El lunes fue uno de esos días –y esas noches– en el Palacio Legislativo en las que el bacalao se corta en los pasillos y despachos, y no dentro de las cámaras. Mientras en el plenario de Diputados se debatía el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, en el despacho de la presidencia de la cámara baja se vivían intensas negociaciones entre legisladores oficialistas con Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Sobre la mesa estaba terminar de definir los detalles de los 466 millones de pesos que se reasignaron en comisión de Diputados, pero sobre todo intentar llegar a un acuerdo con Cabildo Abierto (CA), dado que por la mañana el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos anunció que no votaría el proyecto si el Poder Ejecutivo no accedía a su pedido de incremento presupuestal para salarios de los escalafones más bajos del Ejército.
De tarde, en la puerta de su despacho, Manini Ríos dijo en una rueda de prensa que el sábado, casi en el momento de la votación, se les anunció que no había recursos para su pedido, y que incluso el propio ministro de Defensa Nacional, Javier García, “no estaba de acuerdo con que se otorgaran esos recursos”. Pero el senador subrayó que “esos recursos tienen que aparecer, porque se trata del sector más sumergido, el sector que está con los sueldos más bajos de la administración pública, lejos del que le sigue más bajo”.
Manini Ríos subrayó que en el documento “Compromiso por el país”, que firmaron los partidos de la coalición antes del balotaje de 2019, se habló de “mejorar esta situación”, pero “las mejoras han sido muy menores”, por lo tanto, en esta Rendición de Cuentas, que es la última que puede mejorar esa situación –dado que la Constitución prohíbe incrementos en año electoral–, “no puede quedar sin respuesta”. El senador destacó que el dinero que piden (500 millones de pesos) también es para Sanidad Militar, “para atender, entre otras cosas, la salud mental”, ya que dentro de ese plan “se están destinando dineros a los prestadores de salud”, pero no al Ministerio de Defensa Nacional. “En este tema creemos que nos asiste totalmente la razón porque estamos planteando cosas de estricta justicia”, subrayó.
Manini Ríos agregó que si no se solucionaba el tema, estaban dispuestos a no votar la Rendición de Cuentas, y que no hay que pensar que por eso “van a dejar sin presupuesto” al gobierno porque “puede haber votos del Frente Amplio” (FA). “CA no está dispuesto a votar si no se contempla esto, pero puede haber votos de otro partido que den las mayorías necesarias”, finalizó.
Como era de esperar, en la coalición la actitud de CA no cayó bien. Este lunes, en una rueda de prensa, el senador blanco Jorge Gandini dijo que no creía que “la sangre llegue al río”, es decir, “que CA vaya a dejar sin presupuesto al país”, así como tampoco creía que CA “vote en contra del presupuesto de sus propios ministros”, dado que los titulares del Ministerio de Salud Pública (Karina Rando) y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Raúl Lozano), ambos cabildantes, firmaron el proyecto en general, “y tienen muchos artículos de su propio interés”, incluido el plan de salud mental –el caballito de batalla del Poder Ejecutivo en esta rendición–.
Además, Gandini dijo que si él estuviera en esa situación y su partido le votara en contra de su presupuesto, se iría del cargo de ministro, “obviamente”. “Pero yo no sé qué va a hacer CA, aunque, reitero, creo que es una ficción, no vamos a llegar a eso”, finalizó.
Según supo la diaria, el diputado blanco Sebastián Andújar, presidente de la cámara baja, así como integrantes del Poder Ejecutivo –Blanco, del MEF, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado–, a lo largo de toda la tarde y parte de la noche del lunes trataron de construir puentes con CA para solucionar el problema.
Finalmente, en la madrugada, con 56 votos de la coalición -y el apoyo de CA-, el proyecto de ley se aprobó en general. Este martes comenzará la votación del articulado y luego, cuando se trate la rendición en el Senado, “se van a tomar en cuenta las reivindicaciones de CA”, según dijeron legisladores nacionalistas.
Fuentes blancas subrayaron que en el Partido Nacional no hacen juicio de valor sobre las reivindicaciones de CA y piensan que por lo menos los liderados por Manini Ríos son “coherentes”, porque las plantearon en todas las rendiciones de cuentas.
Para el FA, el proyecto refleja un modelo “amplificador de la desigualdad”
A todo esto, en la noche del lunes el FA brindó una conferencia de prensa sobre el proyecto. El diputado Gonzalo Civila subrayó que desde el punto de vista de la coalición de izquierda, la Rendición de Cuentas refleja “un modelo generador de desigualdad” y también “amplificador de la desigualdad”. “A esta altura, en la última rendición de cuentas donde se puede incrementar el gasto público podemos decir que el resultado de estos años de gobierno es básicamente la concentración del crecimiento económico en pocas manos. Tenemos un país en el que los salarios no han crecido –por el contrario, han caído, recién empiezan a recuperarse–, mientras que las ganancias de sectores muy concentrados de la economía han aumentado”, sostuvo.
A su vez, la diputada del FA Lilián Galán, que fue el miembro informante en minoría por la bancada de la oposición, dijo que “no se quiere debatir” sobre el proyecto y que la coalición ha mostrado un “país exitista” pero que en realidad el FA no lo ve de esa forma, porque “creció la pobreza infantil, hay 150.000 niños en estado de pobreza” y “48% más de población en situación de calle”, según dijo el propio Martín Lema, titular del Ministerio de Desarrollo Social.
“Eso nos muestra un país que va a dejar una herencia muy triste, terrible para el país, que los próximos gobiernos tendrán que asumir. Y una desprolijidad en la gestión. A pesar de los 23 millones de dólares que hoy esta rendición aporta a salud mental, creemos que no se va a poder gestionar, porque hasta ahora todo lo que ha sido mencionado con bombos y platillos, como las asignaciones en primera infancia y ‘asentamiento cero’, han quedado en el olvido, no lo han podido gestionar”, aseguró.
Por último, Galán subrayó que la situación de la salud mental es “una triste realidad que está viviendo la sociedad uruguaya, después de una pandemia mundial y de una gran crisis económica y social”, pero, dada la gestión de los recursos de este gobierno, “no va a poder implementar los planes de salud mental”, insistió.