La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) está en un conflicto con la Intendencia de Montevideo (IM) tras conocerse las medidas de “ordenamiento financiero” que anunció su titular, Mario Bergara.
Además, este jueves por la mañana se desarrolló una asamblea general para abordar la negociación de cara a un nuevo convenio colectivo, con el acuerdo que se firmó en 2021 como antecedente más inmediato. En este contexto es que la diaria Radio recibió a Silvia Tejera, secretaria general del sindicato.
“Lamentablemente no llegamos con la idea que teníamos al inicio de lo que fue la gestión de Bergara y las primeras instancias de intercambio con él porque sucedieron cosas en el medio que nos sacaron de eje o desde la IM se intentó sacarnos de eje, como el tema de los recortes. No puedo hablar de convenio colectivo sin hablar de los recortes”, adelantó.
Según Tejera, en el ámbito de negociación actual hay “un 45% o 50% de compañeros” que “ven afectado su salario por las medidas de ajuste, como le gusta decirle al intendente”, lo que “complejiza un poco el centrarnos en los cinco años cuando hoy hay gente que no puede pagar su alquiler”. Dijo que se están discutiendo dos bloques: “la parte salarial –que los 15 miembros del [Consejo] Ejecutivo entendemos que no es suficiente y no se tomó en cuenta absolutamente ninguno de los planteos que se hace desde la plataforma reivindicativa del sindicato–” y, por otro, un bloque de condiciones y medioambiente de trabajo “que incluye una propuesta interesante, si está plasmada en el borrador que nos van a estar entregando hoy”, vinculada a “salud mental y sistema de cuidados”.
En el primer bloque, Bergara dijo a la emisora que están trabajando en un aumento del salario base y que “la masa salarial aumentó de manera sistemática porque se empezaron a generar otros mecanismos de compensación”.
Para Tejera, si bien “si uno hace el análisis, la propuesta que hicieron tiene un aumento de salario”, puso el ejemplo de “un trabajador al que le aplicaron recorte en su sexta jornada de labor y le cortaron extras”, lo que implica que “desde marzo a abril el compañero seguramente tenga una pérdida de unos 100.000 pesos”.
“Si el aumento salarial es un 0,5% en 2027, en el año –el salario SIR más bajo, que son los compañeros que tuvieron los recortes más groseros– no va a llegar a 2.000 o 3.000 pesos siendo muy bueno con las partidas”, acotó. A su vez, dijo que “si eso se suma a 2028 serían 6.000 pesos; y 2029 y 2030 más o menos lo mismo, son 12.000 pesos y no llegás a recuperar nunca lo que fue la pérdida”, ejemplificó.
“Lo que complejiza la propuesta es el momento actual que estamos teniendo”, afirmó. A su vez, señaló diferencias con la visión de la IM sobre el sexto día: explicó que surgió en la negociación colectiva con el gobierno de Mariano Arana; forma parte del Digesto Departamental y, por reglamento, cada trabajador que hace o deja de hacer este tipo de jornadas “tiene que tener una resolución del intendente”: “la IM no lo hizo, hay compañeros que fueron notificados verbalmente” de la quita.
En el segundo bloque, de acuerdo con lo que se discutió en la reunión previa, “la voluntad y el presupuesto para poder trabajar en salud mental nos parece un avance importante” y señaló que “va a estar por primera vez plasmada la voluntad de trabajar seriamente en el estudio del insalubre para muchas tareas que tenemos”. La sindicalista explicó que la insalubridad se rige por una normativa que define una Comisión Honoraria integrada por “actores de distintos ministerios” y desde Adeom “hace muchísimos años, desde 2017 o 2018”, que intentan reunirse sin éxito, pero hoy en día “hay voluntad” de trabajar en conjunto con la IM: “La realidad es que hoy por hoy los compañeros tienen diez días más de licencia anual por el tipo de tarea, y nosotros entendemos que hay que evaluar la exposición, el riesgo y buscar la posibilidad de poder tener una compensación al momento jubilatorio”, acotó.
“En compañeros que trabajan en la disposición final de residuos, la cantera donde van todos los desechos, muchas veces se jubilan y al año o al año y medio fallecen de cáncer y está todo relacionado a la exposición de estar trabajando en ese ambiente”, aseguró.
Asesores, incertidumbre y la puja por responsabilidades
Tejera indicó que, al margen del aviso que se publicó en la página web de la IM, “no hay ninguna notificación por escrito ni comunicación oficial al sindicato que diga que esta medida es hasta el 31 de marzo”, como anunció Bergara.
“Nada nos garantiza que compañeros que hoy perdieron su sexta jornada de labor la vuelvan a tener, y eso es lo que estamos pidiendo. La resolución de asamblea de octubre pidió tener un documento firmado de compromiso con Adeom en el que quedara claro que al 31 de marzo de 2026 todas las quitas de sexta jornada iban a ser devueltas, pero ese documento todavía no llegó”, aseguró.
Por otro lado, Tejera opinó que el ingreso de asesores “complejiza aún más” la situación. Si bien dijo que “es histórico” y “es verdad que tienen menos asesores que el gobierno anterior”, aseveró que “si estás en una situación en la que estás haciendo un ajuste financiero, ¿no podés dilatar el ingreso?”: “Estamos hablando de que con el recorte de cinco trabajadores entra un asesor”, consignó.
Finalmente, se refirió a los dichos de Bergara respecto de medidas sindicales adoptadas en la recolección de residuos y la inspección de tránsito.
En primera instancia, dijo que “hubo un compromiso de que recolección no se iba a ver afectada por los recortes”, pero “el error es pensar qué recolección son únicamente los compañeros que están en el camión”, sino que “hay un equipo atrás” conformado por “administrativos, jefaturas y técnicos”. “La recolección sí se vio afectada. No le recortó a quien está en la calle haciendo la tarea, pero esa persona muchas veces por los recortes que se dieron no tiene la planificación de cómo tiene que salir”, aseguró.
Por otro lado, respecto de las medidas que incorporaron los inspectores de tránsito, dijo que “hubo un recorte de horas extras, les cambiaba la metodología de trabajo y los compañeros entendieron que es una dinámica de trabajo que vienen teniendo desde hace más de 30 años; intentaron buscar una solución, no hubo respuesta por parte de la administración y fue la medida que tomaron”, reconstruyó. “La medida que tomaron los compañeros de no hacer estas tres semanas de horas extras llevó a que tengamos un ámbito en el que se esté discutiendo un reclamo histórico del sector, que es tener un pago diferenciado para las tareas de espirometría”, afirmó, y a su vez aclaró que desde el gremio “siempre fueron muy claros” en que los controles de alcoholemia se realizaron a cargo del Ministerio del Interior (MI).