Contrario a lo que se puede pensar, la frontera entre la tierra y el espacio exterior es difusa: a mayor altitud, la atmósfera comienza a perder densidad hasta llegar al vacío silencioso en el que predominan el hidrógeno y la radiación electromagnética, y 100 kilómetros por encima del nivel del mar se encuentra la línea de Kármán, una línea imaginaria que la comunidad internacional trazó para pautar el límite entre la atmósfera y el espacio exterior y entre las actividades aeronáuticas y las aeroespaciales.
Además de esta línea imaginaria, hay tratados y acuerdos internacionales que establecen cómo actuar con respecto al espacio ultraterrestre, como la prohibición de colocar armas nucleares en la órbita terrestre o declarar a otros planetas y a la luna patrimonio de la humanidad, con la prohibición de que los países los reclamen como propios. A estos tratados es que el gobierno uruguayo busca ajustarse con la creación de una agencia espacial, un proyecto de ley que está a estudio de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, por la que hace unos meses desfilan delegaciones vinculadas al tema.
En la exposición de motivos del proyecto se habla de los tratados a los que Uruguay suscribe pero también de la “creciente participación del sector privado en actividades espaciales”, por lo que se vuelve importante “adoptar medidas adecuadas a nivel nacional en lo que respecta a la autorización y supervisión de las actividades espaciales no gubernamentales”. Esto es lo que se pretende regular por medio de esta agencia, que implementará un plan diseñado por la Junta Nacional de Política Espacial, otro organismo creado por decreto en febrero de 2022 dentro del Ministerio de Defensa Nacional.
El papel de Satellogic
La agricultura, la topografía, el control migratorio, las telecomunicaciones, la geolocalización, todo pasa por encima de la línea de Kármán a través de satélites como los que fabrica Satellogic, la multinacional de origen argentino instalada en Zonamérica que, por ahora, es la única en el rubro que funciona en Uruguay. Satellogic fabrica lo que podrían llamarse “minisatélites” –un formato conocido como cubesat–, mucho más pequeños que los tradicionales, con cámaras que permiten tomar fotos de la tierra de alta calidad, que luego son vendidas a sus clientes.
Según informó El Observador en marzo de 2022, Satellogic colaboró con Ucrania y la OTAN en la toma de imágenes del territorio ucraniano en los albores del conflicto con Rusia para “proporcionar una cobertura de alta resolución en tiempo crítico en Ucrania y las áreas circundantes afectadas por la invasión rusa”, tal como señalaba entonces la empresa en un comunicado. Satellogic además cotiza en la bolsa de Nueva York tras un acuerdo con un fondo de inversión norteamericano y uno de sus directores es el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, de nacionalidad argentina.
En noviembre de 2021, antes de que el proyecto de la agencia fuera enviado al Parlamento, Satellogic firmó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Defensa “en todos aquellos temas relacionados con emprendimientos espaciales, la investigación, la tecnología, el conocimiento académico, servicios y recursos de equipamiento”, y, de acuerdo a lo que recogía Brecha en su momento, los estudiantes de la Escuela Militar de Aeronáutica suelen visitar las instalaciones de Satellogic guiados por el líder de manufacturación de la empresa, Ignacio Gurméndez, quien es hijo del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez.
El proyecto que busca crear la agencia espacial prevé un vínculo fuerte con el sector privado, dado que se propone financiarla “mediante las asignaciones presupuestales determinadas legalmente” y de “préstamos o donaciones de organismos nacionales o internacionales, públicos o privados”. Asimismo, para su dirección se crea un consejo directivo integrado por “un representante de la Presidencia de la República y los restantes cuatro designados por el Poder Ejecutivo”, que a su vez nombrará al consejo asesor de empresas, “compuesto por representantes de empresas nacionales e internacionales instaladas en el país, pertenecientes al sector de las tecnologías espaciales”.
Varias delegaciones del Poder Ejecutivo que han asistido a la comisión que trata el proyecto han alertado sobre un posible solapamiento de competencias entre sus respectivos organismos. Por ejemplo, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) propuso que se dejen por fuera de las competencias de la agencia los satélites de telecomunicaciones y, en una línea similar, el 2 de agosto, cuando la delegación de Antel visitó la comisión, su vicepresidente, Pablo Lanz, manifestó su apoyo a la creación de la agencia pero llamó a impedir que “exista una colisión de competencias”.
El “nicho” para los privados
La diputada del Frente Amplio (FA) Micaela Melgar entendió, en diálogo con la diaria, que si bien “es necesario que el país tenga un organismo centralizado que trabaje estos temas”, este proyecto de ley “corre el riesgo de ser un organismo que responda casi exclusivamente a intereses privados y que sólo responda a intereses privados empresariales”, además de “que no cuide la soberanía del país, y que no asegure que los intereses del Uruguay estén resguardados”.
“El tema satelital no es sólo el lanzamiento de satélites, sino que es todo lo que sucede con la información que los satélites registran y después se decodifican”, como, por ejemplo, “información geográfica, información relacionada a la seguridad pública, información para el turismo”, analizó Melgar.
Según supo la diaria, se espera que este mes terminen las visitas de las delegaciones y se proceda a hacer cambios en el texto para evitar el solapamiento de competencias y revisar la gobernabilidad de la agencia.
“¿Por qué hay privados en las agencias espaciales? Porque las agencias espaciales hoy no pueden financiar actividades espaciales si no vienen los privados a jugar”, afirmó en diálogo con la diaria el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y principal impulsor de la iniciativa, el almirante de Aire Luis de León. A su vez, explicó que “la actividad espacial en el mundo se desarrolla en base a actividades que el Estado pretende llevar adelante y que algunas las administra y otras las delega”, y la agencia, por lo tanto, “lo que tendría que hacer es ver cuáles son los intereses del Estado” y qué actividades deberían “ser privadas, cuáles deberían llevarse a cabo como público-privadas y cuáles como públicas”.
Quien distingue entre los intereses del Estado y las actividades privadas “tendría que ser la Junta de Política Espacial”, sostuvo de León. Este órgano tiene una integración repartida entre la Ursec, la cancillería, la FAU, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otras reparticiones del Estado vinculadas tanto a las telecomunicaciones como a los datos espaciales –hay una unidad específica que funciona en Presidencia dedicada a esto–, así como otros miembros asesores, entre los que se encuentran la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, hasta donde pudo saber la diaria, la Junta no se ha reunido desde su creación.
Otro de los grandes temas vinculados a esta agencia tiene que ver con el lanzamiento de satélites. Según publicó Búsqueda, de León indicó que hay “un nicho” para esto con “empresas que quieren venir” y comentó que hay una auditoría internacional evaluando la posibilidad de “la instalación de un puerto espacial para posibles proyectos de lanzamiento”.
Uruguay XXI es parte de los que coordinan con la auditoría; su gerente de Inversiones, Alejandro Ferrari, señaló ante la comisión del Parlamento que “además de las empresas que ya están [en el país]” hay otra, llamada Epic Aerospace, “que produce un dispositivo que mueve un satélite en la órbita”, algo así como un remolque espacial. El problema radica en que estas empresas esperan mucho tiempo para ser tenidas en cuenta para los lanzamientos, por lo que se evalúa “la posibilidad de un puerto espacial para instalarse para lanzar”.