La proximidad de las elecciones departamentales, con sus correspondientes actos de cierre de campaña, no impidió que el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) recibiera ayer al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde, para informarse de primera mano sobre el plan del gobierno en materia de seguridad pública.
Al término de la reunión, en conferencia de prensa, Negro sintetizó su exposición —de más de horas— ante el Secretariado Ejecutivo del FA con una metáfora: “Estamos cambiando las ruedas de un auto que está en movimiento y que no podemos pararlo; este auto no puede parar para realizar los ajustes que se requieren”, expresó, y aseguró que el Ministerio del Interior (MI) está realizando “un continuo trabajo en los barrios con operativos, allanamientos, incautaciones y controles de movilidad, como son las motos”.
Esto último es un tema de preocupación en el Poder Ejecutivo. Semanas atrás, Negro pidió colaboración a los gobiernos departamentales en el Congreso de Intendentes, y ayer adelantó que el ministerio está elaborando un proyecto de ley para enviar al Parlamento a mediano plazo. La motocicleta, sostuvo, “es una combinación perfecta con el casco y el arma como un instrumento para la comisión de delitos”.
“Estamos trabajando en un proyecto de identificación mediante registro electrónico de casco, chaleco y moto para lograr que los operativos de control en algunas vías de tránsito no terminen siendo una demora o un inconveniente para aquel trabajador que utiliza su moto con fines lógicamente lícitos”, puntualizó Negro.
El titular del MI aseguró que en el transcurso de este período de gobierno se han llevado a cabo “numerosas incautaciones de vehículos que están absolutamente fuera de toda regla”, lo cual conlleva un “segundo problema”, ya que “la acumulación de las motos que se incautan termina siendo un problema medioambiental. También estamos trabajando sobre eso”.
Carlos Negro sobre los robos pirañas
En cuanto a los últimos “robos pirañas” que se han registrado, particularmente en farmacias, Negro dijo que se trata de “un fenómeno que arrastramos ya desde el período pasado” y sostuvo que la cartera está evaluando, junto con los “propietarios de los comercios” y “compañías de seguridad”, algunas medidas que “no sean la pura vigliancia de un policía parado en la puerta, sino usar un poco la inteligencia en esta materia y lograr una prevención que evite esta modalidad delictiva”.
Según informó El País, el MI estudia la posibilidad de prohibir de alguna manera la circulación de dos personas en una misma motocicleta, algo que ya existe en varios países de la región. El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, declaró al citado medio que “esto sería crucial, sobre todo, en los robos piraña” en los que “muchas veces uno conduce y otro comete el hurto”. “Si evitamos ese traslado en dúo, desarticulamos parte del plan delictivo”, afirmó Clavijo.
Esto ameritó una rápida respuesta del exministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien a través de X sostuvo que este tipo de prohibiciones han tenido “resultados poco efectivos” en los lugares que se han aplicado. Por el contrario, la restricción “sí genera un aumento en los costos y dificultades para muchas familias trabajadoras que dependen de la moto como medio de transporte”, afirmó Martinelli, y señaló que actualmente el MI “ya cuenta con herramientas tecnológicas para controlar convoyes de vehículos, detectar motos sin matrícula y prevenir este tipo de delitos”.
Negro abogó por “grandes acuerdos nacionales”
Por otra parte, Negro expresó su voluntad de que el plan de seguridad del gobierno trascienda a la actual administración, lo cual implica “traspasar los límites partidarios e ir a grandes acuerdos nacionales”. En tal sentido, mencionó como un tema prioritario la reforma del sistema carcelario.
“El otro día en la comisión del Senado nosotros le planteamos a los senadores de la oposición la necesidad de estructurar una serie de acuerdos programáticos, pocos, pero consistentes, que nos permitan avanzar en proyectos de ley presentables a corto plazo para empezar a trabajar en grandes políticas de Estado, en algunas medidas para el sistema carcelario”, expresó Negro, en referencia a su reciente comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado.
Según consta en el acta de la sesión, el ministro sostuvo que el sistema penitenciario uruguayo “está colapsado”, con cerca de 16.000 personas privadas de libertad, “números escalofriantes para un país como el Uruguay”.
En dicha oportunidad, Negro también advirtió sobre el “grave riesgo” de que “las bandas criminales se sindicalicen dentro de la cárcel”, tal y como “ha ocurrido a lo largo y ancho de América Latina”. “Milagrosamente todavía en Uruguay eso no ha ocurrido, pero no podemos descartarlo y no podemos ser tan negadores de considerar que en nuestro país no va a pasar. En Uruguay van a pasar las mismas cosas que están ocurriendo en todas partes del mundo porque el Uruguay no es una isla”, manifestó.