Para ningún país de la región pasó desapercibido el momento político que se abrió en Chile a partir de octubre de 2019. Durante todo el año pudimos ver que las ciudades latinoamericanas fueron un campo de lucha social frente a la precarización de los estados neoliberales y los vínculos con la geopolítica global. En Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia pudimos ver protestas, levantamientos y revueltas populares a partir de la reacción generada por parte de la población frente a diferentes anuncios sobre paquetes, privatizaciones y reformas neoliberales, así como tensiones a partir de procesos eleccionarios fraudulentos o autoproclamados. Ni las olas progresistas que buscan una nueva oportunidad para conformar parte del bloque en el poder logran resolver las contradicciones de un modelo de acumulación de riqueza que ya no se sostiene sin trastocar cada vez más la vida de millones y millones de personas del continente.
En casos en que lo que detona la indignación son los ajustes o medidas que repercuten en el encarecimiento de la vida, vemos que la demanda inicial deriva en pronunciamientos por cambios profundos del modelo de (mal) desarrollo. La respuesta generalizada de los gobiernos es la decidida y extrema represión ejercida mediante declaratorias de estado de emergencia o de sitio, exponiendo a la población a la brutalidad policial y militar.
No todas las expresiones organizadas de la población se dieron en confrontaciones violentas contra las fuerzas represoras. En el caso de Chile, en paralelo a las intensas manifestaciones que declaraban la revuelta popular, en nuestras plazas comunales y barrios se desarrollaban cientos de cabildos y asambleas territoriales a lo largo de ciudades y poblados. Estas, en su gran mayoría, se pronunciaron como organizaciones autoconvocadas, de reacción espontánea ante la situación de emergencia y represión que estábamos viviendo. Con el pasar de las semanas posteriores al 18 y 19 de octubre de 2019, numerosas instancias de deliberación social se fueron dando en el espacio público, dentro de las cuales pudimos al fin hablarnos como pueblo, empatizar mutuamente y decir ¡basta! con la rabia e indignación que siempre sentimos frente a más de 40 años de implementación experimental de un modelo económico y de vida precarizante, desigual e injusto.
Entre los principales temas que emergían los primeros días en las síntesis de las instancias populares aparecían, por mencionar algunos, la inhumana y violenta represión de la protesta, la escalada de femicidios y la progresiva impunidad en el sistema de justicia, las burlas de las élites frente a los actos de colusión y corrupción sistemáticos, los conflictos socioambientales, las precarias condiciones de las escuelas municipales y las políticas de intervención policial en ellas, el costo de acceso a la salud y las largas filas de espera, las pensiones miserables para jubilados producto del robo de las AFP, las altas tarifas del transporte y los servicios básicos; el asfixiante endeudamiento de la juventud por el alto costo de los estudios superiores, así como la extrema dificultad de cientos de miles de familias para acceder a una vivienda adecuada a causa de los cada vez más altos costos tanto del alquiler, los créditos hipotecarios, la compra, así como de la construcción misma de nuevas viviendas.
No es común y masificado el conocimiento por parte de la población, el papel que juega el valor de la tierra urbana dentro del problema de la vivienda, menos aún el vínculo sistémico que tiene dentro del sistema de planificación de nuestras ciudades y territorios.
La mercantilización de la vida, la conformación de todos nuestros derechos sociales como bienes de consumo, es sin duda una expresión del modelo de desarrollo que está anclado en la región. El hecho de la que la crisis del acceso a la vivienda se vincule a su producción y esté inmersa dentro de los flujos de atracción de inversiones y de reproducción de capital hace que la racionalidad “rentista” opere como sentido común en la ocupación del territorio urbano, tensionando la necesidad por consumir y desarrollar más suelo urbano para proyectos, donde el producto generado se vuelve un activo financiero fijo. De este modo, el atrofiamiento que ha vivido el Estado bajo el régimen neoliberal se refleja también en su pérdida de propiedad sobre numerosas porciones de tierra dentro y en las periferias de las ciudades, constituyéndose los movimientos de pobladores que luchan por la vivienda digna en antagonistas directos de quienes detentan la propiedad de la tierra urbana para el lucrativo negocio que dejan las lógicas especulativas.
