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El fuselaje de un avión Boeing 737, perteneciente a Pluna, es transportado desde el aeropuerto de Carrasco (archivo, enero de 2018).

Foto: Miguel Rojo, AFP

Fallo adverso a Uruguay sobre Pluna generó cruce de acusaciones entre oficialismo y oposición: “Lo que se hace mal, termina mal”

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Especialista en acuerdos de inversiones afirma que este proceso parecería configurar “un fondo de inversión buitre” y remarcó que el sistema de arbitraje internacional genera “una especie de shopping de posibles demandas contra estados”.

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Leído por Andrés Alba.
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Uruguay fue condenado este martes a pagar unos 30 millones de dólares –más intereses– a la empresa panameña Latin American Regional Aviation Holdings (Larah) por el cierre en 2012 de la aerolínea uruguaya Pluna, según informó El País y confirmó la diaria. La demanda original que Larah había presentado en 2019 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, pedía un total de 860 millones de dólares.

Larah, propietaria de los derechos legales de Leadgate, socio mayoritario de Pluna en el momento del cierre de la aerolínea durante el gobierno del frenteamplista José Mujica (2010-2015), basó su demanda en un supuesto incumplimiento del tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Panamá, firmado en 1998.

La empresa panameña acusó al gobierno uruguayo de crear problemas de liquidez innecesarios, así como también de rechazar arbitrariamente líneas de crédito adicionales que podrían haber evitado el quiebre de la aerolínea, según consignó en su momento la publicación especializada Global Arbitrarion Review.

En diálogo con la diaria, Natalia Carrau, politóloga especializada en acuerdos de inversiones, señaló que se trata del primer “fallo contrario” que recibe el Estado uruguayo en un juicio internacional, aunque aclaró que esto “no quiere decir que en todos los otros casos se haya ganado”, ya que en algunos casos “se desestimaron las demandas”.

Desde Presidencia señalaron a la diaria que, “tras la labor de la defensa” contratada por el gobierno uruguayo, se consiguió bajar “al máximo la reclamación” de Larah, y el tribunal del Ciadi condenó al Estado uruguayo “sólo al 6% de lo reclamado”.

Álvaro Delgado: “Un tema heredado”

Durante un acto en Cerro Largo, el precandidato del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado expresó su malestar por el fallo del Ciadi. “Me indignó”, expresó, y agregó que fue “un tema heredado” por la coalición de gobierno, que “lo que hizo fue agarrar el mismo estudio que teníamos y tratar de generar una estrategia para que la demanda, que originalmente era de 800 millones de dólares, por lo menos, se pudiera reducir”. Y esto, que definió como un “esfuerzo titánico”, se consiguió: “Se redujo, pero hay que pagar”.

Delgado afirmó que la condena contra el Estado uruguayo es consecuencia de “un negocio mal hecho de los gobiernos del FA”. El precandidato del PN dijo que en la sentencia del Ciadi “se habla de violación de normas y convenios internacionales, de subastas mentirosas, de negliciencia y de mala fe”. “A uno lo asusta, porque nosotros somos administradores de la plata de todos ustedes y tenemos la responsabilidad de administrarla bien”, expresó. Delgado afirmó que “lo que se hace mal, termina mal” y, si bien señaló que “todos nos podemos equivocar”, sostuvo que “lo político no está por encima de lo jurídico, bajo ningún concepto”.

Por su parte, en un acto en Treinta y Tres, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, calificó el fallo del Ciadi como una “terrible noticia”. “Los uruguayos vamos a tener que poner de nuestro bolsillo más de 30 millones de dólares por un negocio ruinoso”, lamentó. En referencia a los precandidatos del FA, afirmó que “es obvio que tampoco quieren hablar ni de Arazatí, ni de Pluna ni del horno de Ancap en Paysandú”.

Las reacciones de los precandidatos del FA

“Es el precio que pagamos por la dependencia”, reflexionó Mujica una vez conocido el fallo, en entrevista con VTV Noticias. El expresidente afirmó que el cierre de la aerolínea uruguaya era la única solución en 2012, dado que “Pluna era una cosa que estaba muerta hace una década”. También señaló que lo que se había hecho en gobiernos anteriores para tratar de salvar a la empresa, como la asociación con la brasileña Varig, “lo único que hizo fue agravar el asunto”.

