La resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) de analizar dos medidas de contención de precios anunciadas en marzo para algunos cortes de carne y los huevos, que fueron promovidas en ese momento por las autoridades y confirmadas por los empresarios, causó “sorpresa total” en el sector privado, según dijo Daniel Belerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica. “No hubo ningún acuerdo de precios”, sentenció en diálogo con la diaria.
La CPDC, un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas, ratificó días atrás en una resolución que los acuerdos de precios entre privados para mantener o modificar los precios de venta al público están prohibidos, aun cuando exista la participación del Estado. La única excepción, puntualizó, es cuando el acuerdo tiene una fundamentación formal a través de una ley “por razones de interés general”.
Asimismo, la CPDC anunció en el dictamen que estudiará la legalidad de las medidas de marzo en ambos sectores. La resolución de la comisión surgió a partir de una consulta que hizo el economista Sebastián Fleitas, especializado en regulación y mercados, y había sido adelantada por el programa No toquen nada de radio Del Sol, donde es columnista. Fleitas consultó, en base a notas de prensa y declaraciones públicas de autoridades, acerca de la legalidad de las medidas, ante lo cual la comisión decidió analizar el caso y abrir un proceso, otorgando “las garantías del debido proceso” a los involucrados.
En diálogo con la diaria, Luciana Macedo, expresidenta de la CPDC que dejó el cargo en 2021, señaló que la resolución dispuso una “medida preparatoria”, esto es, un estudio previo a una eventual investigación de oficio. “En el marco de un estudio no pueden sancionar. Si la comisión encuentra evidencia suficiente, el siguiente paso será evaluar si amerita abrir una investigación de oficio, y si la investigación de oficio termina probando finalmente la existencia de esos acuerdos [de precios], eso sí ya es suficiente [para sancionar]”, explicó.
Si esto ocurre, las sanciones serían sólo para los privados, dado que “una sanción al propio gobierno no es posible”, indicó Macedo. Para la economista, que trabajó durante 12 años en la CPDC, pese a que las medidas fueron “para no aumentar precios”, constituyen un “precedente negativo” porque se les está dando a los privados “a instancias del gobierno” el mecanismo para que “se reúnan y se pongan de acuerdo”. “Es una señal muy negativa, además de ilegal”, acotó.
Leandro Zipitría, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, experto en regulación y mercados, afirmó en diálogo con la diaria que, en caso de comprobarse que existieron acuerdos de precios, las empresas “no tienen defensa alguna, no pueden esgrimir que las llamó el gobierno”. “Si se prueba que hubo un acuerdo, si lo incentivó el Estado será un atenuante, pero no mucho más. La práctica sigue siendo prohibida. Si el gobierno te cita, vos como empresario no podés ir a la reunión, o podés ir a escuchar y decir que lo lamentás pero tenés una norma que te dice que no podés hacerlo”, expresó. La norma en cuestión es la Ley de Defensa de la Competencia, aprobada en 2007 y que incorporó la ilegalidad de los acuerdos de precios en 2019, cuando fue actualizada.
Los arreglos
En marzo, en vísperas del referéndum, el aumento del costo de los alimentos ocupó buena parte de la agenda política. En ese contexto, representantes del Instituto Nacional de Carnes, frigoríficos y carnicerías se reunieron y resolvieron congelar por un mes el precio de los cortes con hueso y rebajar casi 100 pesos el kilo de asado de tira. Esto último se hizo en simultáneo al descuento del IVA (10%), que sí tuvo un respaldo legislativo, ya que se aprobó en el Parlamento.
El presidente de la cámara que nuclea a los frigoríficos negó de plano que esto se tratase de un acuerdo de precios. “Acá lo que hubo, pura y exclusivamente, fue la necesidad de sensibilizarse ante un problema que tiene Uruguay y, sobre todo, la gente de menor poder adquisitivo”, declaró Belerati.
Por su parte, Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, manifestó a la diaria que lo que pasó en marzo “es una práctica que se viene dando desde siempre en el mercado uruguayo por parte de los frigoríficos”. Expresó que “no es algo nuevo” y que “el comportamiento no ha cambiado sustancialmente en la historia”.
Consultado sobre la postura de la entidad acerca de la resolución de la CPDC, Fontenla señaló que aún no se ha discutido el tema: “Estamos expectantes ante cualquier tipo de determinación que se tome, pero todavía no tenemos posición alguna”. Con todo, comentó que “a priori” no vislumbran “que vaya a tener algún tipo de efecto”.
Fontenla puntualizó que las medidas instrumentadas no les reportaron beneficios a las carnicerías. “Más allá de que hubo alguna venta superior de algún artículo, [eso fue] a costa de no tener ningún tipo de margen de ganancia, y eso para cualquier empresario está mal”, destacó. A su juicio, las empresas “no están para hacer beneficencia”, porque necesitan “tener una ganancia lógica” para poder “cumplir con sus respectivas responsabilidades y sus respectivos pagos de impuestos”.