La ciudad juega un decisivo papel para la expresión de la lucha de clases, tanto por ser el espacio físico donde se han desenvuelto recientemente las grandes insurrecciones sociales, así como por el papel que juega la producción misma del entramado urbano en la acumulación capitalista y sus efectos tanto en la vulneración de derechos fundamentales como en la reproducción de la marginalidad e injusticia social.
Expresiones de un paisaje de malestar social
En Chile, meses anteriores al inicio de la revuelta, la crisis habitacional ya se venía caracterizando por “expertos”, ONG, académicos e incluso por la propia Cámara Chilena de la Construcción como una “olla de presión” sin válvulas de escape. Si bien los argumentos se sustentaron principalmente en razones cuantitativas y en la falta de un diseño institucional más adecuado dirigido por el Estado, parte de lo que se omitía es que la crisis habitacional se fue volviendo cada vez más visible en la calle, la televisión y las redes sociales porque los movimientos de pobladores la instalaron mediante la progresiva irrupción que buscaron generar en dirección a las instituciones del Estado, sobre todo con más claridad a partir del clima político que se comenzó a gestar con el ascenso presidencial del empresario Sebastián Piñera en 2010 y sus medidas de gobierno que desencadenaron las masivas protestas populares a partir de 2011, convocando desde los estudiantes y al pueblo en general. De hecho, para la llamada transición a la “democracia” que vivimos en Chile a partir de 1990 ya se sondeaba en las encuestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que 54% de los chilenos adultos rechazaba, no creía o no confiaba ni en el Estado, ni en los partidos políticos, ni en “los políticos”. Estas estadísticas fueron progresivamente creciendo, llegando a fluctuar entre 2017 y 2019 entre 80% y 95%.
¿Cuánto habrá contribuido el malestar social, acumulado por décadas, por efecto de la mercantilización de la producción habitacional y la instalación del sistema de acceso subsidiario, en la emergencia de una revuelta popular de las proporciones que vivió Chile?
El actual escenario político en el que aún nos encontramos nos empuja a reflexionar sobre este ámbito, como un campo históricamente en disputa y con sentido transformador vigente. Parte de lo que está en juego es la influencia sobre qué tipo de relaciones sociales atraviesan la producción urbana y habitacional del país. De ahí, entonces, la importancia de poner en valor las formas históricas que ha tenido el pueblo latinoamericano para crear el hábitat popular y reflexionar sobre el papel que juega esto en un contexto de abierta lucha de clases.
Podemos situar los factores cualitativos que reflejan la decepción y frustración de la población con el sistema público de acceso a la vivienda, además, en un escenario en que la sumatoria del déficit habitacional, según cifras oficiales, es del orden de al menos 650.000 unidades habitacionales, incluyendo a aquellas familias que viven en situación de arrendamiento crónico, allegamiento (varios hogares en una vivienda), hacinamiento o deterioro irrecuperable. En este sentido cabe destacar que aproximadamente 44% de dicha demanda se concentra sólo en la ciudad de Santiago. Cerca de 13,5% de la población en Chile no tiene acceso a una vivienda en condiciones adecuadas para el desarrollo personal y con seguridad de tenencia.
Esta dificultad para acceder ha estado marcada también por factores más estructurales, como la brecha entre el aumento de los precios de la vivienda y los propios salarios de las y los trabajadores: según datos del propio Instituto Nacional de Estadísticas, en los últimos diez años (2012-2022) los precios de las viviendas en Chile han aumentado 62% más que los salarios, cerrando incluso 2021 entre los 25 países del mundo con más alza en los precios de la vivienda, liderando sin duda en este ámbito en la región latinoamericana. Si hay algo en lo que realmente somos los “jaguares”, como se ha jactado la clase empresarial, es en la inaccesibilidad a viviendas por parte de la clase trabajadora.
