El expresidente de la República Luis Lacalle Pou fue presentado formalmente esta semana como senior fellow del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), un think tank cercano a importantes referentes del anterior gobierno.
La institución dio la bienvenida a su nuevo asesor y remarcó que “para una organización dedicada al análisis y propuesta de políticas públicas, contar con quien fue el último responsable de las decisiones más relevantes en Uruguay en los últimos cinco años resulta un enorme privilegio”.
El hecho no pasó desapercibido en el ambiente político y reabrió el debate sobre la incidencia de esta clase de organismos liberales en las políticas públicas y el lobby que llevan adelante con los gobiernos para marcar tendencias y posicionar sus intereses en diferentes países de la región.
La cercanía que el gobierno anterior mantuvo con el CED, cuyo actual presidente, Hernán Bonilla, fue director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, generó algunas suspicacias sobre los vínculos que el Ejecutivo mantuvo con ese think tank y la incidencia que ello pudo tener en algunas de sus decisiones.
Una de las primeras en instalar la polémica fue la exdiputada frenteamplista Lilián Galán, quien consideró, en diálogo con la diaria, que es “urgente” que Uruguay inicie el debate sobre una ley de lobby, a la vez que alertó que quienes están detrás de estos think tanks “forman parte del gobierno de las empresas transnacionales que tienen un poder enorme en América Latina, incluso por encima de los propios estados”.
Galán indicó que las malas experiencias de países vecinos demuestran que el tema debe ser abordado con seriedad por todos los sectores políticos de Uruguay y recordó que, desde su rol de legisladora, ya había denunciado los riesgos que significaba para el país que el CED haya actuado como asesor económico del gobierno de Lacalle Pou.
“Cualquier empresa transnacional tiene un PIB mayor que el de un país. Y lo que vienen a buscar en América Latina son recursos naturales, por lo que son necesarios gobiernos dóciles [...] que no les traben su accionar”, señaló Galán.
La exdiputada relató que comenzó a interesarse por el tema cuando trabajó en el presupuesto como parlamentaria y vio que el CED era el que asesoraba al Ministerio de Economía y Finanzas. Consideró que el asunto “pasó desapercibido” en ese momento para la opinión pública hasta que en diciembre Lacalle Pou anunció que en lugar de asumir como senador, iba a ser asesor del CED.
“Es sumamente grave. Se trata de una usina de pensamiento que está asociada a organizaciones internacionales de derecha. Hablamos de la Red Atlas, del Instituto Mises, que pergeñó intelectualmente el impeachment a Dilma [Rousseff]. La Red Atlas preparó toda la campaña en Argentina para [el presidente Javier] Milei, porque además tienen mucha plata y asesores internacionales”, afirmó la exlegisladora.
Por su parte, la senadora frenteamplista Constanza Moreira dijo a la diaria que el CED se presenta como un think tank “independiente y suprapartidario”, aunque sus vínculos políticos y sus posicionamientos –como su oposición al plebiscito de la seguridad social– revelan una intención clara: influir en el rumbo de las políticas públicas desde una agenda de derecha.
Moreira advirtió que estos centros de pensamiento ya no se conciben como órganos técnicos o consultivos, sino como verdaderos “faros de posicionamiento” capaces de orientar la acción política.
Vínculos con empresas transnacionales
Galán fue más allá en su análisis y expresó su preocupación por los estrechos vínculos de los think tanks con empresas trasnacionales, y puso como ejemplo el caso del laboratorio Pfizer, al que la mayoría de los gobiernos regionales le compraron la vacuna durante la pandemia de covid-19.
“También tienen vínculos con la banca transnacional y el gobierno norteamericano, que financia la Red Atlas, que es la organización que apoya económicamente a todas estas distintas usinas de pensamiento que se van instalando en América Latina, pero que tienen contactos internacionales muy importantes”, señaló. Y agregó: “El objetivo es financiar campañas nacionales de gobiernos afines, que no tengan ningún problema en firmar contratos con estas empresas internacionales, porque se juegan mucho”.
Galán dijo que existen varios ejemplos del poder de las transnacionales en América Latina, como es el caso del litio en Argentina, o las luchas entre México, Colombia, y ciertas empresas que violaron los derechos humanos en esos países. “Dejan a comunidades enteras totalmente desprotegidas frente a su ambiente cuando se llevan sus recursos naturales y no tienen ningún tipo de condicionantes”, afirmó.
También mencionó el caso de Chevron en Ecuador, país que transitó 25 años en un litigio luego de que dicha empresa contaminara con petróleo las aguas de una población muy extensa.
“No puede ser que cada uno de los estados, cuando tenga que ir a litigar, vaya al CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones], que es un organismo privado internacional, como le pasó a Uruguay con Philip Morris. Ganamos el litigio. Pero ¿cuánto dinero se perdió? Plata que se necesitaba justamente para políticas públicas nacionales. Tenemos otros ejemplos. Está el de las empresas de comunicaciones que durante el gobierno de Lacalle Pou lograron lo que no pudieron hacer anteriormente, que era entrar a competir libremente con Antel”, afirmó.
