El movimiento autoconvocado Comisión Nacional de Control y Participación Ciudadana presentó este viernes una serie de pedidos de acceso a la información pública ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Congreso de Intendentes y cada uno de los gobiernos departamentales del país para determinar el modelo de control y asignación de los 15 millones de dólares que el gobierno central distribuyó a las diferentes intendencias para reparar caminos afectados por la recientemente decretada emergencia nacional vial.
En diálogo con la diaria, su presidente, el economista Jorge Núñez, dijo que el movimiento nació en torno a una “investigación” sobre un camino rural específico –el camino a Tapia, que conecta la localidad homónima con la ciudad de San Jacinto– por parte de una comisión de vecinos, pero que, a medida que pasó el tiempo, el grupo creció a nivel nacional y contó con el apoyo del movimiento Un Solo Uruguay, en cuyo encuentro anual participó como orador.
El presidente de la comisión sostuvo que existieron cambios en el modelo de control de certificación de las obras de mantenimiento de caminería rural, introducidos con la Ley de Presupuesto de 2021. Esto consta en una respuesta a un pedido de informes sobre la ejecución del Programa de Caminería Rural, emitida por la OPP y a la que pudo acceder la diaria, que enuncia que desde entonces “la certificación de los trabajos de mantenimiento de caminería es realizada por los técnicos de los gobiernos departamentales”. Para Núñez, eso no es un “tema menor”, ya que el organismo debería ser el encargado de controlar los avances de obra para garantizar que los fondos que transfiere a los gobiernos departamentales hayan sido aplicados adecuadamente.
Asimismo, alertó que, a partir de los diferentes pedidos de informes realizados por integrantes del movimiento, es posible identificar diferencias entre el costo de mantenimiento ordinario por kilómetro para caminos reportados por las diferentes intendencias y el sugerido por la propia OPP, según recoge un informe elaborado por Núñez.
A modo de ejemplo, el presidente de la comisión hizo una comparación entre las obras de mantenimiento llevadas a cabo por la Intendencia de Canelones en el camino a Tapia, que de acuerdo con una respuesta a pedidos de informes cursada al final de 2022 se estima que ronda los 103.926 pesos por kilómetro, y aquellas realizadas por la Intendencia de Rivera en el camino Buena Unión, cuyo costo “se prevé” en los 44.607 pesos por kilómetro –el costo sugerido por la propia OPP–, de acuerdo con un documento remitido a inicios de 2023.
Sin embargo, cabe agregar que el informe de la Intendencia de Canelones desagrega el gasto y explica que es resultado de “distintos factores”, como el costo de materiales, su transporte y otros “trabajos inherentes”, y que también contempla gastos por limpieza de cunetas, mientras que en el informe remitido por la Intendencia de Rivera no se observa desglose alguno.
De todas formas, el informe de la Intendencia de Canelones reconoce que “no realiza un presupuesto de mantenimiento anual camino por camino” y que, en su lugar, “las intervenciones se realizan de acuerdo a un plan realizado en conjunto con los respectivos municipios”, por lo que “el presupuesto no sólo [no] es individual por camino sino que tampoco es constante en el correr de los años”.
El presidente de la comisión ciudadana también cuestionó la utilidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento frecuentes en caminos rurales que no perduran en el tiempo: de acuerdo con él, resultaría más eficiente, a largo plazo, avanzar con obras de mejoramiento de la infraestructura. En esta línea, apuntó a la insustentabilidad que representa el “uso indiscriminado de tosca [la piedra caliza utilizada en obras de vialidad]”, que “rompe la veta del agua”, y a los “costos intrínsecos” producto de la mala infraestructura, como posibles desvíos, roturas, muertes por accidentes evitables e incluso el eventual aislamiento de establecimientos y poblaciones rurales. “Esto no tiene nada que ver con los 600 milímetros de agua que cayeron, el programa de caminería rural es ineficiente y tiene falta de transparencia desde hace 40 años”, sentenció.
Subdirector de la OPP: “Lo que tiene que hacer el administrador de turno es un equilibrio”
Sin embargo, y respecto de las preocupaciones manifestadas por Núñez, el subdirector de la OPP, Benjamín Irazábal, dijo a la diaria que, aparte de un control mensual “contra certificados de avance de obra” provenientes de las diferentes intendencias, el organismo “va aleatoriamente inspeccionando caminos” en “todos los departamentos”.
Este cambio en la metodología de control es aquel al que el documento entregado por la OPP hace referencia y que, de acuerdo con Irazábal, surgió producto del carácter “elemental” de las obras de mantenimiento comprendidas en el programa, lo que dificulta su revisión luego de impericias climáticas sumadas a su uso inmediato, que implican pérdidas en el trabajo realizado, algo que caracterizó como “una cuestión lógica”.
“Muchas veces es incomprobable si se maquinó o no”, sintetizó, aunque agregó que “lo que sí se controla” son los recargos o mantenimientos extraordinarios, ya que “un camino que estaba en mal estado y se recargó, por más que haya lluvia y pasen camiones, tiene que estar en buen estado”, afirmó.
Por otra parte, consultado sobre las diferencias de costos y criterios prácticos, como aquellas observadas entre los diferentes gobiernos departamentales, y si el delegar parte del control de avance de obra a estos no atenta contra la estricta aplicación de las prácticas recomendadas por la propia OPP, Irazábal apeló en primer lugar a su “autonomía” y, asimismo, argumentó que lo criticado por Núñez responde a una asimetría en cuanto a recursos, entre otros, “el presupuesto” y “la disponibilidad de cantera [de tosca]” de cada intendencia.
“Lógicamente, lo que tiene que hacer el administrador de turno es un equilibrio: arreglo medianamente bien este tramo que tiene mucha demanda, este lo arreglo más o menos y este ni siquiera lo arreglo”, dijo el subdirector de la OPP, quien lamentó que “la realidad nacional” es que los fondos “dan para maquinar 9.000 kilómetros por año de una red de 40.000”.