El vertiginoso aumento que han tenido los valores del mercado inmobiliario en Chile guarda relación tanto con la acumulación de una significativa demanda cuantitativa, que es histórica, como con la competencia en el espacio urbano entre quienes buscan viviendas para usarlas y quienes las buscan como medio de inversión inmobiliaria. Según datos del Banco Central, el precio de la vivienda ha aumentado en 180% su valor en los últimos 20 años, significativamente más que el ajuste anual que han tenido los salarios.
Sobre este mismo aspecto, es importante mencionar el alza sostenida que ha tenido también el sector inmobiliario en el mercado del alquiler. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional de 2009, 18% de los hogares chilenos vivía en la modalidad de alquiler, mientras que para 2017, según los resultados de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadísticas, se evidenciaba ya que 25% de los hogares del país habitaban en esta modalidad. Y es que este no es un fenómeno que sólo ocurra en Chile, sino que, según Raquel Rolnik, en estados donde no se encuentra incorporado en la política pública el valor social de la vivienda y de la ciudad como artefacto público, se generan fenómenos de carencia de oferta pública de alquiler u obtención de vivienda, lo que ha dado viabilidad al acceso mediante la oferta generada por el sector privado y la valorización para quienes invierten en esta área en el mercado financiero.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, muestra el borrador final de la propuesta constitucional en el Congreso Nacional en Santiago, el 4 de julio de 2022.
Foto: Javier Torres, AFP
Santiago, configuración de una ciudad segregada hacia el presente
Las repercusiones que tuvo la dictadura en la consolidación de una metrópolis segregada en Chile tienen su principal referencia en la capital, Santiago. En esta ciudad se llevó adelante la mayor operación cívico-militar para el desplazamiento forzado de población en Chile. En pleno contexto global de Guerra Fría, esta perversa ingeniería social pensada, planificada y ejecutada por la complicidad cívica y militar no estaba exenta de ideología. Las operaciones Confraternidad I (1976), II (1978) y III (1979) fueron tres momentos de un ajuste socioespacial a escala metropolitana que sin duda tuvo resistencias en los asentamientos organizados y que permitió ensayar la aplicación del posterior Programa de Erradicaciones gestionado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entre 1979 y 1985, que legitimó procesos irregulares e ilegales.
Los pobladores, una vez transportados a sus sitios de destino, se enfrentaron a que el discurso de la “casa propia” eran casetas sanitarias en lotes con servicios sin terminar, e incluso en algunos casos, potreros.
En la configuración de los grandes sectores de pobreza actuales, tuvo un claro papel la política pública aplicada por la institucionalidad en esta materia. Si para el final de Confraternidad III (1979) el total de personas desplazadas era 2.000, hacia fines de 1985 el programa había gestionado la relocalización de más de 100.000 personas. Pensando en una referencia local para Uruguay de cuanta población fue desplazada, es algo así como 25 veces la capacidad total del Teatro de Verano Ramón Collazo, o casi dos veces el estadio Centenario repleto.
Propuesta constitucional elaborada por la Convención Constitucional
Artículo 51
- Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.
- El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando, a lo menos, la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, conforme a la ley.
- El Estado podrá participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda. Considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos de especial protección.
- El Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley.
- El Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Administra un Sistema Integrado de Suelos Públicos con facultades de priorización de uso, de gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social, y de adquisición de terrenos privados, conforme a la ley. Asimismo, establecerá mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad con la ley.
Artículo 52
- El derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad.
- En virtud de ello, toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna.
- Es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, las ciudades y los asentamientos humanos; así como establecer reglas de uso y transformación del suelo, de acuerdo con el interés general, la equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal.
- El Estado garantiza la protección y el acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos; la movilidad segura y sustentable; la conectividad y seguridad vial. Asimismo, promueve la integración socioespacial y participa en la plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria.
- El Estado garantiza la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial y políticas habitacionales. Asimismo, promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat.
