“Esa pantomima que denominaron en la derecha uruguaya ‘el Fapit’..., la realidad notoriamente dice que eso no es así”, afirma el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. Para el jerarca, una de las pruebas de su sentencia es el nivel de conflictividad que mantienen los sindicatos de la educación actualmente con el gobierno de Yamandú Orsi, que, en su opinión, es superior al que desplegaron con el de Luis Lacalle Pou. “Parto de la base de que [es así] porque hay más expectativas con un gobierno de izquierda que con uno de derecha, y porque las consecuencias en el ejercicio de las luchas sindicales son distintas”, evaluó Mahía, en diálogo con la diaria.
El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, también entiende que la sociedad civil tiene “mayores niveles de expectativas respecto de resolver o abordar algunas desigualdades, inequidades o políticas públicas que amplían derechos” cuando gobierna el Frente Amplio (FA). “Y cuando hay un gobierno de carácter, capaz que más conservador o que entiende desde otro lugar el Estado, la política, incluso hasta la perspectiva sobre la densidad de la democracia, los sindicatos quedan en una posición que parece que estuvieran menos conflictivos, pero en realidad lo que están [haciendo] es teniendo acciones que son proporcionales al nivel de expectativas que tienen con respecto a cada administración”, dijo Caggiani a la diaria.
Algunos representantes sindicales consultados por la diaria concuerdan con que las expectativas juegan. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Enseñanza Primaria (FUM-TEP), Alejandra Pereira, coincidió en que los sindicatos de la educación han sido “mucho más conflictivos” con los gobiernos del FA, “la historia lo muestra”, y esto tiene que ver con que “en general todo el PIT-CNT entiende que el gobierno de izquierda tiene una sensibilidad mayor a los reclamos de los trabajadores que un gobierno de derecha, que sabés que no le vas a sacar nada”. En cambio, “un gobierno de izquierda tiene un sentir similar en las plataformas”.
Para Cecilia Klein, presidenta del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), en los últimos gobiernos ha habido “más o menos los mismos grados de conflictividad”. De todos modos, apuntó que como el gobierno actual asumió con un programa que prometía el 6% para la educación más el 1% para la ciencia, “desde los sindicatos se aspiraba a que eso estuviera plasmado en el proyecto presupuestal”. “Al no verse eso establecido, hay una especie de reacción o de oposición”, consideró.
Sabrina Álvarez, presidenta de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR, Udelar), valoró que “un contexto de gobierno progresista genera un marco de posibilidad de expresión abierta del conflicto” mayor “que un gobierno de derecha”. Dijo que si bien ella personalmente no tenía “mayores expectativas” sobre el presupuesto para la educación tras la designación de Gabriel Oddone como ministro de Economía y Finanzas, le sorprendió negativamente el monto asignado: “El chiste de que no esperaba nada y aun así logran defraudarme”.
Álvarez discrepó con la visión de que las expectativas pueden generar mayores tensiones, y valoró que en realidad pueden hacer lo contrario: “Inhiben un poco la movilización” porque se mantiene “esa expectativa de que algo de eso se cumpla”. Consideró que también está jugando “el contexto general de la región, del mundo, cierto temor a los avances de la derecha más radicalizada; entra a jugar un poco esto de ‘no hacerle el juego de la derecha’”.
Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), opinó en cambio que no hay mayor conflictividad actualmente que con el gobierno de Lacalle Pou, y discrepó con el hecho de que se mida la conflictividad en “horas de paro”. Recordó que Fenapes “tuvo un enfrentamiento muy duro con el gobierno de derecha” y que este salió “a cazar literalmente a docentes y a poner en el ojo de la tormenta a la federación, incluso en aspectos muy sensibles como son su ética en el manejo de las horas de licencia sindical”. En cambio, en los gobiernos del FA “los espacios de negociación cobran otro valor y hay otra posibilidad de acordar”.
El director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, quien además integró por varios años la directiva de Fenapes, coincidió en que los sindicatos fueron más conflictivos con el gobierno de Lacalle, porque “no coincidíamos en nada”. En cambio, “con el gobierno del FA hay un nivel de conflictividad que tiene que ver con empujar el programa del Frente, que coincide con el programa del movimiento sindical”.
