiados no terminaran adornando las casas de los oficiales de turno, se remataban. En el caso de los muebles y objetos de la cárcel del pueblo, sólo algunas ropas y juguetes de las niñas retornaron a sus dueños originales; del resto no se supo nada más ni parece que se encontrare en la casa.
Luego de la dictadura la casa permaneció cerrada y con una custodia del Ejército. Según Ferrario, no hay muchos datos sobre lo que se hizo. Marchesi recordó que la casa fue abierta a principios del siglo XXI cuando Pereira Reverbel presentó unas memorias sobre la cárcel; además “hubo una suerte de propuesta de Washington Abdala en 2002 de hacer un museo de la reconciliación. Desde los 90 se estaba hablando del tema”.
Durante el período como titular del MDN de Eleuterio Fernández Huidobro, precisamente en 2014, hubo un intento de crear un museo que no prosperó. La idea era contar la historia de la casa antes de que fuera utilizada por el MLN, la creación y uso de la cárcel del pueblo y su período como centro de detención clandestino. En ese momento, en entrevista con la diaria, Arena se mostró en desacuerdo con la propuesta y se preguntó: “¿Qué van a memoriar ahí? ¿Qué van a contar?”. Y manifestó que le parecía mejor que el lugar se utilizara para “algo social, que sirva para algo, para el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], para una escuela”.
La apertura
El 12 de abril, en entrevista con la diaria, la senadora frenteamplista Silvia Nane aseguró que abrir la cárcel del pueblo para visitas “significa poner en pie de igualdad al terrorismo de Estado y la violencia civil. Terrorismo de Estado es matar, torturar, desaparecer personas con la anuencia y la coordinación de los recursos del Estado”. Agregó que la iniciativa es parte de un intento de “restauración histórica” y que “va quedando demostrado que no es solamente de Cabildo Abierto: es un pensamiento transversal [en la coalición]”. Como respuesta, el ministro de Defensa, Javier García, manifestó en su cuenta de Twitter que la “acusación” de Nane es “agraviante” y “aún más grave es que justifique las violaciones de derechos humanos si son ‘violencia civil’. Torturar, matar y desaparecer es repudiable siempre”.
Marchesi planteó que hay un problema en cómo se discuten los años 60. Para él está bien hablar de esos años, pero no se puede comparar el accionar de los tupamaros con el terrorismo de Estado. Afirmó que hay sectores de la coalición gobernante que intentan desestimar el terrorismo de Estado con la idea de que los tupamaros también violaron los derechos humanos. La narrativa que justifica “un régimen con excesos” a causa de la “amenaza subversiva” ha tenido una permanencia importante, indicó, y añadió que “en estos dos últimos años ha tomado mucho peso”. Para Marchesi, la apertura de la cárcel del pueblo se da en el marco de la disputa por la memoria histórica sobre el pasado reciente.
Patiño argumentó que la apertura es “una cosa buena, natural”, pero tiene que “haber una referencia”, porque “el que entra ahí no sabe dónde está parado”. Consideró que “el relato tiene que ser lo más objetivo posible, y tratar de que no sea utilizado políticamente”. Para él, que se diga que la casa era de integrantes del MLN y que fue utilizada por la organización es normal, pero afirmó que “no te podés quedar sólo con la mitad de los hechos. Siendo ministro de Defensa, si vos hacés un relato de esa parte de la historia nada más, y no decís lo otro, teniendo todas las condiciones para informar, porque tenés documentos, es totalmente flechado”.
Marchesi fue por la misma línea. “El ministro hace bien en abrir; el tema es cómo integrar eso a una narrativa histórica. Hay que contar la historia de la cárcel, pero también qué pasó con los tupamaros detenidos en el marco de ese allanamiento, qué ocurrió con ese lugar que fue utilizado como centro clandestino de detención. Si nos restringimos únicamente a la idea de la cárcel del pueblo, me parece que estamos segando la historia”, indicó. También señaló que la única narrativa que tiene la cárcel actualmente es la que hizo la dictadura en su intento de musealizar.
Ferrario definió la apertura de la cárcel como algo “curioso y extraño”. “El proyecto original que habíamos hecho implicaba primero hacer una investigación antes de la apertura. Acá se abre sin una investigación; el Ministerio de Defensa se hace cargo de abrirlo pero no ofrece un relato. Quien vaya tendrá que hacerse por su cuenta la composición del lugar; resulta extraño, debería haber un relato, al menos algo mínimo y básico”.
Por su parte, Arena mantiene la misma postura que tenía con la iniciativa de museo que hubo en el pasado. “Si al final no nos dieron la casa, que por lo menos la usen para algo que valga la pena. Algo que realmente sea bueno para la gente. Una especie de museo parecería que no tiene mucho que ver. ¿Qué le va a dar eso a la gente?”.