El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cataluña surgió hace cinco años con el objetivo de proteger los derechos de las personas que habitan en viviendas de alquiler y garantizar que esta sea una opción “asequible, estable, segura y digna”, como define la organización en su página web. Así, su lucha se erige contra la suba de precios, los desalojos y los contratos de alquiler abusivos, entre otras situaciones que a su entender vulneran el derecho a la vivienda. Al mismo tiempo, promueve iniciativas para regular los precios de los alquileres.
En este lustro de trabajo, el sindicato logró generar una nueva estrategia de defensa contra la especulación inmobiliaria, a través de dos vías: la acción sindical, con el abordaje de los casos puntuales que plantean las inquilinas e inquilinos en las asambleas; y el impulso de campañas para introducir modificaciones a la legislación. En este segundo punto se enmarca una de sus conquistas más importantes: en setiembre de 2020, el Parlamento de Cataluña aprobó una ley que regula los precios de los alquileres en 60 municipios catalanes. La votación de esta ley coronó tres años de trabajo del sindicato y marcó un “hito histórico”, en palabras de la propia organización.
Sin embargo, la batalla sufrió un revés en marzo de este año, cuando el Tribunal Constitucional anuló 11 artículos de la norma catalana, por considerarla “inconstitucional”. El fallo del tribunal fue en respuesta a un recurso presentado por el grupo parlamentario del derechista Partido Popular. El anuncio lo había hecho el entonces presidente de la agrupación política, Pablo Casado, en una visita a Barcelona, donde argumentó que la ley implicaba “un ataque a la propiedad privada, a los futuros arrendatarios y a los inquilinos”.
“Son 11 artículos, pero son los 11 artículos principales, por lo que la ley quedó sin ningún tipo de efecto”, explicó Rodrigo Martínez, integrante de la Comisión de Acción Institucional del sindicato. En entrevista con la diaria, Martínez aseguró que la lucha por la regulación de los alquileres seguirá ahora en el marco de la discusión para que el gobierno español apruebe una “ley integral de vivienda” a nivel nacional. A la vez, el representante hizo un repaso sobre el trabajo realizado en estos años y detalló cuáles son las principales propuestas.
¿Cómo nació el sindicato y en qué contexto?
El sindicato surge en 2017, en un contexto bastante especial. Hay que entender que, en España, a raíz de la crisis en 2008, hay una oleada masiva de desahucios o desalojos, como se dice en Uruguay. Al principio de la crisis, estos desalojos se dan fundamentalmente porque los dueños no pueden pagar su hipoteca, entonces, pierden la hipoteca y pierden su casa. Sin embargo, con los años, esto empieza a cambiar: el alquiler pasa a cobrar mayor peso y a ser la razón principal, casi exclusiva, de los desalojos. Es decir, la crisis de los desalojos se mantiene, pero empiezan a cambiar las razones; se pasa de propiedad a alquiler. Al mismo tiempo, los alquileres empiezan a subir de manera consistente a partir de la recuperación de la crisis. En ese momento, el movimiento de la vivienda era liderado principalmente por la Plataforma de Afectadas y Afectados por la Hipoteca, PAH, entonces encontramos que había un espacio que no se estaba cubriendo que era el de los problemas relacionados en particular con el alquiler. Ahí surge el sindicato.
¿Cuáles son sus propuestas, objetivos y líneas de acción?
El sindicato plantea un decálogo de medidas claras y concretas por las que lucha. La primera es la de conseguir una regulación de alquileres. Básicamente, lo que queremos es un alquiler estable, de precio justo, y que sea una opción real de vivienda para los inquilinos. Por eso, queremos que los contratos sean renovables automáticamente, para no permitir estas expulsiones que se dan cuando se acaban los contratos; sacar los honorarios abusivos, porque las empresas que intermedian en el mercado inmobiliario se llevan una parte importante de dinero, y queremos regular y quitar esa parte de abuso, así como distintas cláusulas abusivas que hoy se permiten en la legislación. Queremos que se nos reconozca como agentes de negociación colectiva y que se reconozca el derecho a la huelga de alquiler, como uno de los elementos de lucha para permitir mejorar las condiciones. Después tenemos otros objetivos, como el de recuperar las viviendas que se fueron al mercado turístico y al mercado de temporada, que ahora es bastante problemático; aumentar el parque público de vivienda; quitar los pisos vacíos del mercado de la vivienda, y obligar al alquiler social obligatorio.
El trabajo del sindicato logró que se aprobara en 2020 una ley de regulación de los precios de los alquileres en Barcelona. ¿Qué es lo que establece?
