El mismo día que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, suspendió sus vínculos con mutualistas privadas, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió una [resolución favorable a su situación laboral] (https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2025/11/caso-danza-directorio-de-la-jutep-resolvio-que-no-existe-incompatibilidad-pese-a-informe-juridico-contrario/) que fue duramente cuestionada por la oposición por considerarla “política” y ameritará una interpelación a dos ministros. Este lunes, la diaria Radio recibió a Ricardo Gil Iribarne para recabar su visión al respecto, expresidente del organismo ahora devenido asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay (Senaclaft).
Gil Iribarne dijo que el caso Danza “es la crónica de una semimuerte anunciada” porque “lo que está viviendo el país es la culminación de un proceso en el que el sistema político no ha valorado la importancia que tiene hoy el generar confianza en la gente”. Así, la Jutep y los partidos políticos “acentúan la desconfianza en muchas instituciones”, lo que en última instancia deriva en “la desconfianza en la democracia”.
Concretamente sobre la resolución, dijo que leyó las 52 páginas del informe y “da la impresión de que se buscaron argumentos de ambas partes para respaldar posiciones tomadas a priori”. Recordó que existen “cosas que son delito, cosas que están prohibidas y cosas que no están prohibidas pero que no hay que hacer”: “Creo que en este caso hubo cosas que no están prohibidas, que no hay que hacer, que está mal hacerlas y que la Jutep tendría que haberlo dicho, pero no lo dijo la mayoría ni la minoría porque no les gusta a los partidos políticos ya que les complica la vida”, aseveró.
En su visión, el caso Danza y las situaciones que generó dieron un mensaje a la ciudadanía que, aunque no esté prohibido, ameritaba “evitarlo y dar un paso al costado para que la ciudadanía se quede tranquila”. Entiende que en primera instancia Danza debió dejar la Administración de los Servicios de Salud del Estado y que luego “se armó puterío político partidario” en el que “dar un paso atrás es sentirse derrotado” y “después de que entrás en esa, la cosa cambia”.
“Para el ciudadano, todo ese tipo de cosas genera dudas razonables. Frente a las dudas razonables, un jerarca público, la administración, el respectivo partido y el respectivo gobierno tienen que tomar medidas para devolverles la tranquilidad a los ciudadanos”, reflexionó. Sin embargo, dijo que, lejos de que Danza sea el único problema, existen “muchos conflictos de intereses sobre el cual hay muy poca legislación” o “jerarcas públicos que no hacen la declaración jurada o la hacen como se les canta y nadie la controla”.
“Este tema se jugó en esa cancha y a mí esa cancha no me interesa, pero además debilita la confianza de la gente y se suma a muchas cosas que han venido pasando que debilitan la confianza de la gente”, afirmó. Seleccionó como ejemplo el hecho de que los que hoy acusan al organismo “no mencionan que en el período anterior ganaron dos a uno muchas votaciones ni que no hubo un solo informe en cinco años referido a todas las cosas que pasaron en ese período en el oficialismo y debió haberse expedido”, comentó. Dijo que la lista “es larguísima” pero empieza “con la vicepresidenta de la República [Beatriz Argimón] llevando en comisión a su hermana”, pasa por “el intendente de Lavalleja [Mario García] aumentando el sueldo y el cargo a su hermano” y termina en “el caso Marset, el caso Astesiano y lo que pasó en el puerto”, enumeró.
El funcionamiento de la Jutep y la “cuotificación”
“El organismo está absolutamente desprestigiado”, indicó Gil Iribarne respecto a la Jutep.
En su visión, el origen de la desconfianza no es el caso Danza, sino la falta de percepción de los riesgos que implica por parte del sistema político. Opinó que la “cuotificación partidaria” en los cargos en la Jutep es un “hecho grave” y un “retroceso terrible”: “Es un error gravísimo que señalé el 30 de marzo de 2020, en la carta que envié para renunciar a la presidencia de la Jutep”. Sobre la legislación que establece la elección de jerarcas para la institución, dijo que no le cierra que se resuelva escribiendo, sino que “tiene que ser convenciéndose de cómo se hacen las cosas bien”.
“Si no estamos convencidos de que el organismo anticorrupción debe estar al margen de las camisetas político-partidarias, por más que lo pongas en la ley va a haber trampa. Hay decenas de trampas que, por ejemplo, hacen que las normas anticorrupción no se estén cumpliendo”, acotó.
En la misma línea, dijo que los recientes planteos del senador colorado Pedro Bordaberry –así como los de otros actores políticos en el pasado– con el objetivo de hacer eventuales cambios en los ingresos al organismo “le parecen buenísimos si están convencidos”, porque “estuviste cinco años ganando dos a uno y ahora que perdiste dos a uno te diste cuenta de que está mal”. “Tengo derecho a desconfiar y los versos me tienen cansado. [...] Si vamos a una forma de selección de los directores de la Jutep que implique otros criterios me parece bárbaro, pero quiero ver que lo que se ponga en la ley se cumpla y dejemos de usar a la Jutep y a la corrupción como un mecanismo para ganar votos”, acotó.
También en la dimensión de la legislación, dijo que “las normas no siempre resuelven los problemas hasta el final” y que está bien “cuando la interpretación se hace de forma razonable y pensando no en la relación del funcionario con el Estado, sino con los ciudadanos”, pero “si la quiero manosear la voy a manosear”: “Si la Ley 19.823 dice que no puedo contratar hasta segundo grado de afinidad, contrato a mis primos y se sube el tope... Me mete al sobrino del primo”, ejemplificó.
En ese eje, Gil Iribarne recordó que bajo su administración la Jutep señaló múltiples casos en los que se “violaron las obligaciones de un funcionario público”, pero “no pasó absolutamente nada y no hubo sanción para nadie”. “Si vos decís que no se violó la ley pero que está mal, yo sé que en este sistema que piensa en los votos no va a pasar nada, pero hay que decirlo para que la gente confíe en el organismo”, manifestó. “Como organismo anticorrupción no podés entrar en que ‘no va a pasar nada, no lo hago’, sino que tenés que hacerlo y que quede claro que son los partidos los que deciden no hacerlo”, complementó.
Finalmente, el especialista dijo que si los partidos no asumen que se está debilitando la confianza de la población, “vamos mal” y que, como en el resto de la región, “cuando la gente empieza a perder confianza un día sí y otro también, aparecen los paracaidistas con soluciones mágicas que no solucionan nada y hacen pomada la democracia”. “Este tema es gravísimo para Uruguay, más allá del caso concreto [de Danza], y ojalá esa propuesta del senador Bordaberry o cualquier otra –porque hay una vieja que la asemejaba a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay, aunque la experiencia no es muy buena que digamos– pueda llevar a una discusión en serio: no aprueben 500 artículos, aprueben cuatro y cúmplanlos”, finalizó.