Faro de posicionamientos
Moreira, licenciada en Filosofía y doctora en Ciencia Política, se preguntó en qué lugar quedan los laboratorios de pensamiento de los partidos políticos y por qué se crean estas redes suprapolíticas internacionales. “En estos espacios comparten referencias ideológicas, estrategias comunicativas y redes globales [...] Argentina es su laboratorio más potente”, indicó.
Uno de los casos paradigmáticos es precisamente la vecina orilla, donde think tanks como la Fundación Atlas articulan un discurso libertario, con fuerte énfasis en la libertad de mercado y en una crítica frontal al Estado. El CED, con sus propios indicadores –como el “índice de burocracia”– y su monitoreo de la economía nacional, se alinea con esta lógica. “Ellos crean un monitor que prontamente va a ser aceptado como verdad científica por aquí y por allá, hay que tener cuidado”, advirtió.
“Estuve mirando incluso que se pronunciaron en contra del plebiscito de la seguridad social, es decir, que no solamente investigan y hacen sus monitoreos sino que está entre su misión influir en la política pública y establecer posicionamientos. Si les va bien, se convierten en un faro de posicionamientos para la derecha uruguaya”, reflexionó.
Moreira consideró que la derecha tradicional en Uruguay ha “fagocitado los intentos de creación de nuevas derechas”. “Mucho se habla sobre Identidad Soberana, pero hoy en realidad la principal resistencia en la ampliación de la agenda de derechos y de los recursos públicos así como la discusión del pasado reciente está en el Partido Nacional (PN) y en algunos legisladores del Partido Colorado”, afirmó.
Explicó que Identidad Soberana “no es el mejor ejemplar de la derecha súper liberal antiderechos”, que sí “está bien reformulada dentro del esquema de las derechas tradicionales en Uruguay”. “Eso revela la fuerza de estas derechas y su reconversión. Todo esto va en línea con esa modernización, con esta idea de think tanks suprapolíticos que sean capaces de señalizar rumbo y pensamiento respecto del proyecto de desarrollo nacional”, añadió.
La senadora consideró que existe una “ultraderechización de la derecha liberal que va de la mano con un conservadurismo muy marcado en términos de agendas de derechos, laborales, para las mujeres, diversidad, inclusión, etcétera. Ese es el mundo que se viene, pero siempre en Uruguay tiende a ser integrado, incorporado o asimilado por la propia derecha tradicional que vive y tiene unos cuantos votos”.
Sobre el CED
Cabe destacar que el CED, una institución que se define como una “usina de ideas enfocada en el desarrollo de políticas públicas”, mantiene alianzas estratégicas con think tanks de orientación neoliberal, como Atlas Network y Konrad Adenauer Stiftung.
Atlas Network es una organización estadounidense sin fines de lucro que promueve centros de investigación de libre mercado en todo el mundo. En los últimos años, se ha consolidado en la región y tiene como uno de sus pilares “la búsqueda de soluciones privadas a los problemas públicos”, según lo definió su ex CEO y presidente, Alejandro Chafuen, durante el Foro para la Libertad en Latinoamérica 2017, desarrollado en Buenos Aires, con la participación del entonces presidente argentino Mauricio Macri y el escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Durante el pasado gobierno, el CED organizó en Uruguay, junto a Atlas Network, uno de los eventos más destacados de think tanks del continente en marzo de 2023, en el Enjoy Punta del Este, con la vicepresidenta Beatriz Argimón como oradora inaugural.
Atlas Network reportó en 2023 haber apoyado a 246 beneficiarios en 85 países, capacitado a 661 personas y contado con 1.500 asistentes en sus eventos. Según una nota publicada en El Salto Diario, el 9 de junio de 2024, detrás de Atlas Network se encuentran multimillonarios y fundaciones de derecha, como la Fundación Koch, la Heritage Foundation y Templeton, además de grandes corporaciones de los sectores petrolero, tabacalero y farmacéutico.
La visión de la academia
Desde la academia se analizó el fenómeno con una mirada más cauta y se planteó que en realidad todos los sectores políticos tienen vinculaciones con alguna clase de think tank.
El doctor en Ciencia Política y profesor universitario Diego Luján reconoció, en diálogo con la diaria, que este tipo de organizaciones como el CED cumplen un “rol muy importante” en el sistema político uruguayo y funcionan como “usinas de elaboración programática”.
En la misma sintonía, el doctor en Ciencia Política y profesor universitario Daniel Buquet dijo a la diaria que si bien un centro de estudios puede ayudar a construir un programa de gobierno, no siempre puede influir en las políticas públicas. Para ejemplificar, puso el caso de Edu XXI. “Los políticos siempre van a ponderar la calidad de la propuesta, a evaluar los costos; y si no tenés la plata, no lo vas a hacer”, remarcó.
