En el cuarto día de aplicación de la nueva ley de internación involuntaria se realizaron siete intervenciones, cinco en Montevideo, una en Treinta y Tres y otra en Durazno, según datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a los que accedió la diaria.
Los colectivos vinculados a la salud mental continúan expresándose en contra de la normativa, que establece la conducción de personas en situación de calle hacia centros de salud para ser valoradas, internadas y estabilizadas por equipos médicos multidisciplinarios, en ocasiones en las que presenten riesgo “de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte”, aun sin su consentimiento.
El último colectivo en expresarse fue la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. A través de un comunicado, los profesionales manifiestan “rechazo, desacuerdo y profunda preocupación” frente a las acciones que se desarrollaron durante los últimos días en cumplimiento de la ley de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle (20.279).
Al igual que la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría y otros colectivos como el Frente Antimanicomial, la coordinadora entiende que la metodología empleada para llevar adelante esta “prestación de asistencia” parte de equivocaciones, entre ellas, “la ausencia de dispositivos y medidas integrales de atención y abordaje de una situación por más compleja”, tanto para las personas que padecen la situación de calle como para la sociedad en su conjunto. Para los especialistas, es evidente que se actuó “con improvisación y que no se pensó en el impacto y el aumento del nivel de sufrimiento psíquico” que la situación genera.
Por otra parte, el grupo exige que se cumplan “aspectos medulares” de la Ley de Salud Mental, entre ellos, la desinstitucionalización de las personas con padecimientos mentales a través del cierre progresivo de los centros asilares y monovalentes. En este sentido remarcan que no sólo el proceso “avanzó poco”, sino que la reciente ley propone generar “nuevas unidades cerradas de confinamiento”.