En marzo, al mismo tiempo, se resolvió mantener fijo el precio de los huevos por un mes. El congelamiento fue informado en su momento por el director de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Nicolás Chiesa. Se presentó como un “compromiso” de los productores “con los consumidores”. La medida se implementó después de una suba del precio de los huevos tras la muerte de 400.000 gallinas ponedoras a causa de una ola de calor.
En conversación con la diaria, Joaquín Fernández, presidente de la Asociación de Productores Avícolas del Sur, también negó que se tratase de un acuerdo de precios. “Nosotros no firmamos nada. Nunca hicimos acuerdo de precios con nadie”, declaró. El congelamiento, sostuvo, se planteó porque los productores notaron “que había mucha molestia con algunos comerciantes” por el incremento del costo de los huevos tras la mortandad de gallinas.
“Había una imagen que no era cierta. Nosotros no estamos haciendo fortunas ni nada por el estilo”, aseguró Fernández. Contó que tras detectarse una baja en el consumo, algo que “no podíamos permitir”, los productores dijeron: “'Vamos entre todos a hacer un sacrificio y vamos a congelar'. A partir de ahí empezó inclusive a bajar el precio”. De todos modos, Fernández afirmó que “nunca hay posibilidad de hacer acuerdos ni a la baja ni a la suba” porque el sector avícola tiene costos que “bajan o suben de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado”.
Las pruebas
Como explicó Macedo, la CPDC deberá ahora recabar información sobre estas medidas de marzo para evaluar la apertura de una investigación de oficio que, eventualmente, podría desembocar en sanciones para los actores privados involucrados. Consultada sobre este trabajo técnico de la CPDC, Macedo mencionó que se pueden “librar oficios a distintos representantes de esos sectores para que les confirmen cómo fue que se pusieron de acuerdo” e indagar acerca de “algún elemento probatorio que no sea justamente un trascendido de prensa”. Sin embargo, advirtió que “evidentemente tampoco va a haber un acuerdo firmado por escrito”.
Zipitría coincidió en que el estudio de la CPDC tendrá sus dificultades. Comprobar que efectivamente existieron acuerdos de precios dependerá del “estándar de pruebas que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le pida a la comisión”, indicó, y agregó que “sólo con declaraciones y artículos de prensa no sé si va a alcanzar [para demostrarlo]. Tienen que encontrarse pruebas duras de que hubo un acuerdo anticompetitivo”. Sería necesario incluso un listado específico de las empresas involucradas, agregó.
En tanto, Belerati aseguró que “evidentemente” la CPDC “va a estudiar algo que le va a dar el mismo resultado de siempre”. “Es la quinta vez que estudian a la carne y siempre determinan que competimos lealmente entre nosotros”, apuntó el presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica.
Al respecto, Macedo dijo que si bien “no se llegó a probar una práctica anticompetitiva” en el sector cárnico, “eso tampoco quiere decir que la comisión haya dicho ‘sí hay competencia’”. Mencionó además que se trató de “una investigación que se hizo en otro momento”, que “no genera ningún precedente” dado que “los acuerdos pueden suceder de un día para el otro”.
A modo de complemento, Belerati opinó que Uruguay “es un país muy extraño”. “Tenemos monopolio en el precio del combustible, la energía eléctrica, los teléfonos fijos, el boleto... Son como 18 precios que son monopólicos y en el único lugar donde se compite realmente, en forma profunda y leal, es donde hacen estudios”, cuestionó. “Se ve que tiene tiempo la comisión, dejémosla trabajar libremente”, manifestó.
“Adam Smith decía...”
Por otra parte, tanto Macedo como Zipitría criticaron la efectividad de las medidas de marzo como posible solución al aumento de los precios de los alimentos. Para Macedo, no son útiles ni adecuadas para combatir la inflación. No obstante, valoró otras medidas dispuestas por el gobierno, “como la baja de aranceles a las importaciones”, que promueven “que haya una mayor competencia” que después “se traduce en que haya menores precios”.
Por encima de la polémica actual en torno a la carne y los huevos, Macedo advirtió que los acuerdos de precios constituyen “una de las prácticas más perjudiciales para el consumidor”. “Adam Smith decía que cuando los empresarios se juntan, aun en fiestas sociales, siempre terminan hablando del negocio y, en particular, de acordar precios”, comentó Zipitría. Destacó que incluso cuando se arregla un congelamiento de precios, que podría acarrear un beneficio circunstancial para el consumidor, “luego el campo ya está fértil” para arreglar eventuales aumentos en el futuro.
Zipitría opinó que “las acciones de renuncia impositiva son más adecuadas” para afrontar el encarecimiento de los alimentos, en lugar de “fomentar este tipo de comportamientos que pueden llevar a malentendidos como el que está pasando ahora”. A su entender, “hay otras herramientas que tiene el Estado” aparte de “sentarse con los empresarios y pedirles que se pongan de acuerdo en algo”.