A través de su presidente, Enrique Buero, la Cámara de Zonas Francas volvió a cuestionar la creación del impuesto mínimo complementario doméstico, incluido en el presupuesto quinquenal a instancias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El gravamen, también denominado impuesto mínimo global, recae sobre las empresas multinacionales con una facturación anual superior a los 750 millones de euros y cuyas casas matrices estén localizadas en países en los que ya está rigiendo el impuesto, que es promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El equipo económico ha señalado que se trata de un tributo “neutro”, dado que sólo conlleva una reubicación de la recaudación.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado, el viernes, Buero señaló que la OCDE “es un foro internacional integrado por solamente 38 países”, que no tiene “facultades vinculantes” y que, “en general, representa los intereses del G20, y eso es algo que siempre hay que tener bien presente”.
Con el impuesto mínimo global, sostuvo Buero, “la OCDE busca desincentivar la deslocalización de inversiones de grupos multinacionales que generalmente son originarios de estos países del G20”. Esto “representa un desafío adicional para países como Uruguay, que buscan captar y retener este tipo de inversiones”, señaló; y apuntó que en América Latina el impuesto hasta ahora sólo ha sido implementado por Brasil, un país “que tiene características muy distintas a Uruguay para captar y retener inversiones”. “Esto es un desafío a nuestra competitividad para captar inversiones”, subrayó.
El impuesto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto y, dada la mayoría que tiene el oficialismo en el Senado, está previsto que el gravamen se empiece a aplicar a partir de 2027.
Durante el tratamiento del presupuesto en la cámara baja se introdujo un artículo adicional, que dispone que el Poder Ejecutivo “deberá establecer cómo se compatibilizan las normas legales de estabilidad tributaria vigentes” con el impuesto mínimo global.
Según Buero, este artículo supone “un reconocimiento por parte del Ministerio de Economía en cuanto a que hay una incompatibilidad de este impuesto con normas que establecen regímenes de estabilidad tributaria en Uruguay”.
El presidente de la Cámara de Zonas Francas dijo que en el presupuesto debería incluirse, “a título expreso, que se van a respetar los contratos vigentes celebrados al amparo” de la ley de zonas francas. El artículo 19 de dicha ley exonera a los usuarios de zonas francas de “todo tributo nacional, creado o a crearse”. Asimismo, Buero propuso que “se establezca un procedimiento” para que las empresas abarcadas por el tributo “firmen un nuevo contrato, con el impuesto ya vigente”, para salvaguardar “la seguridad jurídica y el prestigio del Uruguay”.
PIT-CNT: los cambios tributarios van en “dirección adecuada”, pero son “tímidos”
Por el contrario, el PIT-CNT valoró de manera positiva la creación del impuesto mínimo global. El mismo día, ante la misma comisión, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo que es una medida tributaria que va en “una dirección adecuada”, al igual que el impuesto a las rentabilidades de los depósitos e inversiones de uruguayos en el exterior, también incluido en el presupuesto.
No obstante, Abdala también sostuvo que los cambios impositivos son “tímidos” y planteó “la necesidad de ir a una reforma tributaria de segunda generación”. En particular, insistió con la propuesta de gravar al 1% más rico de la sociedad para mitigar la pobreza infantil.
“Se menciona la necesidad de una mejora de la gestión en el cobro de impuestos... Según el Banco Interamericano de Desarrollo, si solamente se aplicara el Sictrac [Sistema Integral de Control del Transporte de Carga], con el control de transporte carretero, el Estado podría recibir recursos de un porcentaje de evasión aproximado a los 180 millones de dólares anuales”, mencionó Abdala.
Cámara de Comercio cuestionó el aumento del monto máximo para los envíos exprés
Además de la Cámara de Zonas Francas y el PIT-CNT, el viernes asistió a la comisión una delegación de la Cámara de Comercio y Servicios. Ana Laura Fernández, integrante de la gremial, señaló que en el comercio minoritario hay “diferentes preocupaciones” sobre las modificaciones que ha propuesto el equipo económico para el régimen de franquicias, esto es, las compras en el exterior a través de plataformas como Temu.
El MEF propone subir de 600 a 800 dólares por año el monto máximo para las compras por envíos exprés y, al mismo tiempo, gravar las compras con IVA.
Fernández advirtió que estos cambios podrían “implicar un incremento en el uso del régimen”, es decir, “un mayor ingreso de mercaderías bajo este régimen a nuestro país en condiciones desiguales”, lo cual “atentaría contra el sector comercial formalmente establecido en el país”.
“Existe preocupación sobre estos artículos, particularmente en lo que hace al incremento de las franquicias de 600 a 800 dólares y a la posibilidad de unificación en una sola compra. Creemos que de esta forma se estaría ampliando el universo de artículos que podría verse afectado por el ingreso de la mercadería bajo este régimen”, expresó Fernández.