“El apoyo del Poder Ejecutivo a la Policía no quiere decir que apoyemos a un mal policía”, comenzó diciendo el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), Santiago González, durante la comparecencia de las autoridades uruguayas ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el 6 de mayo de 2022, en respuesta a las consultas de los miembros del comité y a los informes elaborados por distintas instituciones y organizaciones sociales del país.
Si bien en los dos días que duró la comparecencia el foco estuvo más en las denuncias de malos tratos y violaciones a los derechos humanos en las cárceles uruguayas, al momento de discutir los cambios introducidos por la ley de urgente consideración se abordó el tema de los abusos policiales, por el contenido de los artículos que establecen las figuras de “agravio a la autoridad policial” y presunción de legítima defensa en el accionar policial (11 y 49, respectivamente).
En ese momento, González aseguró que el ministerio “tiene una cantidad muy importante de mecanismos para analizar las denuncias que existen sobre corrimientos de funcionarios policiales” y, de constatar un delito, “judicializar el hecho, hacer la investigación correspondiente, el sumario correspondiente, [y] si es necesario darlo de baja”. “No amparamos a policías que se hayan corrido de la ley, que hayan cometido algún delito”, aseguró, y dejó claras dos cosas: que dentro del MI quieren “al buen policía” y que la Policía uruguaya “no persigue personas con apariencia delictiva, persigue hechos con apariencia delictiva”.
Un mes después, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que las denuncias por abuso de funciones contra policías aumentaron 300% entre 2020 y 2021, con un pico este último año de 1.198 denuncias de distinto tipo que involucraron al menos a un policía.
Sin información ni respuestas
Desde distintas organizaciones han denunciado la “discrecionalidad” con la que se manejan las denuncias de este tipo a la interna del ministerio. Tal es el caso del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que, en palabras de una de sus integrantes, Tamara Samudio, “en varias oportunidades” ha pedido “los datos a través de accesos a la información pública” para conocer cuánto se respeta lo dispuesto por la normativa, sobre todo la ley (18.315) de procedimiento policial.
“A nivel general el MI está teniendo una actitud de no brindar ningún tipo de información, salvo la que ellos sacan públicamente, no hay una publicación de datos relativa a esto de Asuntos Internos”, explicó Samudio, y señaló que durante la comparecencia ante el Comité contra la Tortura González “no dio ningún tipo de información, ni de qué tipo de asuntos se trataban y sobre todo qué tipo de sanciones puede haber existido en función de las investigaciones”.
Desde Serpaj entienden que “las investigaciones no se terminan de realizar” puesto que quienes han recurrido a la organización con denuncias de este tipo y que llegaron a efectuar la denuncia ante Asuntos Internos “no han recibido ningún tipo de respuesta ni llamadas por parte del ministerio para informarles de una investigación abierta ni tampoco después para comentar que se haya sancionado o tomado alguna decisión al respecto”.
Samudio planteó que “hay muchos procedimientos policiales abusivos que no necesariamente conforman figuras delictivas”, según pudo constatar Serpaj a través de un formulario para denunciar abusos policiales que habilitaron durante un tiempo en su página web.
Uno de los ejemplos que puso fue el de mujeres adolescentes “que saliendo de algún lado el patrullero las perseguía, las acosaba”, así como los casos que registraron de “violencia psicológica”, también hacia adolescentes, que “cuando los frenan los destratan, los maltratan para buscar la provocación; son prácticas generalizadas que se habilitan, de alguna forma”.
Para estas “prácticas generalizadas”, que no son situaciones particulares, no hay un espacio de denuncia que funcione, “no hay un lugar donde investigar la violencia del Estado, salvo dentro de las propias instituciones”, aseguró Samudio. “La solución y lo que planteamos es ir directamente a Fiscalía porque sabés que es donde vas a tener un número de denuncia para hacer el seguimiento; en Asuntos Internos te dan un número pero tampoco tenés claridad sobre qué ocurre”, sentenció.
la diaria consultó al MI para esta nota pero no obtuvo respuesta.