Enmarcado en el mes de las migraciones, la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó sus líneas de acción y compromisos con la población migrante para el quinquenio. Este jueves, la diaria Radio recibió a la titular del área, Valeria España, para ahondar en los lineamientos y repasar cómo se compone ese sector de la población.
España dijo que, en base a la cantidad de personas que nacieron en el exterior y que detectó el último censo en 2023, hay un “acumulado” del 3% que equivale aproximadamente a 122.000 personas y propició un aumento del 1% de la población en Uruguay en el período intercensal –ya que el anterior fue en 2010–. “En 2014 hubo un punto de quiebre y Uruguay empezó a tener un saldo migratorio positivo con personas de nuevos orígenes latinoamericanos y caribeños”, condensó al respecto.
“Es un número bajo si vemos a los países que se consideran receptores de migración, con un 11% o 18% de personas migrantes. Chile durante mucho tiempo tuvo un 3% y ahora estamos hablando de un 8%. Estados Unidos tiene aproximadamente un 15%. Uruguay, a principios de 1900, tenía casi un 20% de población migrante”, ejemplificó. Sobre lo anterior, opinó que es “importante identificarlo” porque “cuando se hacen estas analogías de los migrantes y el agua, como la ‘marea’ o el ‘aluvión’”, en realidad, en el caso uruguayo, “es una forma de dramatizar una situación que realmente no es tal”.
Lo que sí detectó fue “una sobrerrepresentación” de esta población en los servicios, “el sector de trabajo con el que tenemos más contacto directo”. Señaló que lo anterior tiene “una similitud con los patrones internacionales” porque “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha demostrado que el 70% de la población migrante se inserta” en ese sector y está asociado a que “tenemos una población migrante sobrecalificada que tiene dificultades para revalidar sus estudios o para que el Estado pueda reconocer sus trayectorias, y obviamente se insertan en los sectores a los que pueden acceder de manera más sencilla”, acotó.
España se refirió a la oportunidad que representa la llegada de una población “joven, que apuesta a Uruguay porque tiene el sueño de poder vivir y desarrollar su proyecto acá”, y señaló que es una “complementariedad”: la “riqueza compartida” se configura porque estas personas “tendrían que tener la posibilidad de llegar a nuestro país y desarrollarse plenamente”, mientras que, para Uruguay, el “enriquecimiento” está en “la diversidad cultural”.
“Lo que estamos viendo es que la migración no es un fenómeno marginal, sino estructural, de nuestra cultura e identidad. Tienen que generarse condiciones para que la oportunidad de la llegada de migrantes se materialice”, afirmó. Dijo que para eso “tiene que haber algunas adecuaciones normativas y administrativas”, además de “la propia forma en la que intercambiamos como comunidad”, para que “el proyecto migratorio pueda consolidarse”.
En ese eje, España dijo que “hay discusiones” en la Junta Nacional de Migraciones (JNM). Por otro lado, el Mides tiene “espacios de articulación y de atención integral” como el Centro de Referencia para Personas Migrantes en Montevideo, una “experiencia donde identificamos algunos de los cambios y puntos de partida que tenemos que tener como Estado para resolver y mejorar las condiciones de llegada”. Así, aseguró que si bien la ley vigente reconoce el derecho a migrar, es necesario “armonizarla” con “el conjunto de normativas que tengan que ver con el acceso a la vivienda, la educación y el trabajo”.
Por otro lado, detalló que desde la administración están focalizando “poder dar una respuesta a las personas migrantes recientes”, con el objetivo de que puedan acceder a documentación, es decir, conseguir una cédula de identidad, y lograr la regularización migratoria. Este último es un punto focal: depende del “origen nacional”, porque a determinadas nacionalidades, como cubanos, haitianos y dominicanos, “se les pide visa para entrar al país, lo que genera dificultades”. Según España, “hay una racialización muy importante en los orígenes nacionales a los que se les pide visa”, ya que son 80 orígenes y la mayoría son del Caribe, África y el sudeste asiático, “algo a revisar”.
“Desde el Mides estamos convencidos de que la regularización migratoria permite enfrentarse a otras situaciones con otro tipo de herramientas. En Uruguay no existe persecución a las personas que no han regularizado su situación migratoria, pero es cierto que hemos identificado prácticas discriminatorias en el ámbito laboral de explotación o empleadores que se aprovechan de la condición migrante para ofrecer peores condiciones que a los nacionales”, señaló.
El trato a migrantes en Uruguay
Consultada sobre su lectura sobre la discriminación en Uruguay, España dijo que muchas veces hay “desconocimiento” e implica “generalizar o utilizar estereotipos sobre determinados grupos”, lo que “nos juega en contra” e impulsa “algunos discursos de odio o xenofobia”. Lo anterior se “ve claramente” en las redes sociales y, al mismo tiempo, dijo que “hay algunas prácticas en espacios clave como el trabajo y la educación donde puede haber ese tipo de situaciones”.
Sin embargo, señaló como una fortaleza otras situaciones de “encuentro, hibridación y construcción intercultural muy interesantes y que estamos viendo de manera continua en todo el territorio”. Reiteró que en la visión 2030 del documento que presentó el Mides se explicita “la posibilidad de que Uruguay se reconozca como una nación pluricultural, porque tiene una identidad migrante desde el principio de los tiempos, y también que pueda reconciliarse con su identidad afro”.
“Uruguay es un país donde existe un racismo estructural y el tema de las migraciones se inserta en esta herida abierta que tenemos como país”, expresó.