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Mesa Nacional de Asamblea Uruguay (archivo, octubre de 2018).

Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

Asamblea Uruguay resalta que la reforma previsional debe ser una política de Estado y que se tiene que apelar a la ciudadanía para debatir los cambios

3 minutos de lectura
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El sector reafirmó la apuesta a la “acumulación” con la alianza Convocatoria Seregnista-Progresistas.

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Leído por Andrés Alba.
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La Mesa Nacional de Asamblea Uruguay (AU) se reunió este sábado para analizar las perspectivas del Frente Amplio (FA) y de Convocatoria Seregnista-Progresistas, alianza que integra junto a Fuerza Renovadora, el Partido Demócrata Cristiano, Plataforma, Magnolia y otros. 

En un documento, AU plantea como uno de los “grandes desafíos” la reforma de la seguridad social, la cual “debe ser concebida como una política de Estado”. “Nuestro sistema de seguridad social -en el que se han ido acumulando falencias que es absolutamente imprescindible corregir- destaca a nivel latinoamericano por la amplitud de sus coberturas y sentido de equidad, aspectos que no deben perderse sino, por el contrario, fortalecerse. De acuerdo a algunos anuncios y declaraciones, no parece ser esta la postura del oficialismo ante un tema de tanta trascendencia, por lo que habrá que apelar a la ciudadanía para construir el debate que el país se merece”, se apunta.

Según informó la semana pasada El Observador, el presidente Luis Lacalle Pou presentará el miércoles a los socios de la coalición el borrador de la reforma de seguridad social, que incluirá una transición de 20 años y prevé un aumento en la edad de retiro, salvo en el caso de cinco sectores.

Otro “tema clave” para AU es la inserción internacional del país, pero entiende que “lamentablemente también en esta área se asiste a una orientación errática y peligrosa del gobierno, comprometiendo el futuro de lo que también debería ser una política de Estado, es decir, una estrategia a continuar y desarrollar más allá de los cambios de gobierno”. Se advierte que un tratado de libre comercio (TLC) con China “no podría prosperar sin romper el Mercosur” y, a juicio del sector, “esto es lo peor que podría hacer Uruguay en materia de inserción comercial”.

“En estos momentos es necesario tener en cuenta que no prosperó un TLC con China durante el último gobierno del FA -pese a los múltiples esfuerzos realizados por Uruguay, cuyo presidente y otras autoridades se reunieron personalmente con sus pares chinos- porque la potencia asiática no tuvo interés. Los hechos permiten afirmar que la postura de China no ha cambiado desde aquel momento. En todo caso, eventuales cambios estarán relacionados con lo que el Mercosur pueda lograr”, se indica. 

A nivel interno

A nivel del FA, distingue tres “materias de imprescindible abordaje: la renovación ideológica, la modernización de nuestra estructura orgánica con el objetivo fundamental de acercarla al pueblo frenteamplista y la apertura a la llegada y la acción de nuevos compañeros y compañeras”.

Se señala que AU ha apostado a la “acumulación” y en ese sentido se le ha “asignado capital importancia” a Convocatoria Seregnista-Progresistas. En ese sentido, se hace mención a la declaración constitutiva de la alianza entre sectores y se reitera “el objetivo de tener un país cada vez mejor, con libertad, ejercicio de la democracia y justicia y hacer “de Asamblea Uruguay un testimonio de militancia, desprendimiento y generosidad para nuestros compatriotas, ofreciendo lo mejor de nuestros aportes a quienes hoy están lejos de tener una vida digna”.

A nivel nacional

AU manifiesta que a nivel nacional existe una “marcada confrontación política entre gobierno y oposición, que se comprobó desde el primer día de actuación de la actual conducción del país”. Se señala que mientras los gobiernos del FA apuntaron a un “equilibrio” entre la acción del Estado y los privados, “el actual gobierno ha venido recortando gravemente tal acción” y los recursos para implementar políticas públicas. A juicio del sector, esto queda en evidencia actualmente en la Rendición de Cuentas, que continúa con “la orientación que el gobierno manifestara en la LUC [ley de urgente consideración], en su orientación económica y social con relación a la pandemia -que hay que diferenciar del acertado manejo sanitario- o en el nefasto acuerdo en el puerto”. 

Asimismo, AU se refirió al “ajuste restrictivo” del gasto público y destacó el incumplimiento de promesas electorales de “no aumentar impuestos”. “En el lapso transcurrido hasta 2021 incluido, el aumento impositivo se ubicó en 110 millones de dólares. Sólo el cambio del criterio utilizado para actualizar las franjas del IRPF y el IASS representó cerca de 65 de esos 110 millones. A esto se suman 11 millones correspondientes al impuesto covid a los salarios de los funcionarios públicos y más de 35 millones por la eliminación de dos puntos de IVA que se descontaba en las compras realizadas con medios electrónicos de pago”.

Si bien reconocen la “necesidad de cuidar el gasto y el resultado fiscal”, también consideraron “imprescindible priorizar la atención a las urgencias sociales y al deterioro de los ingresos de las familias, lo que requiere un mayor gasto actual”.

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