Con el gremio de funcionarios municipales manifestándose en las inmediaciones del Palacio Legislativo, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado recibió este jueves al intendente de Salto, el nacionalista Carlos Albisu, con el propósito de tratar la reciente desvinculación de 291 trabajadores de la comuna, quienes habían firmado un convenio colectivo durante la anterior administración.
Antes de Albisu, compareció ante la misma comisión el ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo. En rueda de prensa, el ministro sostuvo que el despido de 291 trabajadores es algo “muy fuerte para cualquier gremio y en cualquier lugar”.
Consultado sobre si en este caso existe un incumplimiento del acuerdo vigente por parte de la Intendencia de Salto, Castillo expresó: “Si hay un convenio colectivo que está firmado, y que establece para cada una de las partes determinadas responsabilidades y reaseguros, cuando no se cumple, hay una violación del convenio, de eso no hay dudas de parte de nosotros”.
No obstante, el ministro remarcó la voluntad del Poder Ejecutivo de que tanto el sindicato como el gobierno departamental “vuelvan al ámbito de negociación”. “Nosotros lo que queremos y en lo que insistimos es, en un ámbito de discusión, discutir las condiciones laborales desde un nuevo criterio”, resaltó.
Semanas después de haber asumido al frente del gobierno departamental, luego de diez años de administraciones frenteamplistas, el nacionalista Albisu dispuso el cese de estos trabajadores con el argumento de que su ingreso a la intendencia como personal permanente se hizo por medio de un convenio colectivo “claramente violatorio de normas legales y constitucionales”.
En una conferencia de prensa, Albisu afirmó que estos funcionarios municipales ingresaron en forma directa por resolución del entonces intendente frenteamplista Andrés Lima. El nuevo jefe departamental acusó a la anterior administración de “haber intentado dejar como permanentes a 291 designaciones directas, muchos de ellos punteros políticos o personas que nunca cumplieron tareas municipales”. Este jueves, el nacionalista se retiró del Parlamento sin hacer declaraciones a la prensa.
Robert Silva destacó que Albisu fue a la comisión y “dio la cara”
Quien sí habló fue el senador del Partido Colorado Robert Silva, miembro de la comisión. Según el legislador colorado, Albisu “hizo una presentación con todo su equipo, respaldando jurídicamente las decisiones adoptadas”.
“Me llamó poderosamente la atención que en los últimos 20 días fue cuando el último gobierno de Salto del Frente Amplio inscribió el convenio colectivo y terminó dando permanencia a estos trabajadores que, claramente, no la tenían en función de cómo habían sido contratados”, afirmó Silva. Y destacó el hecho de que Albisu fue a la comisión y “dio la cara”.
En cuanto a la situación de los 291 trabajadores despedidos, Silva señaló que esto podría dirimirse en el ámbito judicial, “en caso de que haya un reclamo judicial”, o en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Por el contrario, el senador del Frente Amplio Gustavo González, también integrante de la comisión, aseguró que el intendente de Salto “no habló” durante su comparecencia y sólo se refirieron al asunto sus “asesores jurídicos”. Dijo que “no esperaba” esa actitud del jerarca tras el despido de 291 trabajadores. “Los temas jurídicos que los resuelva la justicia, no nosotros”, señaló.
Asimismo, González cuestionó que desde la Intendencia de Salto se haya dicho que estaban “dispuestos a discutir” sobre “otro convenio” colectivo y no sobre el acuerdo original que los trabajadores sostienen que se incumplió. “Me parece que esto no tiene arreglo y seguirá el conflicto, lamentablemente”, concluyó.
En diálogo con la diaria, en plena movilización en las afueras del Palacio Legislativo, el dirigente de Adeom Salto Mario Martínez aseguró que Albisu “actuó con revanchismo político”. “La decisión política valió más que la realidad, el revanchismo político lo superó”, subrayó.
Martínez señaló que los funcionarios municipales que fueron despedidos actualmente están sin cobertura de salud, además de “todo lo que implica quedarse sin trabajo en un departamento que tiene un porcentaje inmenso de falta de trabajo”.
Martínez apuntó además que, a partir de los despidos, los servicios que brinda el gobierno departamental se han visto afectados. Mencionó, por ejemplo, retrasos en las obras civiles y viales y en las tareas de bacheo de hormigón. “Hoy ves la ciudad de Salto totalmente desolada, porque eran los compañeros que hacían frente a esa realidad”, afirmó.
“Estamos en la lucha desde el primer día. No podemos dejar, la clase trabajadora, que se violen convenios colectivos, porque es la herramienta que tenemos los trabajadores para hacer valer nuestros derechos”, subrayó Martínez.