De cualquier manera, Buquet dijo que el riesgo del lobby informal existe: “En Uruguay hay un lobby informal, sin duda. Empresarios o sectores que se relacionan con políticos para que se tomen decisiones que los beneficien. No todo lobby es malo ni ilegal, pero puede haber zonas oscuras”.
La estrategia de Lacalle Pou
Para Luján, la decisión de Lacalle Pou de apostar por ser asesor del CED no es improvisada sino que persigue un claro fin político.
“La decisión de los expresidentes con niveles relativamente buenos de aprobación y de popularidad suelen ser decisiones estratégicas que apuntan a allanar el camino a lo que prevén va a ser un retorno. No es algo casual ni azaroso”, explicó y estimó que el CED le ofrece al expresidente una plataforma por fuera del sistema político formal, que le permite pronunciarse cuando lo desee sin tener que exponerse al debate parlamentario.
“En el caso de Lacalle Pou, su decisión aparentemente fue salir un poco de la discusión política coyuntural y apuntar más, por lo que él mismo ha dicho, a construir un perfil más técnico y más de formulación de proyectos de política pública”, señaló.
El experto consideró que es “bastante claro” que el expresidente se encamina a ser candidato para las elecciones de 2029, por lo que “todo lo que está haciendo de alguna manera va en función de ese objetivo”.
En la misma línea, Buquet consideró que la decisión de Lacalle Pou no es improvisada: “Supongo que lo evaluó con mucho detenimiento. Opta por no exponerse, quedar protegido fuera de la agenda. Si asumiera su banca en el Senado o presidiera el PN, su opinión sería retenida permanentemente. Esta es una actitud prudente que lo resguarda de los avatares de la vida política”.
¿Académico o político?
Buquet consideró que el perfil del expresidente no es estrictamente académico: “No tiene formación ni trayectoria intelectual como [Julio María] Sanguinetti, por ejemplo. Pero eso no le impide tener un rol de asesor, participar en debates, conferencias, o contribuir con su experiencia”.
“Si bien no tiene la acumulación intelectual de un académico, tiene la experiencia política. Es una persona que es relativamente joven, ha hecho política toda la vida y fue presidente de un país, y eso es algo apreciado, esa experiencia dialoga con la academia”, señaló.
Sin embargo, estimó que el ingreso al CED no es una simple retirada. Según Buquet, este tipo de centros de estudios pueden funcionar como usinas programáticas para futuras candidaturas.
En ese sentido, el politólogo apunta a que “el CED tiene una orientación ideológica que coincide con la que Lacalle Pou promovió durante su mandato. Desde allí puede seguir incidiendo en el debate público, con un timing propio, sin estar atado a la coyuntura partidaria”.
El CED y el Partido Nacional
Con respecto a la vinculación del CED con el PN, Luján interpretó que aunque ese centro de estudios no está orgánicamente vinculado a dicha organización política, sí mantiene “puntos de contacto importantes” con ese sector.
El expresidente podría haberse incorporado a un centro de estudios propio del PN, y, sin embargo, no lo hizo, lo que apunta a que la estrategia de Lacalle Pou es tener un perfil coalicionista para la próxima elección, aseveró Luján.
El experto consideró que Lacalle Pou apuesta a un proceso de aprendizaje sobre su anterior gobierno para que, en vistas de un eventual segundo mandato, tenga “la posibilidad de hacer una construcción programática un poco más sólida y ambiciosa”.
Lobby en Uruguay
Consultado sobre la existencia de lobby informal en Uruguay, por un lado, Luján sostuvo que si bien no existe una “industria del lobby” profesionalizada como en otros países, sí hay una red de “vasos comunicantes” entre el sistema político y sectores empresariales u organizacionales. “Uruguay tiene una autonomía relativa de la política frente al mundo privado, pero eso no quiere decir que no existan intercambios, presiones o influencias. Lo que no hay es una regulación formal de esas instancias”, apuntó.
Por otro lado, Buquet indicó que “el sistema actual no establece un mecanismo claro para canalizar esos intereses. Todo depende de la interfaz con el poder político. Si hay voluntad de recibir esas propuestas, si tienen calidad técnica y viabilidad política, pueden incidir. Pero también puede haber influencia por detrás de los cortinados”.
El experto dijo que Uruguay podría canalizar el lobby de forma más formal, obligando a que los grupos de interés se identifiquen, pidan reuniones y muestren lo que proponen. “Pero cuidado con las restricciones excesivas: a veces generan más delitos, como ha pasado con el financiamiento político en otros países”, advirtió el experto.
Entre los casos más polémicos de los últimos años, recordó que el Proyecto Neptuno se hizo a partir de un sistema previsto por el cual una empresa le puede proponer al gobierno una obra. Además, mencionó la polémica de la concesión de Katoen Natie en el puerto de Montevideo. “Creo que Uruguay, de todos modos –y eso lo reportan los indicadores internacionales–, es un país bastante transparente”, concluyó.