Eran principalmente obreros, empleados y estudiantes los presos políticos que murieron bajo custodia durante el período dictatorial. En promedio, eran jóvenes y la causa mayoritaria de muerte fue la tortura. Así lo determina un reciente estudio elaborado por médicos forenses del departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, titulado “Estudio médico-forense de la muerte bajo custodia durante el terrorismo de Estado en Uruguay”.
Hasta el momento no existía un reporte sistematizado de este tipo de muertes desde la perspectiva forense que incluyera, además, las circunstancias en que ocurrieron, las formas y las causas. En diálogo con la diaria, Hugo Rodríguez, director del departamento y uno de los autores del estudio, junto con Natalia Bazán, Victoria Iglesias y Evangelina Pérez, dijo que llegaron a este abordaje porque poco después del año 2000, desde el departamento hicieron informes sobre casos individuales de presos políticos fallecidos en dictadura, a pedido de las familias y también de la Judicial y de la Fiscalía. “Dado que teníamos un acumulado importante de casos, resolvimos estudiar todo ese universo, y los que no teníamos hechos, los hicimos para el trabajo”.
Según explican en el estudio, internacionalmente se conoce a este “campo de intervención médico-legal” como “acción forense humanitaria”. La investigación partió de la base de documentos públicos, ya sea de acceso libre como de acceso para fines académicos. Los resultados los presentaron públicamente, pero antes se reunieron con las familias de las víctimas, para hacer “una devolución individual de cada caso”.
Más allá de los datos concluidos, a Rodríguez lo que más le llamó la atención fue parte del proceso de investigación: los documentos militares, que fueron de las fuentes principales, tenían “claramente expuestos algunos hechos que permitieron probar las torturas, los homicidios y los crímenes que se cometieron”. “Aceptaban casi a modo de confesión lo que estaba escrito y firmado por ellos en los informes que daban a los superiores cuando morían las personas”, contó.
Los hallazgos
El reporte fue terminado en enero de este año. Con los datos históricos que el equipo recogió hasta esa fecha, desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, las personas que murieron en Uruguay bajo custodia por “motivos políticos, ideológicos o gremiales” fueron 108.
De esas 108 personas, el estudio dio cuenta de que 36% murió en un centro de detención clandestino o irregular, 31% en uno de detención regular, 18% fallecieron mientras tenía lugar un operativo de detención o represión en la vía pública y el otro 18% refiere a quienes continúan siendo detenidos desaparecidos.
Etiología médico-legal: 69% de las muertes fueron de forma violenta. 30% por causa natural. 1% no se pudo determinar.
81%, a su vez, eran hombres, con una edad media de 37 años y un rango de 16 a 69 años. Si bien se logró identificar que gran parte de esta población eran obreros o empleados (67%) y en segunda instancia estudiantes (23%), el nivel de instrucción se supo de poco más de la mitad de las víctimas (78%). 51% había accedido a la educación terciaria, 36% al nivel medio y 13% a educación primaria. Rodríguez explicó que les “sorprendió” que en muchos de los casos en la documentación faltaba este dato, así como también la ocupación. En consecuencia, se contactaron con los familiares de las víctimas y, en la medida de lo posible, reconstruyeron la variable.
Respecto de las maneras en que sucedieron las muertes, 69% fueron de forma violenta, 30% por causa natural y el caso que falta “no se pudo determinar”. De los fallecimientos que se dieron violentamente, 80% fueron heteroinferidos, es decir, provocados por un tercero, en casi todos los casos “por la acción directa de los agentes del Estado”. 19% fueron autoinferidos ‒suicidio o accidente‒ y el caso restante no se pudo concluir. En el estudio se revela, por otra parte, que en 21% de este último tipo de muerte “se encontraron ostensibles negligencias asistenciales directamente vinculadas con el desenlace fatal”.
Dentro de las principales causas de las muertes violentas, en primer lugar se ubica la tortura (48% de las situaciones): “En cinco de estos casos se demostró que la víctima fue golpeada hasta morir, en tres la muerte fue resultado de la aplicación del ‘submarino’ y en uno de la deprivación prolongada de agua, alimentación y descanso (incluido el método de tortura conocido como ‘plantón’). En el resto no se pudo determinar cuál de los métodos de tortura empleados fue la causa directa de la muerte”. Las demás muertes violentas fueron provocadas por proyectiles de armas de fuego, granada, ahorcamiento, intoxicación y arma blanca.
Las muertes por causa natural, frecuentemente, se debieron a enfermedades cardiovasculares y neoplásicas (25% en cada caso), así como a enfermedades infecciosas (19%) y a accidentes cerebrovasculares (13%). En 28% de las muertes por causa natural, “se constataron negligencias o fallas asistenciales ostensibles que tuvieron manifiesta incidencia en la muerte”.
Debido a que el estudio trata de “un tema de alta sensibilidad social”, según Rodríguez, el criterio que utilizaron para estudiar las muertes bajo custodia durante el terrorismo de Estado es el mismo que usaron para investigarlas en otros períodos de democracia, tanto durante gobiernos frenteamplistas como en el de la coalición. “Por tanto, es una cuestión estrictamente técnica, que tiene que ver con la ciencia forense y no con una postura ante los conflictos, aunque por supuesto que la tenemos todos quienes hicimos la investigación”, dijo.
Por último, en las conclusiones del estudio se afirma que “los resultados obtenidos confirman plenamente el principio general de que se trata de muertes potencialmente ilícitas y la consecuente necesidad de una investigación exhaustiva”.
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