Fue en la sesión del 24 de enero que el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) votó discontinuar el convenio que mantiene con el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) por medio del cual esta organización lleva a cabo desde hace 30 años el Proyecto Nexo, una serie de talleres para adolescentes privados de libertad.
Los argumentos -según consta en la resolución a la que accedió la diaria- son tres: por un lado, “el costo económico excesivo que implica para la institución sostener el convenio”; por otro, que ya exista una “amplia propuesta de talleres educativos a nivel de educación formal y no formal con la que cuenta”, brindados por personal del Inisa; y, por último, que estos talleres no ofrecen la “acreditación de saberes” necesaria para el egreso. A Serpaj se le avisó luego, mediante un telegrama, que el convenio cesará el 31 de mayo.
La situación llegó al Parlamento el jueves 11, cuando delegaciones tanto de Serpaj como del Inisa asistieron a la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, donde desde la institución se aseguró que el motivo del cese es puramente económico.
Rosanna de Olivera, representante de Cabildo Abierto en el directorio del Inisa y presidenta de la institución, sostuvo ante los diputados que “en enero de 2022 hubo 39 adolescentes atendidos” por lo que se pagaron “497.600 pesos”; en tanto, “en febrero se atendió a 63 adolescentes y pagamos 454.000 pesos”.
“Puedo relatarles todo el año, pero el monto más bajo que pagamos en algún mes fue de 413.000 pesos y el monto más alto anduvo en 564.000 pesos”. De los talleres, “tres se daban dentro del Inisa, y para otros tres había que trasladar a los adolescentes, lo que implica que, por supuesto, tienen menos acceso porque no todos consiguen los permisos judiciales”, además de generar “otro tipo de costos a la institución”.
Luego está el tema de las horas. Según De Olivera, hay “un promedio de entre 45 y 50 horas semanales para los jóvenes” porque un “tallerista grado 3 universitario, con 20 horas semanales” como los utilizados por Serpaj, cuesta “500.000 pesos anuales”. Para la presidenta del Inisa, “claramente”, se puede “aumentar la cantidad de talleres, si así fuera necesario, con el mismo monto que estamos utilizando en Serpaj”; sin embargo, no se trataría de docentes con nivel universitario.
Informática, gastronomía y maquillaje artístico se dan en los centros, aunque no en todos. Barbería, alfabetización laboral y serigrafía, por el contrario, se cursan afuera, para quienes consigan los permisos. Si bien las autoridades del Inisa explicaron que no tienen problemas con “los contenidos” de los talleres, durante su comparecencia ante la comisión, la directora por el Partido Nacional, Rosario Pérez, señaló que en uno de ellos “se violó la laicidad”.
Fue, según Pérez, por “la creación de algún logo -en este caso, para un cantante- con el que, a mi juicio, se hacía apología del delito”. Se trató de una imagen para la vestimenta de un cantante de cumbia, que incluía -en palabras de Pérez- “un cupido” con “símbolos y tatuajes carcelarios”, donde, además, “su arco era una especie de arma”, algo que no le pareció “prudente”.
Consultada por la diaria, Pérez aclaró que “no es algo que no pudiéramos resolver hablando con la OSC [organización de la sociedad civil], ya que entiendo que fue más que nada desconocimiento de un docente”, además de insistir con que “realmente el motivo del cese no es ese”.
El argumento “queda vago”
En todas las administraciones que pasaron en las tres décadas que lleva el programa, este “nunca estuvo en jaque de esta forma”, explicó a la diaria Andrea Sorondo, integrante de Serpaj. “No tiene evaluaciones negativas en cuanto al contenido o lo técnico”, sobre todo si se tiene en cuenta que cuando se trata de iniciativas socioeducativas “la oferta es muy poca o nula”.
“Entendemos que hay cuestiones políticas, porque, después de 30 años de trabajo, que el argumento sea exclusivamente económico, cuando es algo que se sostuvo por varias décadas, queda vago”, argumentó, más aún teniendo en cuenta que “uno para brindar cursos obviamente va a destinar dineros”.
Los talleres, además, están pensados “dentro de la planificación quinquenal”, y sostener un convenio durante “tanto tiempo” conlleva “inversión que en realidad son materiales o sueldos”. La importancia de estas iniciativas se vuelve más relevante, según Sorondo, luego de que, mediante la ley de urgente consideración, “puedan estar hasta diez años privados de libertad”.
El cese, además de implicar la pérdida de 11 puestos de trabajo, contraviene, a entender de Serpaj, las recomendaciones hechas por el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas en 2022, donde se recomienda a Uruguay “aumentar el acceso de los menores detenidos a programas de educación, rehabilitación y reinserción social”.
Algo parecido sucede con las conclusiones finales del sexto informe periódico de Uruguay ante el Comité de Derechos Humanos, donde las principales prioridades pasan por “velar por que se evite, en la mayor medida posible, la detención preventiva de niños, niñas y adolescentes, promoviendo el uso de medidas de sustitución que no impliquen privación de libertad y garanticen su rehabilitación y reintegración en la comunidad, tomando en cuenta su interés superior; y armonizar su legislación y sus prácticas en materia de adolescentes en conflicto con la ley con el Pacto y las normas internacionales”, según cita Serpaj en una carta abierta. La historia tendrá un nuevo capítulo este martes, cuando representantes de la organización comparezcan ante la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado.