El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) anunció este lunes, en la víspera de una nueva Marcha del Silencio, la digitalización de diez documentos referidos al relacionamiento entre los gobiernos de la región durante la implementación del Plan Cóndor. La presentación del proyecto “50 años del Plan Cóndor-Digitalización de documentos de los archivos de Cancillería sobre casos emblemáticos” se realizó en el marco del Mes de la Memoria y en homenaje a la exvicecanciller Belela Herrera, fallecida este sábado, a los 98 años de edad.
Los diez documentos digitalizados se refieren a casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del Plan Cóndor. Uno de ellos, fechado el 25 de noviembre de 1975 y procedente de la embajada de Uruguay en Argentina, daba instrucciones a su Sección Consular sobre la cancelación de los pasaportes de Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, quienes estaban exiliados en Argentina. Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires.
En otro de los documentos, la sede consular uruguaya en Argentina le pide al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, instrucciones sobre cómo proceder ante la llegada de uruguayos con asilo político, así como de personas requeridas por la dictadura uruguaya.
Otro documento, fechado en julio de 1979, es remitido por el agregado naval de la embajada de Uruguay en Argentina al embajador uruguayo en esa misión, con el objetivo de tramitar la prórroga de la visa en el país vecino del represor y exteniente de Navío Jorge Tróccoli. Además, se informa la remisión del certificado de permanencia emitido por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde Tróccoli prestaba servicios.
Otro archivo es un memorándum con fecha 2 de julio de 1976 que refiere al secuestro de María Elena Quinteros en el predio de la sede de la embajada de Venezuela en Montevideo, el 28 de junio de 1976. En ese documento se hace referencia a la “conducta a seguir” en el marco del “caso Venezuela”, posibles acciones a tomar y las implicancias desde el punto de vista de las relaciones internacionales. En el texto se establecen “dos alternativas claras”, que son entregar o no “a la mujer”, y se detallan las repercusiones de política internacional que podrían derivar de cada una de las acciones a tomar.
En tanto, el 26 de enero de 1972, la embajada de Uruguay en Chile pide designar un agregado militar, naval y aéreo ante el gobierno de Chile, vista la llegada a ese país de ciudadanos uruguayos “con actividades sediciosas”. También en ese país, el 1° de agosto de 1979, la embajada uruguaya informa a la cancillería sobre la difusión de una denuncia sobre el secuestro y aparición en la ciudad de Valparaíso de los niños Anatole y Victoria Lucía Julien Grisonas.
El 12 de diciembre de 1975, la embajada de Uruguay en Estados Unidos le informa a la cancillería el pedido del senador Ferreira Aldunate a diferentes autoridades gubernamentales norteamericanas. El 21 de enero de 1977, esa misma embajada se dirige al Departamento de Estado de Estados Unidos manifestando el retiro de la propuesta de las designaciones del coronel José Fons y del mayor José Gavazzo en cargos a desempeñar en ese país.
“Voluntad política”
La canciller interina, Valeria Csukasi, dijo en conferencia de prensa que la digitalización de estos archivos y su acceso libre es “clave” para “entender parte de lo ocurrido” durante la coordinación represiva de los estados dictatoriales durante las décadas del 70 y 80. El trabajo fue realizado en conjunto entre la cancillería y los proyectos Plancondor.org y Sitios de Memoria Uruguay.
Csukasi reafirmó durante la presentación la “voluntad política” y la “disposición” del gobierno a dar acceso a los archivos y documentos referidos al pasado reciente que están en poder del ministerio. En ese sentido, destacó el trabajo de los funcionarios de la cartera.
En tanto, la directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del ministerio, Cristina Mansilla, destacó la tarea “recurrente, comprometida y coherente” para el mantenimiento de los archivos. Desde 2005, contó, existe un grupo de trabajo dedicado a recopilar, organizar y difundir la documentación pública relativa a la violación de los derechos humanos en el período 1972-1986.
En ese marco, hasta el día de hoy se han tramitado 580 solicitudes de consulta de documentos, principalmente realizadas por víctimas, familiares y organizaciones, dijo Mariela Cornes, archivóloga del Archivo Histórico Diplomático de la cancillería. Por otro lado, también se elaboraron unos 100 instrumentos de descripción, inventarios e índices en su mayoría para facilitar la localización y el acceso a la información registrada en este conjunto de documentos.