Una historia de encuentros y desencuentros
Oroño recordó que hay “un relacionamiento histórico de los sindicatos de la educación con el FA desde su fundación”. Hubo confluencia programática antes de la dictadura y también “coincidencias muy fuertes desde el punto de vista programático” con la recuperación democrática. La lucha por la autonomía y el cogobierno también encontró a los sindicatos y al FA juntos, agregó.
Con la llegada del FA al poder por primera vez, en 2005, empezaron los desencuentros. El primero de ellos: el tironeo por el 4,5% del producto interno bruto (PIB) para la educación y el proceso posterior al Congreso Julio Castro y a la aprobación de la Ley de Educación de 2008, que, según señalan los sindicatos, no tomó en consideración muchos de los planteos surgidos del Congreso.
Durante el gobierno de José Mujica hubo cruces frecuentes entre los gobernantes y los sindicalistas, y molestaron los acuerdos multipartidarios en educación, que dejaron a un lado la participación social. Pero el punto de máxima tensión llegó durante el segundo gobierno de Vázquez, en 2015, cuando se decretó la esencialidad de la educación, medida que a la postre el Ejecutivo se vio obligado a dejar sin efecto debido a la fuerte movilización sindical que generó. Oroño mencionó también que los “principales militantes” de la mayoría de los sindicatos de la educación son “personas que a su vez son militantes frenteamplistas”.
Aunque la cercanía personal con las nuevas autoridades no siempre ayuda: Klein contó que, en el caso de formación docente, el hecho de que en el Consejo de Formación en Educación (CFE) haya dos afiliadas al sindicato -que están en uso de licencia por decisión del propio sindicato- generó “rispidez y tensiones”. “De alguna manera hay una exigencia mayor del colectivo docente, vemos que hay una tensión mayor porque hasta hace unos meses eran compañeros y compañeras de trabajo y hoy están en otro lugar y tomando decisiones en contra de postulados que habían defendido hasta este momento”, señaló Klein. Agregó que cuando asumieron, a las actuales autoridades las recibieron con aplausos y que “hoy hay mucho enojo”.
Pese a la cercanía histórica con el FA y los vínculos personales entre militantes, en el movimiento sindical uruguayo hay “una concepción muy afianzada que tiene que ver con la independencia de clase”, destacó Oroño, y eso lo diferencia de otros movimientos sindicales en la región que terminan transformándose en “poleas de transmisión de los gobiernos”. Al mismo tiempo, es una independencia que “no es prescindencia”, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región. “Es decir, no nos da lo mismo quién está gobernando, pero somos absolutamente independientes respecto de las decisiones que adoptamos”, resumió. El director de Secundaria consideró que este es el motivo por el que, durante los gobiernos del FA, “lógicamente hay expectativas de avance en cuanto a lo programático mucho mayores que con otros partidos”.
La discusión sobre la desafiliación de Pablo Caggiani
El lunes, una asamblea de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) de Montevideo resolvió la desafiliación de Caggiani del sindicato. Caggiani, además de presidente del Codicen, es maestro. También se resolvió la desafiliación de las maestras y maestros que no acaten a futuro las medidas dispuestas por el sindicato. En diálogo con la diaria Radio, el martes, la secretaria general de Ademu Montevideo, Paola López, afirmó que “es incompatible estar de un lado y del otro”. De todos modos, consideró que el sindicato debería tener incorporado en sus estatutos la suspensión de la actividad sindical de aquellas personas que pasen a ejercer roles políticos.
La medida de Ademu Montevideo fue cuestionada por 27-Praxis, la corriente mayoritaria de FUM-TEP. En un comunicado, expresaron que la desafiliación de Caggiani “cumple con una sed de destrucción” por parte de algunos integrantes del sindicato, “en una concepción sindical de que quienes toman la decisión de ocupar cargos de gobierno son traidores”. Evaluaron que se trata de un “error estratégico” porque cambió el eje de la discusión sobre la violencia en las escuelas a la acción de desafiliación. “Promover la desafiliación de compañeras y compañeros es un camino que resta. Resta voluntades, resta cercanía, resta años de construcción sindical en los que estuvieron compañeras y compañeros que entregaron incluso su vida. Los cambios son con miles, o no son”, remarcaron.