Como sindicato, ya previo a la pandemia nos encontrábamos en conversaciones con el gobierno [catalán] para instalar una regulación de alquileres. Partíamos de posiciones muy distintas y alejadas, porque nosotros queríamos la baja de alquileres –que habían aumentado 50% de 2013 a 2019– y desde el gobierno catalán se nos respondía que no, que había que moderar las subas. Eso cambió cuando llegó la pandemia. Ahí nos volvimos a sentar con un plan ambicioso, con la idea de que realmente teníamos que lograr bajas en los contratos de alquileres y frenar todas las subas. Esta era una de las cuestiones principales de la regulación. Tomamos como ejemplos regulaciones en otras partes; por ejemplo, la de Berlín funciona como una gran influencia. Fue una experiencia interesante porque logró nuclear a más de 9.000 organizaciones sociales del ámbito catalán y español que apoyaron esta regulación de alquileres, que básicamente planteaba bajas obligatorias en algunos contratos y, en otros casos, congelación de precios de alquiler. Esta ley de alquileres estuvo vigente por aproximadamente un año y medio, hasta que el Tribunal Constitucional determinó que era inconstitucional. Nosotros estamos convencidos de que esta ley era y es constitucional, que el Parlamento catalán tenía la autoridad suficiente para definir sobre estas leyes, pero ahora nos encontramos peleando por una regulación de alquileres a nivel de España, porque se está discutiendo una ley de vivienda.
“Hay distintos estudios, a nivel académico, que demuestran que la regulación fue capaz de bajar el precio de los alquileres en un 5% y que, además, no afectó el nivel de oferta. Entonces, lo que decimos es que se puede llevar una regulación de alquileres que funcione y que, además, no destruya el mercado del alquiler”.
¿Cómo están organizando esta lucha a nivel nacional?
Nosotros buscamos impulsar una regulación de alquileres. No somos el único sindicato de inquilinos que lo busca en España, hay otros, como el de Madrid, por ejemplo. En España se está discutiendo por primera vez una ley integral de vivienda, entonces esta es la ventana que se nos abre ahora. Esta discusión se da en el marco de los fondos europeos, por lo que el gobierno [nacional] tiene cierta presión para aprobar una ley de vivienda. Dentro de los grupos parlamentarios que hay, los grupos del movimiento por la vivienda, como la PAH, el Movimiento Nadie sin Hogar y también sindicatos de clase como [la Confederación Sindical de] Comisiones Obreras o CGT, han impulsado una plataforma que se llama Iniciativa Ley Vivienda, en la que se plantean un montón de medidas, por ejemplo, parar los desahucios, pero también la regulación de alquileres. Ahora estamos en este proceso de trabajar con grupos parlamentarios y también con presión desde la sociedad civil para lograr que esta ley de vivienda incluya una regulación de alquileres efectiva.
Movilización del Sindicato de inquilinos, el 9 de setiembre de 2020, en Barcelona.
Foto: Antonio Cansino
¿Qué argumentos planteaban los que se opusieron a la ley catalana para regular los precios de los alquileres?
El argumento principal, que prácticamente dicen de memoria, es que esta ley va a hacer que la gente retire su piso de alquiler y se va a destruir la oferta de alquileres. Pero hay que tener en cuenta que en Cataluña hubo una regulación de alquileres que estuvo vigente por un año y medio. Hay distintos estudios, a nivel académico, que demuestran que la regulación fue capaz que bajar el precio de los alquileres en 5% y que, además, no afectó el nivel de oferta. Es decir, muestran que se puede bajar los alquileres sin destruir la oferta en el mercado. Entonces, lo que decimos es que se puede llevar una regulación de alquileres que funcione y que, además, no destruya el mercado del alquiler. Hay otro montón de argumentos que se utilizan. Muchas veces comparan regulaciones muy viejas con las nuevas o comparan todas las regulaciones como si fueran una sola, cuando, en realidad, en una regulación de alquileres importan mucho los detalles, qué tipo de beneficios están incluidos y no, qué zonas están incluidas y no, y por qué. La regulación catalana era de última generación, la armamos aprendiendo qué había pasado antes. Entonces, creemos que se le tiene que dar un poco de margen para contemplar qué cuestiones, en las que las regulaciones anteriores no funcionaron, en esta sí lo pueden hacer. Y la realidad ya muestra que la regulación catalana sí funciona.
¿En qué consiste la estrategia que propone el sindicato para proteger a la población contra la especulación inmobiliaria?