En la misma línea, el intendente de Canelones y precandidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, sostuvo en rueda de prensa que la sentencia del Ciadi “es una muy mala noticia”. Si bien señaló que en el pasado hubo “experiencias donde se ganó”, consideró que, “como país, deberíamos ver cómo mejorar ese aspecto de la defensa”. “Esto se cocina todo en el norte, te lo resuelven allá. No nos olvidemos de lo que pasó con el tema de las tabacaleras. Es algo que no hay gobierno que se escape”, manifestó.

La intendenta de Montevideo y también precandidata del FA, Carolina Cosse, coincidió en que se trata de “una mala noticia”. Consultada sobre la responsabilidad del gobierno de Mujica en el dictamen, dijo en rueda de prensa que “no se puede sacar un punto y que eso explique toda la película”. Afirmó que el cierre de Pluna fue “un fenómeno complejo”, que empezó “mucho antes que los gobiernos del FA”.

Por otra parte, Cosse se mostró sorprendida porque “en estas últimas 72 horas” empezaron a “aparecer sobre el tapete” tanto Pluna como Venezuela. “Se ve que en carnaval se pusieron creativos. Es una casualidad que me llama la atención y que me parece que nos distrae de los temas verdaderamente importantes”, expresó.

En tanto, para el senador y precandidato del FA Mario Bergara la resolución del caso se debió “a una circunstancia, en buena medida, de riesgo político que generó esa decisión”. Señaló que, en “momentos difíciles de Pluna”, cuando estaba “al borde ya casi de la quiebra”, “la mayoría privada en el directorio de la empresa en aquel momento planteó la necesidad de tomar un endeudamiento de un banco”, mientras que “los dos representantes del Estado” votaron en contra, lo cual después “generó mucho ruido político”.

Bergara señaló que “pudo haber habido alguna decisión de gobierno en la dirección equivocada”, pero apuntó que también existió “un montón de juego político” entre oficialistas y la oposición de la época. En definitiva, consideró que, si bien “puede ser muy controvertida”, es una decisión del Ciadi y “obviamente hay que respetarla”.

“Un fondo de inversión buitre”

La demanda de Larah contra el Estado uruguayo se presentó en 2019, pero viene de antes. En 2007, la empresa Leadgate invirtió y adquirió 75% de las acciones de la aerolínea uruguaya, convirtiéndose así en el socio mayoritario. Pero cinco años después, en 2012, Leadgate debió entregar ese porcentaje al Estado. Ese mismo año, Leadgate cierra y Pluna es declarada en bancarrota. En ese momento, Leadgate “no recibe una compensación al respecto”, apuntó Carrau.

De acuerdo a un informe que elaboró Carrau, entre 2007 y 2012 Pluna perdió alrededor de 85 millones de dólares y “dejó un pasivo en la aerolínea mayor a los 300 millones de dólares”. En aquel entonces, Leadgate justificó las pérdidas con base en “la crisis de 2008, la situación internacional y regional que enfrentaba el sector aeronáutico, el costo del combustible y medidas proteccionistas de gobiernos extranjeros”, según marca el informe.

La especialista señaló que, tiempo después, en 2013, “los directivos de Leadgate fueron procesados con prisión por un delito confirmado de estafa especialmente agravado”. Pese a esto, en 2018, Leadgate transfiere los derechos legales de la empresa a Tenor Capital Management, “que es una de las caras visibles de Larah”, señaló. A su vez, Larah tiene “una sociedad con una empresa panameña, que se llama Caballero Verde”, a partir de la cual esgrime el argumento del tratado internacional entre Uruguay y Panamá. En 2019, finalmente, Larah presentó la demanda ante el Ciadi.

Según Carrau, este proceso parecería configurar “un fondo de inversión buitre”, en el sentido de que una empresa adquiere otra empresa “con la expectativa de poder lucrar eventualmente en un juicio contra un estado”. A su entender, “eso es lo que está en tela de juicio”, es decir, un sistema de arbitraje internacional “que genera este tipo de situaciones”, “una especie de shopping de posibles demandas contra estados”. “Acá no hay nada fuera de la ley; lo complicado es que dentro de la ley operen estos mecanismos”, resaltó.

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