Alejandra Pereira, que forma parte de esa lista de la FUM-TEP, comentó que “esta historia ya la vivimos”, y recordó las desafiliaciones de Héctor Florit y Luis Garibaldi, entre otros jerarcas provenientes de sindicatos de la educación que ocuparon cargos en el gobierno de Mujica. Evaluó que se trata de “una concepción sindical” que supone “darse manija y decir ‘ay, estos que agarran el sillón’”. “¿Qué sillón puede ser cómodo llevar adelante en la educación? Es un sillón de riesgos, un sillón de exposición”, sostuvo Pereira.
En particular, remarcó que la desafiliación de Caggiani “no tenía ninguna justificación”. “Pablo fue el primero que nos atendió el primer día de la movilización, el viernes, en el Codicen. Nos recibió con todo lo que había, con el Ministerio del Interior, con el jefe de Policía de Montevideo, con la directora de Derechos Humanos, y en el diálogo estuvo. Y después fue el que nos llamó para que nos recibiera el presidente de la República. O sea, vos podés desafiliar de esa manera compulsiva a alguien que no te atiende el teléfono, no a alguien que busca encontrar, a través del diálogo, soluciones”, consideró Pereira.
A Álvarez, de ADUR, las explicaciones de la secretaria general de Ademu Montevideo le resultaron “muy razonables” y evaluó que la medida “marca una señal clara de lo que entiende ese colectivo que es cierta ética del afiliado o de la afiliada en cuestión”, así como “obliga a esas personas [a las autoridades] a tener que dar la cara ante ese colectivo del que provienen”.
Contó que ella misma, en determinado momento, se puso a revisar los estatutos del sindicato de docentes universitarios para ver si había posibilidad de tomar una medida similar, si bien aclaró que en ADUR “jamás la utilizamos”. “Nunca hemos llegado a un extremo tal que se plantee como posibilidad, pero estatutariamente se podría hacer”, aseguró.
Para Mahía, la desafiliación de Caggiani es “un error grave”, porque además del “daño que se les inflige a las personas”, “le hace daño al movimiento sindical” porque “lo aísla”. “Una decisión que transmite un mensaje de falta de tolerancia y amplitud por definición te aísla de la sociedad, y si hay algo que no debe suceder, es aislarse ni política ni sindicalmente”, cuestionó.
Por su parte, Mandacen dijo que respeta la decisión del sindicato, pero que él personalmente no sería partidario de desafiliar a las autoridades de gobierno que están afiliadas a Fenapes. “Eso no está arriba de la mesa, no se ha debatido en Fenapes y me parece que cuando uno cae en ese tipo de planteos es porque carece de argumentos, carece de correlación de fuerzas y carece de un lineamiento estratégico mucho más profundo que terminar adjetivando o retirando el respaldo a fulano o sultano”, valoró.
Finalmente, sobre casos como el suyo, Caggiani comentó que llaman a “pensar o problematizar” si “la forma de construcción de mayorías sociales es sobre la base de ciertas acciones más de carácter punitivo o de exclusiones, y si la responsabilidad está en el individuo concreto o está en cuál es el tipo de demanda y cómo se trabaja esa demanda colectiva”.
La “sorpresa” del presupuesto para la educación y los cierres de grupos en formación docente
Más allá de vínculos y expectativas, los representantes sindicales coinciden en que la asignación presupuestal para la educación es muy insuficiente y la mayoría se sintieron sorprendidos de que fuera así. Pereira, de la FUM-TEP, señaló que “desilusiona que haya cambios que vienen siendo muy lentos” y dijo que “la clase trabajadora está a la espera y tiene la esperanza de que el gobierno del Frente cambie algo”.
En el caso de formación docente, desde el sindicato se cuestiona fuertemente la eliminación de grupos presenciales, fundamentalmente en departamentos del interior del país. “Estamos frente a una situación que nunca se había esperado. Nosotros hace cuatro años nos habíamos levantado en conflicto solamente cuando se intentaba suprimir 46 grupos, ahora que con la última propuesta estamos en 100 grupos, sigue siendo la mayor supresión de grupos que se está dando en la historia del CFE”, advirtió Klein.
