La coalición multicolor se encamina a crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para indagar en las presuntas irregularidades de las gestiones frenteamplistas en AFE, luego de que las actuales autoridades del ente realizaran una denuncia penal el viernes pasado, tras una investigación de la Auditoría Interna de la Nación.
Este lunes al mediodía los actuales jerarcas de AFE José Pedro Pollak y Gustavo Osta se reunieron con legisladores de la coalición de gobierno para hacer una síntesis de lo que concluyó la auditoría y, a su vez, informar sobre la decisión de elevar una denuncia penal ante la Fiscalía.
Las autoridades de AFE son patrocinadas por el abogado Jorge Barrera y, ante la Fiscalía, denunciaron a los expresidentes del ente durante los gobiernos frenteamplistas, Jorge Setelich, María Carmen Melo y Wilfredo Rodríguez, pero no descartaron que existan otros “elementos” que puedan llegar a involucrar a exdirectores y otros funcionarios.
Alfonso Lereté, diputado blanco y exdirector de AFE por la entonces oposición, señaló en una rueda de prensa que aún conversan dentro de la coalición para llevar adelante esta acción política porque “hay ocho temas muy profundos y otros diez que hay que estudiarlos más con detalle”. En ese marco, dijo que “sin duda alguna” se está “ante una desidia” y un “desapego” que ya había denunciado en el período anterior ante el directorio que encabezó Rodríguez, aseguró.
Por su parte, el legislador colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que de la auditoría surgen elementos que ameritan la investigación parlamentaria. “Las primeras consultas que hemos hecho arrojan conformidad para proceder de este modo y para juzgar una cuestión que no juzga la Justicia, y tampoco se juzga en el terreno administrativo, que es la responsabilidad política”, señaló.
Rodríguez señaló a la diaria que van esperar a que lo notifiquen desde la Fiscalía para, eventualmente, responder las acusaciones.
“Apariencia delictiva”
Osta, vicepresidente de AFE, indicó en una rueda de prensa tras la reunión con los parlamentarios que hay hechos de “apariencia delictiva que pueden derivar en actos de corrupción”. “La Auditoría Interna de la Nación identifica riesgos de colusión, es decir, estamos hablando de hechos en los cuales pueden haber existido acuerdos ilícitos, clandestinos, para perjudicar al Estado”, afirmó Osta.
A modo de ejemplo, mencionó que se encontraron con una serie “muy grande” de “irregularidades muy importantes en la asignación y en la ocupación y el no cobro por mucho tiempo de alquileres, que en definitiva es un perjuicio muy importante para el Estado”. En ese sentido, afirmó, han encontrado casos “insólitos”, por ejemplo, de una solicitud de una persona que estaba viviendo en una vivienda de AFE, “pero parece que el alquiler se lo pagaba a un pastor”, es decir, había un tercero de por medio “cobrando alquiler por los predios y por una vivienda de AFE”.
“Se van sumando elementos muy graves; estamos hablando de dinero que deja de ingresar a las arcas del Estado y que justifican una denuncia penal y, a su vez, que estemos hoy con los parlamentarios del gobierno entregándoles esta información, a los efectos de que ellos determinen las instancias políticas que entiendan necesarias”, expresó.
Pollak, presidente del ente, agregó que detectaron 150 contratos de arrendamiento para casa habitación que hace ocho años que no se cobraban. Asimismo, sostuvo que detectaron “promesas de enajenación” de inmuebles a plazo hechas por leyes especiales que hacía diez que no se cobraban: “Ese daño se estimaría en brocha gruesa en 1.200 millones de dólares, es el lucro cesante que habría perdido el Estado por no gestionar el cobro de esos arriendos. Eso es un indicador de que hubo un abandono absoluto de la gestión y de las obligaciones inherentes al cargo”, expresó.
Lereté recordó que denunció ante el directorio de AFE que “uno de los gerentes generales presentó por escrito una propuesta para que los alquileres de 10.000 pesos hacia abajo no tuvieran que pasar más para ser analizados por el directorio, que tenía que ser una potestad de él”. El blanco sostuvo que se opusieron a esa medida porque “todo tenía que pasar y tiene que pasar por el directorio”.
En tanto, para Osta, durante las administraciones del Frente Amplio hubo una “mala gestión”, puesto que constataron “un Estado de dejadez absoluto” y que existió “un desprecio al manejo de los dineros públicos, a la forma en que se debe administrar una empresa pública, si es que se sostiene que se está en la línea de defenderla”.