La comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de ley de reforma de la seguridad social continúa recibiendo a distintas delegaciones involucradas en el tema; el martes, cuando se instaló la comisión, asistió una delegación del Poder Ejecutivo encabezada por los ministros de Trabajo, Pablo Mieres, y de Economía, Azucena Arbeleche. Este miércoles, en el segundo día de trabajo, fue el turno del directorio del Banco de Previsión Social (BPS), integrado por los directores políticos y sociales, en representación de los empresarios, trabajadores y jubilados.
Si bien estaba previsto que participara una delegación de representantes de las AFAP, esta tuvo que ser reagendada debido a lo extenso de la comparecencia de las autoridades del BPS. En esa instancia, por un lado, los directores designados por el gobierno dieron respaldo al proyecto y, por otro, los tres representantes sociales rechazaron en forma unánime la reforma.
“En el día de hoy, por supuesto con matices y con distintos fundamentos los tres representantes sociales estuvimos en contra de este proyecto porque entendemos que este no se está atacando la raíz del problema”, explicó a la diaria el representante de los trabajadores, Ramón Ruiz.
Entre los reparos que presentaron los tres representantes, Ruiz destacó que se argumentó en contra de la Agencia Reguladora de la Seguridad Social por considerarla “inconstitucional” y pidieron “que haya más diálogo, más discusión, para lograr los mayores consensos sociales y políticos posibles”, algo que consideró “muy importante para los próximos meses, porque esta discusión recién empieza”; asimismo, Ruiz dijo esperar que “los diputados no dejen que esta reforma pase”.
En tanto, desde la óptica de los diputados de la oposición, en una rueda de prensa, la diputada del Frente Amplio (FA) Ana Olivera señaló que se sigue “ahondando en lo que fue todo el debate que se produjo en el Senado”. Por un lado, Olivera criticó que se insista en que “nadie va a ganar menos” cuando desde el FA se manejan “los datos de que dos tercios aproximadamente van a ganar menos”, según datos del Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas.
Por otro lado, “está la afirmación de que no hay pérdida de derechos, y en realidad sí hay pérdida de derechos”, aseguró Olivera, e indicó que por “primera vez” se sabe “cuánto es el ahorro que se produce con la pensión por viudez” donde “hay una situación de pérdida de derechos que además afecta mayoritariamente a las mujeres”, y el ahorro estimado es de “0,1” según la diputada. Entre los otros temas que se tocaron estuvo “lo que significa la agencia reguladora [de la seguridad social]”, algo de lo que también “están en contra los tres delegados sociales” y los representantes de Cabildo Abierto en la comisión, Álvaro Perrone y Martín Sodano.
Olivera sostuvo que el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, habló en la comisión de “expectativa de derechos”, pero, insistió, “esas expectativas de derechos significan también menos dinero, o sea que los ahorros no son solamente porque la gente va a trabajar más y va a ganar menos”, sino que, por el contrario, “se ahorra por ejemplo en la jubilación por incapacidad”, de la que no se tiene aún “la cuantificación de cuánto es el ahorro que se produce, pero sí tenemos claro que hay una modificación en los montos y hay una modificación en el acceso”.
El reclamo de los pasivos
Sobre la pensión por incapacidad, justamente, es que de parte de los jubilados y pensionistas, representados en el directorio por Ariel Ferrari, acercaron una carta a la comisión en la que señalan los cambios que introduce el proyecto a la jubilación por imposibilidad física; además de señalar que es el único caso en el que no habrá una transición, es decir, comenzará a regir el día después de aprobada la ley para todo el mundo por igual, el texto se centra en el artículo 48 del proyecto, que primero establece que “la asignación de jubilación dependerá de la edad y los años de servicio que tenga reconocidos la persona que solicita la jubilación por imposibilidad”.
Lo que destacan los pasivos es que, previo al pago del suplemento solidario que reciben estos pensionistas, la conocida como tasa de adquisición de derechos, una idea similar a la de tasa de reemplazo, “es menor al 65% vigente”.
“También se debe tener en cuenta que en caso de tener hijos menores a cargo, o mayores absolutamente incapacitados, el monto a recibir por jubilación se suplementaría 20%”, acota el texto; por otra parte, entienden que si a la situación se le agrega “que el sueldo básico jubilatorio cae (porque se consideran los mejores 25 años de aportación y no los mejores 20 años)”, quienes se incapaciten tendrían entonces “un doble perjuicio”: por un lado, la señalada “caída de la tasa de reemplazo” y, por otro lado, esta tasa más baja “se aplicaría sobre un promedio de remuneraciones más bajo”.
Por último, se aclara que “los casos analizados son válidos para las personas cotizantes al BPS aunque, con algunas modificaciones en la cantidad de años de trabajo requerido, la misma dinámica se aplica a otras cajas o servicios de retiro”, y advierte que la transición puede ser más profunda “para afiliados a las cajas paraestatales que presentan mayores montos jubilatorios”.
Por otra parte, se dio un fuerte intercambio en la sesión entre el representante electo por los empresarios en el directorio BPS, José Pereyra y el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. Pereyra arremetió contra presuntas irregularidades del redactor del proyecto, Rolfo Saldain, cuando presidente del organismo en la década de los 90, según consigna El Observador También incluyó críticas al exministro de Trabajo del Frente Amplio, Ernesto Murro, y al anterior presidente del BPS durante este gobierno, Hugo Odizzio. “Parece que se olvidaron de lo que viene. Pasan los años y seguimos yendo a los mismos actores buscando resultados distintos”, afirmó.
Para Rodríguez todo el discurso de Pereyra sobre las gestiones pasadas estaba plagado de “barbaridades”. Por eso, pidió que los dichos de Pereyra fueran quitados de la versión taquigráfica, pero solo lo acompañaron los diputados del Partido Nacional, los demás rechazaron el pedido.