El martes sesionaron, luego de diez años, la Comisión Asesora de Vivienda (Coavi) y la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial (Coaot) en Durazno. Del encuentro participaron la nóvel ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro, el director nacional de Vivienda, Milton Machado, y la directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio.
La Coavi fue creada por la Ley Nacional de Vivienda del 17 de diciembre de 1968, sin embargo, se convocó por primera vez en 2005, luego en 2010 y por última vez en 2015, cuya instancia brindó insumos para el Plan Quinquenal de Vivienda del gobierno de Tabaré Vázquez.
En ese marco, la ministra expresó, antes de comenzar los talleres de trabajo de la comisión, que desde el Ejecutivo no conciben “otra manera de construir la política pública que no sea el intercambio” con las personas que asistieron al encuentro y también con las organizaciones sociales.
Paseyro planteó los principios rectores que tendrá la gestión del MVOT: la política de vivienda “como una política social que exige desde su diseño” y que “debe ser articulada y complementada con el resto de las políticas sociales”; el ministerio como “cercano, fuerte y presente” para “atender las dificultades de acceso y permanencia de las personas a la vivienda”; una política que esté “dirigida a toda la población”, incluyendo a “la población vulnerable”, pero también a quienes “tienen dificultades para el acceso y la permanencia a la vivienda”.
“Entendemos que esta política pública tienen que ser creativa y que tienen que tener una base amplia de instrumentos que apunten justamente a todos los sectores de la población que lo necesitan”, resaltó, y agregó que esta política “debe ser construida e implementada de forma participativa”. Para esto, considera necesario generar “nuevas metodologías que valoren y tomen en cuenta los valores y saberes de todos, de las vecinas y vecinos organizados, trabajadoras y trabajadores, gremiales, las distintas organizaciones, federaciones, sindicatos, organizaciones del sector privado, la academia”.
A su vez, señaló que estas políticas “tienen que tener un enfoque de derechos”, ya que es necesario que “permitan el acceso a la vivienda a sectores que hoy están en situación de extrema pobreza” y “también a esas familias que hoy tienen capacidad de pago pero no tienen capacidad de ahorro, a los jóvenes que están en distintas situaciones de vida, a los adultos mayores, a las mujeres solas, población migrante”.
Asimismo, apuntó que debe haber una “planificación estratégica y de ordenamiento territorial equilibrado, sostenible”, por lo que “es fundamental planificar el crecimiento tanto urbano como rural respetando el territorio, evitando la segregación, la expansión descontrolada, la especulación del suelo, garantizando el derecho a entornos seguros, conectados y con acceso a servicios y oportunidades”. Afirmó que “es una prioridad del gobierno” y del ministerio la atención a la pobreza infantil y, por ende, a la primera infancia.
La Coavi es asesora de la Dirección Nacional de Vivienda en la elaboración de los planes quinquenales de vivienda que se envían al Parlamento en el marco del Presupuesto Nacional. Estos planes incluyen un diagnóstico de la situación habitacional del país, la previsión de recursos y su distribución, y medidas y proyectos de ley complementarios.
En ese sentido, a través de la página web Plataforma de Participación Ciudadana Digital de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, se abrió un proceso participativo que consiste en actividades presenciales y/o virtuales para recibir aportes, definir y/o tomar decisiones sobre un tema específico. Según indica el sitio, algunos ejemplos de procesos participativos son la consulta pública, la cocreación de iniciativas o planes de acción, construcción colaborativa de documentos y presupuestos participativos, entre otros.
Por lo tanto, hasta el 28 de mayo se van a recibir aportes en torno a seis temas: emergencia habitacional, cartera de tierras, primera vivienda, política territorial transversal, cooperativas de vivienda y participación del sector privado.
De este proceso puede participar cualquier persona a título personal o en representación de organizaciones públicas y privadas, organizaciones civiles, federaciones, gremiales, academia, inversores, empresas privadas, organismos internacionales, entre otros.