Este lunes, en La Huella de Seregni, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentó un informe a la Agrupación de Gobierno Departamental de Montevideo del Frente Amplio (FA), conformada por representantes de la comuna capitalina, alcaldes, ediles y diputados electos por Montevideo.
“Es claramente una instancia de intercambio para estar todos informados de cómo estamos trabajando” y “fortalecer nuestro trabajo conjunto de cara a Montevideo”, expresó Bergara en una rueda de prensa. Señaló que desde la comuna capitalina se informó acerca de “cómo venimos avanzando en cuanto a nuestras prioridades, como la limpieza, la movilidad, la cultura, el manejo de las cuestiones financieras y las perspectivas de presupuesto y de políticas para el futuro”.
Con respecto al servicio de recolección de residuos, el intendente reconoció que durante octubre hubo “un deterioro”, a partir de una reducción de un 25% debido, “esencialmente, a medidas que, legítimamente, los trabajadores tomaron”. “Hubo dos días de paro general, hubo paros de una hora, hubo 44 asambleas con paro en los distintos lugares vinculados a la recolección”, enumeró, en referencia a las medidas adoptadas por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo.
“Entendemos que las medidas son legítimas, pero evidentemente afectaron el servicio y la gente lo ve”, resaltó Bergara, quien negó que la afectación se debiera a las medidas de ordenamiento financiero que empezó a aplicar la Intendencia de Montevideo (IM). “En el diseño de las medidas que nosotros implementamos no se reducían horas extras ni el sexto día en los servicios de recolección de residuos”, afirmó.
El intendente señaló que el diálogo con los trabajadores municipales “está avanzando razonablemente”. Apuntó que en la actualidad se está negociando “el convenio colectivo que va a regir los próximos cinco años”. Al respecto, dijo que tanto el gremio como la IM son “conscientes” de que “el mejor escenario es el de tener un convenio, es decir, reglas de relacionamiento para los próximos cinco años”. “Estamos trabajando y dialogando mucho con respecto a eso”, afirmó.
Sobre el retiro de contenedores de la vía pública para avanzar hacia los contenedores intradomiciliarios e intraprediales, uno de los puntos de la estrategia de desarrollo ambiental de la IM, Bergara dijo que esto implica “una nueva relación que tenemos que tener con los residuos”, que requerirá un trabajo de educación con los vecinos.
“Evidentemente, tenemos que arrancar desde el hogar, desde el comercio, desde la empresa a clasificar residuos, entendiendo que los residuos que van para el reciclado, efectivamente, van a plantas clasificadoras donde hoy trabajan cooperativas y plantas, cientos de puestos de trabajo, que es una cosa muy positiva”, destacó. Desde el punto de vista ambiental, el intendente apuntó que el cambio “reduce la magnitud de la basura que termina siendo enterrada en la usina de Felipe Cardoso”.
Ley de Faltas: “No tengo mucho que opinar”
Este fin de semana, la alcaldesa del Municipio Ch, la nacionalista Matilde Antía, anunció la realización de operativos para aplicar la Ley de Faltas, a partir de una serie de denuncias de ocupación del espacio público. Las intervenciones son coordinadas con el Ministerio de Desarrollo Social. Consultado al respecto, Bergara dijo que “los municipios tienen autonomía de acción”. “No tengo mucho para opinar, pero evidentemente hay una Ley de Faltas, y si es una ley hay que hacerla cumplir, ¿verdad?”, expresó.
“Hay holgura” para avanzar en mecanismos de financiamiento extrapresupuestal
De cara a la presentación del presupuesto quinquenal ante la Junta Departamental, cuya fecha límite es el 8 de enero, Bergara indicó que se está “trabajando a partir de una planificación estratégica, marcando un panorama financiero y prioridades en materia de políticas”.
Sobre las posibilidades de financiamiento extrapresupuestal, lo que requeriría mayorías especiales en la Junta Departamental, el intendente indicó: “Estamos en proceso de diseño, pero, si uno tuviera que hacer una caricatura gruesa, estamos pensando en un financiamiento que pueda venir del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial o de fondos y fideicomisos vinculados a limpieza, calle, vereda, saneamiento”.
Bergara señaló que durante la campaña electoral todos los partidos políticos plantearon que estos temas “eran importantes para la ciudadanía”; por lo tanto, sostuvo, “en el marco de un buen diálogo que siempre aspiramos a tener con todos los partidos políticos en la Junta Departamental, entendemos que lo consistente es que, si es para desarrollar tareas que todos dijimos que eran importantes para la ciudadanía, vamos a contar con los apoyos necesarios para obtener ese financiamiento”.
El intendente puntualizó que, “más allá del panorama complejo” de la situación financiera de IM en el corto plazo, el nivel de endeudamiento “es bajo, por lo tanto, hay holgura como para avanzar en esos mecanismos de financiamiento sin cuestionar en absoluto ningún tipo de viabilidad económica de la Intendencia de Montevideo”.
Cardama: “En la medida en que haya ostensibles incumplimientos, el contrato va a caer”
Consultado sobre la decisión del gobierno de iniciar acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama, Bergara, quien en la pasada legislatura siguió el tema en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, sostuvo que todo el proceso de compra de las patrullas oceánicas “mostraba debilidades grandes”. En particular, mencionó “el hecho de que una empresa que se suponía que iba a construir estas OPV [Offshore Patrol Vessel] por 100 millones de dólares no era capaz de conseguir una garantía de cuatro millones de dólares en ningún lado”.
Para el intendente, los indicios de estafa o fraude al Estado uruguayo que motivaron la decisión del gobierno demuestran, “de alguna manera, que ahí hay cosas que hay que aclarar”. “Si eso amerita y habilita la rescisión del contrato, que así sea”, ya que “lo importante es que lo que parece turbio se aclare”, afirmó. En ese sentido, consideró que la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, fijada para el 8 de diciembre, “va a ayudar a que se aclaren puntos que no están claros”, y señaló que, “en la medida en que haya ostensibles incumplimientos del contrato, el contrato va a caer”.
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