A menos de un mes de su creación, la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social presentó este martes la “hoja de ruta” del diálogo social que el Poder Ejecutivo se propone llevar a cabo en este período de gobierno en materia previsional. El documento, que incluye los ejes prioritarios y la estructura que tendrá la convocatoria, fue aprobado en el marco de la primera sesión del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial.
Al término de la reunión, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó en conferencia de prensa que el actual gobierno está cumpliendo con “el compromiso que se había hecho en la campaña” en cuanto a que, “una vez asumido el gobierno, se iba a convocar al ámbito de un diálogo nacional sobre los contenidos de la seguridad social”.
Prioridades: infancia, cuidados, trabajo y jubilaciones
En la hoja de ruta, el Poder Ejecutivo marcó cuatro “ejes prioritarios”: la protección a la infancia, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la protección a los trabajadores activos y las jubilaciones y pensiones.
En el documento se sostiene que “el objetivo consensuado de erradicar la pobreza infantil” conlleva no sólo “la cobertura, la suficiencia y el financiamiento de las transferencias monetarias”, sino también “la necesidad de potenciar el desarrollo de las nuevas generaciones como una apuesta país de carácter estratégico”. En tal sentido, se aboga por “la expansión de los servicios y prestaciones de educación y cuidados” y por la promoción de “los apoyos que permitan redistribuir el tiempo dedicado por varones y mujeres al trabajo de cuidados en el hogar”.
Con respecto al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en la hoja de ruta se sostiene que es posible avanzar en “otras dimensiones”, como, por ejemplo, fomentar la igualdad de género y mejorar la inserción laboral de las mujeres.
En materia de financiamiento, en el documento elaborado por el Poder Ejecutivo se señala que, “más allá de la pertinencia de mantener e incluso aumentar la inversión proveniente de Rentas Generales”, lo cual podría hacerse “revisando algunas posibles fuentes de inequidad”, para el actual gobierno “es deseable que el diálogo social aborde alternativas innovadoras”, a los efectos de “potenciar los recursos que hoy invierten los hogares y de generar complementos que mejoren la calidad de los servicios ofrecidos al tiempo que permitan una mayor equidad en el acceso”.
En cuanto a las pasividades, se define el diálogo social como “un ámbito privilegiado para debatir colectivamente cómo garantizar una vejez digna, equitativa y protegida para toda la población”, en vista de que existen “desigualdades acumuladas en las trayectorias laborales”.
La arquitectura del diálogo social
En el documento presentado este martes se dispone la creación de una Comisión Ejecutiva como “el órgano de conducción política del diálogo social”. A esta comisión, que estará integrada por representantes del Poder Ejecutivo, los partidos políticos y “los actores sociales más representativos”, le corresponderá la elaboración del documento final que cerrará el diálogo social y que en su momento será enviado al Poder Ejecutivo para que redacte uno o varios proyectos de ley.
La Comisión Ejecutiva estará integrada por 18 miembros, y el gobierno no se aseguró la mayoría. Habrá ocho representantes del oficialismo: tres del Frente Amplio (FA), uno del MTSS, uno del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y uno del Banco de Previsión Social.
La oposición tendrá cinco representantes: uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto, uno del Partido Independiente y uno de Identidad Soberana.
Las organizaciones sociales, en tanto, tendrán otros cinco representantes: uno del PIT-CNT, uno de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, uno de la Red Pro Cuidados, uno de la Plataforma Infancias y Adolescencias, y uno de las cámaras empresariales.
En el período pasado, la Comisión de Expertos en Seguridad Social que instaló la administración de Luis Lacalle Pou para trabajar en la reforma jubilatoria, que se aprobó en 2023, tuvo nueve representantes del oficialismo, tres de la oposición y tres de las organizaciones sociales.
Los plazos del diálogo social
Por último, la hoja de ruta establece los plazos de la convocatoria. Formalmente, el diálogo social se lanzará en julio; desde entonces y hasta noviembre se desarrollará una etapa de “recopilación de insumos”. La siguiente etapa tendrá lugar entre noviembre y abril y estará abocada a la “búsqueda de acuerdos”. El 30 de abril de 2026, finalmente, se presentaría el documento final con las propuestas para el Poder Ejecutivo, aunque este plazo puede prorrogarse por 45 días.
En el documento se señala además que en el transcurso del diálogo social habrá seminarios y conversatorios de participación abierta, así como también un espacio para la recepción de aportes por parte de la ciudadanía. El Poder Ejecutivo prevé visitar todos los departamentos del país. A su vez, la Universidad de la República “tendrá a su cargo la elaboración de las relatorías, la sistematización de los insumos recibidos y facilitará los seminarios y conversatorios programados en el marco de la Comisión Ejecutiva”.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que acompañó a Castillo en la conferencia de prensa, sostuvo que el objetivo del diálogo social es delinear “acciones concretas”, algunas de las cuales “van a tener un resguardo a nivel del ámbito legislativo” y otras simplemente serán “acciones concretas en el diseño de la política pública”.
Lustemberg destacó “la transversalidad de la protección social” que se pretende que esté presente en el diálogo social, desde la infancia, con “la importancia que tienen los cuidados en toda esa matriz de protección social”, hasta la vejez, por lo que “van a estar de forma ineludible también los temas de las jubilaciones y las pensiones”.
Castillo puntualizó que “todos los temas están incluidos” en el diálogo social. “Si nosotros ya tuviéramos elaboradas las propuestas y prontas las respuestas, no sería diálogo”, expresó.
Consultado sobre la posibilidad de bajar la edad jubilatoria y evaluar el margen de ganancia de las AFAP, Castillo respondió: “Nosotros no estamos diciendo que ya esté resuelto la vuelta atrás [de la edad jubilatoria], ni mucho menos todavía cuáles van a ser las condiciones económicas”. “Decir estar abierto al diálogo [es decir] estar abierto al diálogo”, manifestó.
En la hoja de ruta que presentó el Poder Ejecutivo no hay ninguna mención a las bases para el diálogo social definidas por el FA en octubre de 2023. En ese documento, que fue ratificado “en todos sus términos” en las bases programáticas, la fuerza política había fijado como un punto de partida “generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad”; también había resuelto “revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social, con el objetivo de corregir las inequidades existentes propiciadas por las actuales normas”.