El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció el martes ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado para informar sobre los lineamientos de su Plan Nacional de Seguridad Pública. En la sesión, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió la diaria, enfrentó varios cuestionamientos de representantes de la oposición, por ejemplo, por la no declaración de la emergencia en seguridad pública en lo que va de la gestión, un planteo que el Frente Amplio hizo al gobierno anterior.
Negro prefirió hablar de una “situación crítica” de la seguridad, y afirmó que la declaración de la emergencia en seguridad pública “no forma ni formó parte de los compromisos de campaña” del presidente Yamandú Orsi. Por otra parte, hizo énfasis en el estado crítico del sistema penitenciario, sobre el cual advirtió que se está “generando un grave riesgo para que las bandas criminales se sindicalicen dentro de la cárcel”, como ha pasado en otros países de América Latina, y anunció que trabaja “en el diseño de un proyecto de ley, o dos, en materia de control de armas”.
El reclamo sobre la declaración de emergencia
El senador nacionalista Javier García le preguntó a Negro por qué el gobierno no ha decretado aún la emergencia carcelaria, teniendo en cuenta que en campaña electoral, el Frente Amplio le reclamó al gobierno de Luis Lacalle Pou que lo hiciera. El exministro del Interior y exsenador blanco, Luis Alberto Heber, hizo un planteamiento similar. “Vemos un incumplimiento, no suyo, sino de la fuerza política que airadamente pedía el decreto de emergencia que no existe y es un faltante frente a los anuncios que dijeron que iban a realizar el primer mes de gobierno”, cuestionó.
Negro respondió que la situación es “crítica” pero que no la calificaría como una emergencia. “Ahora bien, más allá de la terminología y del uso de los vocablos, creo que es un sentir común del país, de la sociedad toda, que estamos en un momento muy complejo en materia de seguridad, con algunos índices delictivos que se han disparado y, además, con una situación de violencia social que no deja de conmocionarnos a todos los uruguayos”, acotó. Y añadió: “Es uno de los desafíos más complejos que tenemos por delante. Por algo, ya hace más de tres décadas que tenemos este tema arriba de la mesa y, si somos francos y damos una discusión por lo alto, todos debemos decir que hemos fracasado con rotundo éxito, porque por algo estamos en la situación en que estamos y tenemos las cifras que tenemos”.
Cárceles: números “escalofriantes” y “grave riesgo” de que “las bandas criminales se sindicalicen”
Negro se refirió a la situación de las cárceles, que albergan a “16.000 personas privadas de libertad sin la contención que ello requiere”. “Son números escalofriantes para un país como el Uruguay; estamos en récord a nivel de las tres Américas y a nivel del mundo entre los 10 países que tienen más presos en el mundo. ¿Y qué hemos logrado? Muy poco o nada”, cuestionó.
Agregó que además se corre el “grave riesgo” de que “las bandas criminales se sindicalicen dentro de la cárcel, como ha ocurrido a lo largo y ancho de América Latina”. “Milagrosamente, todavía en Uruguay eso no ha ocurrido, pero no podemos descartarlo, y no podemos ser tan negadores de considerar que en nuestro país no va a pasar. En Uruguay van a pasar las mismas cosas que están ocurriendo en todas partes del mundo, porque el Uruguay no es una isla y está al lado de dos gigantes que tienen graves problemas de criminalidad, insertos, además en América Latina, el continente más peligroso y violento del mundo”, advirtió el ministro, y afirmó que las cárceles uruguayas “ni siquiera sirven para que los que están encerrados dejen de cometer delitos; los cometen adentro y hacia afuera”.
“Partidario” del aumento de penas para el homicidio agravado
Negro se pronunció en contra del punitivismo y sostuvo que “no es a través de la suba de penas que vamos a terminar con los fenómenos delictivos”. “No es ese el camino para combatir el delito; simplemente es una chicana a la que se ha recurrido habitualmente porque es barata, porque vende, porque tiene buena prensa y se genera una sensación de que estamos combatiendo el delito porque subimos la pena a determinada actividad delictiva, o le cambiamos el nombre y hacemos como que estamos legislando algo nuevo. No es por ahí”, indicó.
A su turno, el senador colorado Andrés Ojeda acotó que “es una discusión bizantina en el Derecho Penal” si el aumento de penas “es efectivamente útil para reducir volúmenes de delito”. “Creo que la respuesta no es extrema, ni de un lado ni del otro. La respuesta es: depende”, afirmó.
En respuesta, Negro reconoció que hay excepciones, y mencionó que la ley de Responsabilidad Penal Empresarial “fue una de las pocas leyes penales que surtió efecto” para bajar “abruptamente las muertes de trabajadores de la construcción en sus lugares de trabajo”.
El ministro consideró que la pena máxima de los homicidios “es baja”, y dijo que es “partidario del aumento de los máximos de la pena en delitos graves como los homicidios muy especialmente agravados”. “Pero ¿creo que con esto voy a disminuir la cantidad de homicidios? No”, aclaró.
Gobierno trabaja en proyectos de ley de control de armas
Otro de los puntos mencionados por el ministro fue la necesidad de promover una política en relación a las armas. Dijo que en Uruguay hay más de un millón de armas, 600.000 de ellas están registradas.
Para abordar este fenómeno, anunció que se está trabajando en el diseño de uno o —quizás— dos proyectos de ley en materia de control de armas. “Pensamos que simbólicamente es importante que la sociedad uruguaya entienda que estar armado conlleva peligros, riesgos e, incluso, que alimenta la delincuencia, pero también es importante que tengamos presente que adquirir un arma en un negocio legal no puede ser como comprar un pan flauta en el supermercado. Tiene que tener determinados requisitos que hay que elevarlos. Tenemos que ser muy conscientes de que adquirir un arma implica una responsabilidad demasiado grande como para que sean demasiado liberales esas políticas”, consideró.
Análisis de aguas residuales en busca de fentanilo y otros anuncios
El ministro se refirió a otras iniciativas durante la reunión de la comisión. Afirmó que en la ley de presupuesto quinquenal se incorporarán los cargos de 2.000 policías, así como incrementos salariales para los funcionarios actuales. Anunció también que están diseñando un sistema de dispositivos electrónicos 360 “que vayan más allá de las tobilleras y que impliquen, con menor costo, mayor efectividad”. Estos dispositivos permitirían rastrear a las personas que tienen restricción de su libertad ambulatoria con reconocimiento biométrico de su rostro.
Además, contó que se buscará hacer un seguimiento del estudio de la Junta Nacional de Drogas “porque tenemos que saber qué tipo de drogas se están consumiendo, ya que eso determina la demanda”. “Queremos saber qué pasa con, por ejemplo, el fentanilo, puesto que no sabemos si ya está en el Uruguay o todavía no ha llegado. En el caso de que llegue, tampoco sabemos si lo podremos detectar, y para eso estamos haciendo un seguimiento del estudio de las aguas residuales de las cloacas de Montevideo, que es donde se juntan los residuos y nos permite detectar la presencia de sustancias que quizás se están consumiendo y nosotros no lo sabemos”, señaló.