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Archivo, julio de 2025.

Foto: Gianni Schiaffarino

Cámara Inmobiliaria reclama la reglamentación “urgente” de la Ley de Operador Inmobiliario, a más de un año de su aprobación

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La gremial sostiene que la ausencia de la reglamentación mantiene al mercado inmobiliario en “un escenario de incertidumbre”, “con asimetrías competitivas que afectan la calidad del servicio y la confianza de los usuarios”.

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La Cámara Inmobiliaria Uruguaya reclamó este lunes por la reglamentación “urgente” de la Ley de Operador Inmobiliario (20.380), a más de un año de su aprobación, en setiembre del año pasado. A través de un comunicado, la gremial señaló que, a pesar de “múltiples gestiones institucionales y técnicas”, el proceso de reglamentación de la ley “permanece estancado”.

El objetivo principal de la norma es regular el ejercicio de la actividad profesional inmobiliaria “en el marco de la defensa de la libre competencia”. La ley dispone la creación de un Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, que estará bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y será administrado por una comisión honoraria integrada por tres representantes del Poder Ejecutivo. Dicha comisión tendrá entre sus funciones “registrar y expedir la matrícula de operador inmobiliario”.

Según la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, ya se han presentado algunos proyectos de reglamentación de la ley al MEC; sin embargo, “hasta el momento no se ha recibido una respuesta que permita avanzar en el diálogo ni se ha informado oficialmente sobre el futuro registro de operadores”.

“La ley está aprobada y la sociedad espera su implementación. La reglamentación es indispensable para profesionalizar la actividad, proteger a consumidores e inversores y reducir la informalidad”, afirmó la gremial, y solicitó al Poder Ejecutivo “un cronograma público y verificable” para la entrada en vigencia de la norma.

La Cámara Inmobiliaria Uruguaya advirtió que la ausencia de la reglamentación de la ley mantiene al mercado inmobiliario en “un escenario de incertidumbre”, “sin estándares claros de habilitación, sin un registro operativo y con asimetrías competitivas que afectan la calidad del servicio y la confianza de los usuarios”. La reglamentación de la ley, sostuvo la gremial, “permitiría ordenar la actividad, establecer requisitos profesionales y brindar mayor transparencia a las operaciones”.

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