La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, determinó la reserva de las solicitudes de formalización en los procesos judiciales. Esto implica que sólo se publicarán los delitos por los que se pide la formalización, pero el desarrollo y la argumentación del fiscal serán trasladados en reserva al juzgado.
Para el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), esta resolución “cambia la política de comunicación de la Fiscalía General de la Nación, retaceando información sobre procesos de notorio interés público y restringiendo el acceso a la información”. Además, recordó que la resolución “fue adoptada una semana antes de la formalización del exintendente nacionalista de Soriano, Guillermo Besozzi, por delitos de corrupción”.
La organización alertó que la medida “no sólo reduce” la información a disposición de la población sobre casos de interés público, sino que “afecta la participación democrática, el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública”. “Además, pone un obstáculo adicional al trabajo periodístico por limitar el acceso a procesos judiciales”, añade.
Cainfo recuerda que el principio de publicidad establecido en el Código del Proceso Penal indica que el proceso será público en todas las etapas posteriores a la investigación preliminar, salvo decisión expresa del tribunal, y remarca que la decisión de Ferrero no tiene “argumentos legales ni constitucionales” que la sustenten.
Finalmente, la organización solicita a las autoridades que se revierta esta decisión, ya que de lo contrario se “afecta la libertad de expresión”.
La medida de Ferrero ya había sido cuestionada por integrantes de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Por ejemplo, el fiscal Ricardo Perciballe dijo a Nada que perder de M24 que la decisión “contraría absolutamente el principio de publicidad, que es uno de los principios básicos del nuevo [Código del] Proceso [Penal]”, y “claramente atenta contra la transparencia”.