El exterminio de miles de hombres y mujeres que encabezó Augusto Pinochet en su lucha contra el marxismo en Chile y la región tiene su paralelo en el campo habitacional. Por un lado, las erradicaciones las podemos entender como instalación de la doctrina del “propietarismo”, así como la de intervenir en poblaciones donde se identificaban las organizaciones de izquierda subversiva al régimen y erradicarlas hacia el sector de la ciudad en los límites del entonces continuo urbano.
El espacio urbano, social y político tenía que estar libre de elementos que desvalorizaran el potencial inmobiliario que ya avizoraban los desarrolladores para construir la ciudad de los ricos. La dictadura preparó el escenario para que en un futuro el sector inmobiliario moldeara una ciudad de segregación y negocios inmobiliarios: reordenó la política urbana y habitacional, dejando un saldo de extensas porciones del “suelo disponible” en manos del sector privado y financiero.
Santiago es una ciudad que ha estado históricamente en disputa, y que por la fuerza fue moldeada y ajustada para la acumulación del neoliberalismo urbano y el posicionamiento de una élite terrateniente y desarrolladora.
A cuatro meses de haber comenzado su mandato, el presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, presentaron el Plan de Emergencia Habitacional, el cual ha abierto el debate público como una gran meta propuesta de reducción del déficit, estimando la construcción de más de 260.000 viviendas de aquí a 2025. Sin embargo, casi 50% de los proyectos de este plan de emergencia ya había comenzado en el período de gobierno anterior, por lo que la cifra real de las nuevas unidades habitacionales propuestas sería de aproximadamente 135.000 viviendas.
Durante este mismo mes, además, se publicó el borrador definitivo de la propuesta constitucional elaborada por la Convención Constitucional. Un proceso que, si bien desde sus inicios estuvo viciado, logró instalarse como la “salida” del conflicto que había instalado la revuelta social. El 4 de setiembre de este año se llevará adelante la votación del plebiscito de salida del nuevo texto constitucional. En los artículos 51 y 52 del borrador del nuevo texto se alude a la vivienda y la ciudad.
¿En qué medida esto va a modificar realmente los más de 40 años de ejecución de la subsidiariedad neoliberal y de un mercado salvaje de la vivienda y el suelo?
¿Cuánto deberíamos confiar en una nueva Constitución como forma de garantizar realmente nuestros derechos?
La vinculación con la realidad de este derecho en un país con un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y la acumulación de renta parece casi una burla. De hecho, según el historiador y analista político Felipe Portales, Chile difícilmente puede ser superado en la región en lo que respecta a la contradicción que ha hecho el Estado entre la legislación y la práctica.
Debe además tenerse presente que la Convención Constitucional, dentro de sus aspectos de transitoriedad, transfirió la crucial tarea al actual Congreso de concretar legislativamente el nuevo texto constitucional. El Congreso sigue teniendo una presencia mayoritaria de parlamentarios de derecha y del bloque tradicional; es decir que, en un sistema de dos tercios, las legislaciones tendrán que contar con el apoyo de la derecha para ser aprobadas.
Frente a este escenario de posibles legislaciones empantanadas y un mercado inmobiliario de integración social que se buscará potenciar, el análisis debe concentrar esfuerzos en superar las dicotomías estado/mercado en el modo de la producción habitacional, para seguir apuntalando y multiplicando el universo de experiencias de cooperativismo, autogestión y el control comunitario, aquellas que nos permitan ir al mismo tiempo transformando campos más profundos de la sociedad, donde se alojan los valores que reproducen este modelo de precariedad.
Esperemos que la creatividad e iniciativa popular en las luchas por el hábitat digno sigan llevando a las comunidades organizadas a explorar capacidades; mas allá de lograr tener la casa, construir un camino popular y colectivo para la vida digna, frente a los desafíos sistémicos que traerá la profunda crisis civilizatoria por la que atravesamos.
Nicolás Daccarett es habitante de la periferia de Santiago y arrendatario crónico. Con estudios en arquitectura y geografía, desde 2012 ha estado sumergido en las luchas sociales por la autogestión en el hábitat popular. Es integrante del equipo de solidaridad técnica de la Cooperativa de Trabajo Kincha.