El argumento de que “no hay plata” tampoco convence a los sindicatos. Klein apuntó que sí hay dinero para cubrir el déficit de la Caja Militar, y Álvarez señaló que mientras a la universidad le dan 150 millones de pesos para mejora en horas docentes, hay “400 millones para un programa sobre inteligencia artificial en Ceibal”.
Desde el gobierno, Mahía consideró “lógico” que haya una movilización presupuestal, pero evaluó que “lo que no tiene el mismo sentido es que con un gobierno de izquierda, que te da más recursos que el de derecha, la movilización sea superior”. Reconoció que si bien la asignación presupuestal es superior a la del gobierno de Lacalle Pou, “estamos lejos de la meta que el programa [del FA] señala”.
Las bases programáticas del FA establecen: “Cumpliendo con el compromiso histórico de nuestra fuerza política, retomaremos el crecimiento de la inversión en educación pública estatal, sobre la base del 6% en educación más el 1% del PIB para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, garantizando alcanzar esas metas en el período de gobierno 2025-2030”.
Mahía llamó de todos modos a no “ignorar los efectos de la situación económica en la que asumió el gobierno”. Dijo que la meta es “incrementar hasta donde sea posible” los recursos para la educación, y en relación con la asignación del 6% del PIB, comentó que “el debate de ponerle números [a la inversión en educación] tiene 30 años”. Opinó que “poner porcentajes de la asignación presupuestal tiene riesgos, tanto por metodología como por compromiso”, pero acotó que “eso es una discusión para el futuro, no para el presente”.
Oroño expresó que hay “un escenario de una tensión importante” con los sindicatos de la educación y “cierta contrariedad respecto de hacia dónde vamos caminando” en relación con el “cumplimiento del tema presupuestal”, porque “nos encontramos con que no hay ese cumplimiento ni siquiera a lo largo del quinquenio”. Acotó que de parte de la ANEP se envió una propuesta presupuestal que se construyó “con base en ese compromiso” del 6+1: “Si vos mirás el presupuesto que presentó la ANEP como ente autónomo al Parlamento, contempla el 6%. Es decir que desde nuestro punto de vista cumplimos con esa línea programática”, afirmó. Añadió que luego “el Poder Ejecutivo mandó otro mensaje en el que no estaba contemplado lo del 6%”. “Ahí hubo temas que escapan a mí respecto a por qué el Ejecutivo tomó la decisión de no contemplar el 6%”, indicó.
Oroño defendió la cifra del 6% del PIB y dijo que “no es antojadiza, es basada en las necesidades del sistema, lo que esperamos de la educación, lo que esperamos también del desarrollo de Uruguay en términos económicos, en términos humanos”. Dijo de todos modos que sí se están desarrollando otras líneas programáticas, como “la elaboración de propuestas educativas en clave de participación” y la revisión de la transformación curricular. En cuanto al relacionamiento con los docentes, evaluó que “ha mejorado, pero todavía hay que generar mayores niveles de confianza”.
Los representantes sindicales reconocen avances en el gobierno de Orsi en otros aspectos. La secretaria general de la FUM-TEP y el secretario general de Fenapes destacaron que se levantaron sanciones a profesores establecidas en el gobierno anterior. Mandacen resaltó que se volvió a “colocar arriba de la mesa el tema de la libertad de cátedra y la laicidad como sinónimo de pluralidad”.
Pereira afirmó que durante los gobiernos del FA “siempre hubo diálogo y se respetaron los espacios de negociación”, y remarcó que en cinco años de gobierno de Lacalle Pou “retrocedimos en todas las cosas que habíamos obtenido bajo los 15 años de gobiernos del FA”. Mandacen coincidió en que los gobiernos del FA “establecen mayor profundidad en los ámbitos de negociación y le dan mayor trascendencia”, y por lo tanto, “los espacios de negociación ganan mayor peso político”.
Climas de época y bases sociales
Tanto para Mahía como para Caggiani, en los niveles y tonos de los conflictos también pueden estar influyendo las tendencias sociales globales. Mahía dijo que en el mundo hay una “desconfianza hacia la democracia representativa, hacia el sistema político”, que “en algunos casos tiene bases razonables porque existen decepciones”. No obstante, recordó afirmaciones del exministro de Economía y vicepresidente Danilo Astori respecto de la necesidad de cuidar la política “como una herramienta poderosa para transformar la realidad” y no “banalizarla ni rebajarla, porque eso siempre es funcional a una visión conservadora y de derecha”.
