El contrato firmado por el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen Natie implica una serie de contraprestaciones dentro de las cuales se encuentra la realización de un conjunto de obras en el puerto de Montevideo con el objetivo de ampliar la Terminal Cuenca del Plata (TCP). En este sentido, una de las empresas contratistas principales es Jan De Nul, que, a su vez, se hizo de los servicios del consorcio que integran las compañías Stiler y Mota-Engil para concretar los trabajos. Según informó Búsqueda el jueves, este consorcio envió a más de 100 trabajadores a “seguro de paro” a finales del mes pasado.
El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Javier Díaz, confirmó a la diaria que son alrededor de 130 los trabajadores que se encuentran en seguro de paro. Detalló que, por el momento, la única información que se les transmitió a los obreros fue por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Allí el consorcio informó que todo se deriva de “problemas contractuales” con la empresa Jan De Nul como consecuencia de “retrasos en obras”.
“Para nosotros, por los problemas contractuales de las empresas, no tenían por qué desvincular a los trabajadores; en tanto y cuanto la obra está abierta y la expectativa es que continúe por lo menos un año y pico o dos años para adelante”, apuntó Díaz. Desde ese punto de partida, el dirigente sindical expresó que se pidió que se “retrasara” la decisión, ante lo que el consorcio señaló que no tenía “alternativa”, dado que no contaba con “caja” para “seguir manteniendo jornales”.
Luego de confirmada esa situación, Díaz reconoció que se buscó que aquellos trabajadores que no podían acceder al seguro de paro continúen trabajando. Además, subrayó que para los obreros extranjeros se trató de asegurar, mientras estén en el país, el acceso a “partidas de alimentación” y vivienda. Ahora, el dirigente remarcó que el Sunca busca llegar a un ámbito en el que participen Stiler y Mota-Engil, Jan De Nul, las autoridades de TCP –Katoen Natie y la Administración Nacional de Puertos–, el Ministerio de Transporte, así como representantes del gobierno saliente y del gobierno entrante.
“En principio es para tratar de contar con toda la información”, comentó Díaz. “Nosotros no tenemos certezas de si la obra va a continuar o no, por cuánto tiempo se habla de enlentecimiento y ni de cuáles son los problemas contractuales”, enfatizó.
“Hasta ahora no hemos tenido por parte de las autoridades una respuesta concreta de día y hora de reunión, y tampoco hasta ahora tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar”, puntualizó. “Teóricamente, es una inversión en el entorno de los 500 millones de dólares”, recordó, y agregó que no se ha tenido ningún contacto con TCP.
La visión de los trabajadores portuarios
El dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) Alejandro Díaz recordó en diálogo con la diaria que, en su momento, se alertó que se “estaba entregando un negocio” a TCP “sin hacer una sola obra”. Más allá de eso, cuestionó que la terminal tampoco “se ha hecho cargo” de los puestos de trabajo que se van a perder en la empresa Montecon como consecuencia de la concesión de la carga a TCP. “Este gobierno se está yendo sin solucionar el problema de los puestos de trabajo que se van a perder en el caso de que terminen las obras”, agregó Díaz.
“Tampoco pudimos resolver el tema de un convenio colectivo de los trabajadores, y la cosa se está complicando un poco más ahora porque está intentando poner un sistema conocido en el ámbito portuario, el cual elimina y cambia las condiciones de trabajo”, alertó sobre la situación laboral en TCP. “Pero esta empresa se maneja así, negocia a partir de los conflictos”, concluyó.