La estrategia del sindicato tiene dos vertientes. Primero, la de acción sindical, que es el trabajo del caso a caso. Nosotros tenemos asambleas todos los viernes y en ellas la gente inquilina viene y plantea su problema. Por ejemplo: “Vivo en un piso hace 20 años, ahora se me viene la renovación del contrato y el propietario me quiere duplicar el alquiler”. Esto no es un ejemplo exagerado, son cosas que pasan. Ahí lo que decimos es “bueno, vamos a sentarnos a negociar”, y trabajamos de manera conjunta; no somos como una asociación o una oficina pública donde uno plantea el problema, se lo deja y el otro lo resuelve. Lo que hacemos siempre es trabajar codo a codo con la persona afectada, con el inquilino, entonces ahí vamos armando diferentes estrategias. A veces son en casos individuales, otras en bloques enteros de apartamentos de alquiler. La otra vertiente es la de modificar el marco legal, tratar de conseguir leyes que protejan más al inquilino, impulsar la regulación del alquiler, hacer del alquiler una opción segura.
“El drama real es que es mucho más probable ser desalojado del piso en donde vivís a que te lo ocupe un okupa. ¿Hay un drama social? Sí, indudablemente. Pero está en los desahucios, no en la ocupación”.
¿A qué apunta el sindicato cuando dice que es necesario “garantizar la función social de las viviendas”?
En Barcelona tenemos problemas importantes con la vivienda porque hay una enorme cantidad de pisos vacíos y porque los precios están muy altos para lo que son los hogares de inquilinos, que tienen que hacer un enorme esfuerzo para pagar su alquiler. El salario promedio en Barcelona es de 1.000 euros y el alquiler promedio anda por los 900 euros, eso ya te dice que es prácticamente imposible vivir en alquiler. Entonces, queremos que las viviendas vacías estén en el mercado de alquiler. Después, hay un enorme problema de vivienda turística. La ciudad tiene una gran presión turística y hay miles de viviendas que están siendo usadas como alojamiento turístico y que salieron del mercado de alquiler. Lo que queremos es que estos pisos vuelvan al mercado de alquiler de manera segura, estable y a un precio justo. A su vez, a raíz de la crisis de 2008 los bancos se hicieron con miles de viviendas que antes eran de propietarios. Estas viviendas se están dando a fondos buitres a un precio muy menor, y estos fondos buitres lo que hacen es aumentar los alquileres por las nubes, generan un nivel de conflictividad, buscan desalojar a casi todos sus inquilinos para poner alquileres aún más caros. Queremos que estos pisos, que eran de propiedad pública, sean por ejemplo un parque público de vivienda o viviendas de protección oficial. Es decir, que brinden soluciones habitacionales, no que vayan a las manos de los fondos buitres.
El sindicato defiende la recuperación de “todas las viviendas vacías, así como aquellas a manos de fondos buitres, bancos, fondos de inversión y grandes tenedores, para su destino social”, según afirma en la página web. Esto les ha valido críticas que los acusan de defender las ocupaciones. ¿Cuál es su respuesta frente a esto?
La ocupación es un tema que lleva muchísimo tiempo mediático en España; sin embargo, ocupaciones conflictivas, en las que, por ejemplo, se ocupe un piso en donde vive o vivía una persona, son mínimas. La enorme mayoría de ocupaciones son de pisos vacíos que pertenecen a bancos. Entonces, el cuco que se ha vendido todo este tiempo de una abuela que se va al hospital una semana y, al volver, tiene okupas en la casa que le destrozaron todo, no pasa. El drama real es que es mucho más probable ser desalojado del piso en donde vivís a que te lo ocupe un okupa. ¿Hay un drama social? Sí, indudablemente. Pero está en los desahucios, no en la ocupación.
¿Cuáles son hoy los pilares de su lucha?
Trabajamos de manera muy fuerte con la organización colectiva y con la solidaridad. Como sindicato de inquilinos, trabajamos para que, cuando las personas vienen con un problema, podamos organizarnos, organizar a las personas y combatir esas injusticias. A su vez, trabajamos con este principio de solidaridad, de que podemos poner horas en un conflicto que es de otra persona para poder mejorar su situación. Y así lo hacemos también en otros conflictos. Por ejemplo, cuando un sindicato de vivienda de un barrio tiene un conflicto con un piso que van a desahuciar y saben que va a ser un desahucio con presencia de la Policía, conflictivo, nosotros vamos a apoyar y a evitar que esa familia sea desahuciada, por más que no esté afiliada al sindicato. Esos son los parámetros que nos guían.