Caggiani, en tanto, comentó que Uruguay “es una penillanura levemente ondulada y las cosas parece que no llegan, pero llegan”. “La polarización de las sociedades asociada a la época y a las formas de comunicarse y de procesar los conflictos o hasta de organizar intereses colectivos es una cuestión que en el mundo ya tiene algunos años y algunas hipótesis. Es funcional a un debilitamiento del arreglo democrático de convivencia y a la pérdida de densidad de la democracia”, alertó.
“Creo que en Uruguay estamos teniendo eso, una reactividad, sobre todo a nivel discursivo, que es muy enajenante del otro, muy destituyente de que hay un otro que es humano que tiene un conjunto de intereses o ideas que es legítimo que tenga. Y creo que eso es un problema, porque para Uruguay esto es una mutación en su cultura política y ciudadana”, evaluó.
El secretario general de Fenapes consideró que “el gobierno del FA comete un error al no priorizar de otra manera desde el punto de vista presupuestal” la educación, y alertó que, al igual que lo sucedido durante el segundo gobierno de Vázquez, esta decisión puede alejarlo de su base social. “Todo gobierno llega bajo una base social de apoyo. El gobierno de Lacalle Pou llega a Torre Ejecutiva escoltado por las caballadas de los ruralistas. Orsi llega al gobierno esa noche escoltado por una sociedad y un campo popular que salía a festejar, cada uno desde determinado lugar, y algunos asistíamos a eso desde la responsabilidad que teníamos del referente sindical”, indicó.
Advirtió que “hay un error que se puede repetir, que es una autocrítica que hizo el propio FA, que es el divorcio o el distanciamiento con su base social”. Dijo que la reivindicación del 6+1 está “muy arraigada” en “la base frenteamplista” y el presupuesto asignado a la educación es, por lo tanto, “una herida muy profunda” que “esperemos que se pueda revertir”. “Se está a tiempo, es el primer año de gobierno, pero lógicamente este tipo de cosas se van acumulando y ya generaron heridas”, afirmó.
Por su parte, Caggiani consideró que los programas de cualquier partido político “son instrumentos que construyen una idea de país, de qué problemas tiene una sociedad determinada o en un momento determinado”, y no solamente apuntan a “lo posible”, sino que proponen “una imagen de futuro, y de un futuro que no todo se va a hacer en un período de gobierno”.
El presidente del Codicen opinó que es “un poco precipitado” evaluar ahora un gobierno que asumió con “la caja toda rota” y que tuvo que “formular un plan quinquenal de presupuesto con muchas restricciones”, y que de todos modos fue consistente con el programa en la definición de las prioridades presupuestales. “El gobierno no terminó, recién está empezando, y probablemente esto tenga ajustes Rendición de Cuentas a Rendición de Cuentas”, aseguró, y apuntó que “hay algún actor que se precipita demasiado”.
Mencionó en este sentido que se cumplió con el compromiso de los bonos de inicio de clases, con la ampliación a 70.000 becas en educación media (hoy son 14.000), y destacó que se abrirán 60 comedores nuevos en la educación media básica, lo que implica que se duplicará la cantidad de estudiantes que van a recibir alimentación.
Respecto de lo señalado por Mandacen sobre el alejamiento de la base social, consideró que “es muy difícil establecer cuál es la base social de un conjunto de ideas o de acciones que están planteadas por una organización política o por una organización social” y que “no es razonable que uno le exija a un gobierno con un conjunto de restricciones que tiene que resolver las cosas como si tuviera una varita mágica”.
Además, valoró que la mayoría de la población “está en una posición que es mucho más del medio, que [piensa que] recién terminó el ciclo electoral, que está iniciando el gobierno”. “No es una conversación de la ciudadanía en general planteando un conjunto de cambios importantes en la política o en la economía. No lo estoy percibiendo, no lo están reflejando los estudios. Hay a veces algún conjunto de conclusiones u opiniones que tienen una situación de mucho micromundo”, “es una conversación de muy poca gente”, evaluó.