A partir del escándalo en torno a la denuncia falsa contra el precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi, la Asociación de Abogados Penalistas aprovechó para cargar contra la Ley 19.580 sobre violencia hacia las mujeres basada en género y lo que, según un comunicado del gremio, constituyen “erróneas interpretaciones propiciadas por determinados operadores y organizaciones que reivindican la ideología de género”. Dirigentes de la coalición de gobierno, como el senador cabildante Guido Manini Ríos, también se manifestaron en el mismo sentido.
El principal cuestionamiento a la ley, cuyo cometido es “garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género”, está en el artículo 59, que establece que “cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género puede, por cualquier medio, dar noticia al tribunal o a la fiscalía competente” y dispone que, “siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado”.
Consultado al respecto, el diputado colorado Ope Pasquet dijo a la diaria que este “es uno de los artículos [de la ley] que claramente tienen que ser modificados”, porque “una cosa es que se diga que no hay responsabilidad si el denunciante obró de buena fe y otra cosa es la verosimilitud” a la que refiere la normativa vigente.
Según Pasquet, “es un disparate que al que actúa con una mala fe más elaborada, de manera de fortalecer la verosimilitud de la mentira, se le exonere de responsabilidad”. Afirmó que “la exoneración de responsabilidad tiene que ser al revés”, es decir, “para quien actúa de buena fe y se equivoca de buena fe”, lo cual “puede pasar”, “pero no podemos premiar al que dolosamente prepara toda una artimaña para engañar de manera más eficaz”.
Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo a la diaria que la denuncia falsa contra Orsi “dejó en evidencia lo que muchos decíamos desde hace años, que estaba pasando y que pasa”. No obstante, descartó que en lo que resta del período de gobierno el oficialismo avance en una modificación de la Ley 19.580. “Esto a lo loco no se puede legislar, y menos en un período electoral; en este momento no estamos para eso”, señaló.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, afirmó a través de X que “agarrarse de la barbaridad que hicieron estas dos mujeres trans, tengan o no un operativo atrás, para culpar a una ley, que es la defensa y garantía ante el infierno por el que pasan miles de mujeres, niños y niñas cada día en este país, es de ignorantes”. Aunque aclaró que “no hay ninguna ley sagrada ni intocable”, afirmó que la normativa vigente “es un muy buen instrumento”.
No hay ninguna ley sagrada ni intocable. La 19.580, tampoco, y quizás haya que conversar sobre eso (preferiblemente no en año electoral). Ahora, agarrarse de la barbaridad que hicieron estas dos mujeres trans, tengan o no un operativo atrás, para
— Mónica Bottero (@MnicaBottero) May 6, 2024
En el FA la ley “no está en discusión”
En diálogo con la diaria, la presidenta de la Comisión de Género y Feminismo del FA, Patricia González, sostuvo que el argumento de las denuncias falsas para modificar o derogar la Ley 19.580 “se cae por su propio peso”, dado que, “si por algo detienen a Romina [Celeste], es justamente por eso”. Afirmó que “las denuncias falsas no están permitidas” y aseguró que “siempre tiene consecuencias mentirle a la Justicia”.
González señaló que, desde su aprobación a fines de 2017, “la ley siempre tuvo detractores”. “El antifeminismo vive y lucha. Siempre van a aprovechar para decir que el problema es que las mujeres mienten, o sea, el problema no son los femicidios, es la mentira de las mujeres”, cuestionó.
Por otra parte, González dijo que dentro del FA la ley sobre violencia hacia las mujeres basada en género “no está en discusión”. “Para nosotros no está en discusión que tenga que existir la ley, y sobre eso tenemos acuerdo, más allá de que después habrá personas que tengan matices”, manifestó.
La senadora del FA Liliam Kechichian dijo a la diaria que en el caso de Orsi “claramente hay calumnias, denuncias falsas y mucha cosa que hay que seguir investigando”, pero, a su entender, se trata de “un episodio delictivo que no tiene nada que ver con la ley de violencia basada en género”, la cual “hay que defender”.
“Creo que hay una parte de la coalición de gobierno y una parte de la derecha en el Uruguay y en el mundo que está tratando de tirar atrás un conjunto de derechos que se lograron con mucha lucha”, expresó Kechichian.
La senadora frenteamplista Sandra Lazo, en tanto, dijo a la diaria que “la ley es buena y garantista”, y además permite “formas de saber cuándo una denuncia es falsa, lo que pasa que hay que dotar de presupuesto a la Justicia, que es lo que está fallando”. “Si dotamos de presupuesto y de personal, como corresponde, para que no se sigan acumulando carpetas y carpetas y pasen estas cosas, el camino sería otro”, aseguró, y agregó que la Justicia “muchas veces está sobrepasada por falta de presupuesto”.
Sobre las críticas a la ley que surgieron a raíz del caso de Orsi, Lazo consideró que “lo más fácil es el camino que están eligiendo”, pero “nosotros no vamos a aceptar que se diga que es una mala ley”.