Sin presupuesto ni funcionarios y con dos de los tres integrantes en representación de la sociedad civil que renunciaron a fin del año pasado, la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (CHRXD) tiene importantes problemas de funcionamiento y no cumple los fines para los que fue creada. A tal punto llegan las limitaciones y carencias de esta comisión que hay un acuerdo tácito entre sus miembros de no difundir ni promocionar la existencia del organismo, porque consideran que no se podría atender una demanda mayor de denuncias.
La comisión fue instalada por ley en 2004 con votos de legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria. Está integrada por cuatro representantes de organismos públicos y tres propuestos por organizaciones no gubernamentales.
Roby Schindler, integrante del Comité Central Israelita de Uruguay y el único de los tres representantes propuesto por organizaciones no gubernamentales que sigue en la CHRXD, dijo que la existencia de este organismo es para él “una de las cosas que me ponen más orgulloso de ser uruguayo”, pero “lo que no me gusta es que sea el secreto mejor guardado”. Comentó que en la interna de la comisión se plantearon la posibilidad de salir a los medios de comunicación a informar sobre los objetivos del organismo, pero entendieron que si la repercusión es buena no podrían atender las demandas con la actual infraestructura.
“Recién en el último año del período de gobierno anterior pudimos tener –escuchen lo que voy a decir– un armario para guardar documentos”, comentó en una comisión del parlamento Néstor Silva, histórico activista afrouruguayo y uno de los miembros renunciantes de este organismo.
El presidente de la CHRXD es el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, quien en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados el 4 de mayo planteó buscar una modificación legal para que la comisión honoraria “resida en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, que tiene una mayor cantidad de técnicos disponibles específicamente para lo que realiza, que es recibir peticiones, que básicamente son consultas, denuncias, argumentos y relatos de situaciones” vinculadas a “racismo, xenofobia o algún tipo de discriminación”. A estos argumentos para el cambio sumó la necesidad de cargos y presupuesto para cumplir las líneas de trabajo de la comisión, que no fueron previstas cuando se aprobó la ley, y señaló que el ministerio no tiene fondos para ello.
Las peticiones que recibe la comisión “demoran muchas semanas, meses y hasta años para que se realice el informe final. Se demora muchísimos meses, y es por eso que hoy en día se están mirando las peticiones atrasadas de 2017, 2018 o 2019”, dijo una funcionaria del MEC que acompañó a Baroni a la sesión de la comisión parlamentaria. “Hay hasta 20 o 30 peticiones atrasadas en cada año, pero no porque nunca se diera una respuesta, sino porque el proceso de descargo de cada una de las partes demora bastante tiempo y son situaciones de mucha delicadeza”, agregó.
Baroni afirmó en esa instancia que el promedio es de entre 20 y 30 peticiones recibidas por año. “La emisión de informes finales de los últimos seis años es bastante baja en relación a lo que se recibe. Siempre es alrededor de 5% a 10%”, informó en el Parlamento, y lo adjudicó a “un problema estructural de la comisión”, en particular en lo técnico.
Schindler informó a la diaria que en los últimos meses se ha mejorado en cuanto al atraso que había en el trato de peticiones presentadas ante la CHRXD.
Deterioro
Los cuestionamientos al funcionamiento e incidencia de la CHRXD vienen desde períodos anteriores de gobierno, pero los representantes de la sociedad civil coinciden en que en la actual gestión hubo un deterioro en la relación con la presidencia de la CHRXD, a cargo de Baroni, y que eso incidió en el trabajo realizado.
Hendrina Roodenburg, referente en temas de migrantes y uruguayos retornados al país, y Néstor Silva renunciaron a la CHRXD al final de 2021 y en su comparecencia ante la misma comisión de Diputados el 6 de abril expresaron las razones de la medida.
“Sentíamos que cada vez teníamos menos apoyo del presidente y del Estado en general. Según la ley vigente, esta comisión tiene varios cometidos, pero fue imposible llevarlos a cabo por falta de ejecución, de voluntad, etcétera”; “ambos sentimos que estábamos perdiendo el tiempo” y “si bien siempre hubo déficit en la comisión, este último tiempo se ha ido bajando de nivel constantemente”, expresó Roodenburg.
“No hemos tenido la posibilidad real de hacer un intercambio cierto y serio con la presidencia de la comisión, salvo cuando se inició la gestión. En esa ocasión, pudimos plantear un plan de trabajo que, entre la pandemia y las dificultades que hemos descrito, nunca se pudo cumplir”, dijo Silva.
“El marco general de cumplimiento de lo que la ley mandata a la Comisión Honoraria contra el Racismo es violado –aunque no haya intención de hacerlo– sistemáticamente. ¡Sistemáticamente!”, añadió.
En diálogo con la diaria, Schindler dijo que coincide con las críticas de Roodenburg y Silva, “dos pérdidas valiosísimas para la comisión”, aunque él prefirió continuar “aportando desde adentro”, a pesar de las dificultades. “Yo no estoy obligado a hacer toda la tarea, pero sí estoy obligado a hacer mi parte”, resumió sobre su actitud.
Baroni afirmó en el Parlamento que cuando comenzó esta tarea se desmembró un equipo que venía de la anterior gestión, lo que implicó que se retiraron todas las personas que estaban trabajando y tenían la memoria histórica de esa comisión.
Afirmó que es “una falacia” que el gobierno no tiene interés en resolver estas situaciones. Luego consideró que si bien hay temas que puede conversar políticamente con autoridades de otros organismos públicos, “no es posible, no es practicable y tampoco es deseable” que el Ministerio de Educación y Cultura “le pegue un tirón de oreja a otro ministerio”. Entonces planteó que la comisión pase a la Institución Nacional de Derechos Humanos o a la Secretaría, “que justamente, a través de Presidencia, puede llevar adelante otro tipo de mandatos hacia los ministerios”.
En la comisión de Diputados, María de los Ángeles Fajardo (Partido Nacional), Carlos Testa (Cabildo Abierto) y Óscar Amigo (Frente Amplio) se mostraron favorables a analizar el planteo de Baroni de que la comisión pase a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, pero los dos últimos hicieron énfasis en que mientras eso se estudia y se define deben buscarse soluciones al funcionamiento deficiente del organismo.
Baroni dijo que este año es de “transición” para establecer un nuevo lugar de residencia de la comisión, para en 2023 tener una modificación legislativa. “Si no es así, profundizaremos con las herramientas que hoy tenemos”.
Todos coinciden en que esas herramientas no alcanzan. Mientras tanto, esta comisión está lejos de cumplir los fines para los que fue creada, entre ellos informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias en cualquier ámbito, asesorar a personas afectadas por estas prácticas, plantear normas e impulsar campañas educativas.