En una publicación en Facebook de marzo, la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA), por intermedio de Julio Rey, uno de sus integrantes, informó sobre la organización de una fiesta rave, de música electrónica, en beneficio de “la piba de los brownies”, una mujer que fue detenida en enero del año pasado en Punta del Diablo por vender brownies cannábicos. “Se viene la segunda rave en beneficio de ella y sus dos hijas para que puedan remarla en lo que queda”, dijo Rey en la publicación, que aludía a un evento del 12 de abril.
Rey dijo a la diaria que los autocultivadores, a lo largo y ancho del país, están “haciendo sus pininos y tratando de resistir”, tras “algunos de los embates legales que se dieron en la pasada administración” a partir de la ley de urgente consideración (LUC).
Valentina Piquinela, abogada especializada en derechos humanos y representante de la mujer, se refirió a este caso en un artículo publicado en el informe anual de 2024 del Servicio Paz y Justicia. Destacó que la LUC “determinó que la única forma de cumplimiento de condena penal para los delitos vinculados a estupefacientes sea la privación de libertad efectiva”, y que “no existe hoy ninguna medida alternativa a la privación de libertad total que sea aplicable a casos como este, sin importar la gravedad del delito ni la ausencia de antecedentes, ni la sustancia, ni la cantidad incautada”.
De esa forma, Rey señaló que “hasta el día de hoy” dieron esta “lucha” de manera permanente y que el eje de las acciones llevadas adelante por ACCA en el período anterior “fue remarla para mantener el tema y provocar la opinión pública”. Sin embargo, señaló que “quizás no era la coyuntura ideal para un cambio parlamentario, que es lo que la Ley [19.172, de regulación y control del cannabis] requiere.
En ese marco, además de a Rey, que representa a los autocultivadores, la diaria consultó a Guillermo Raffo, expresidente de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (Feccu), y a Ricardo Páez, presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam), sobre cuáles son los desafíos para el gobierno de Yamandú Orsi y los principales puntos a tratar en diálogo con las autoridades.
Uno de ellos, que por unanimidad fue remarcado por los tres, era convocar al Consejo Nacional Honorario del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), que nunca fue citado desde que se promulgó la ley de cannabis. El 8 de mayo, la Junta Directiva del Ircca resolvió citarlo, así como que los ministerios de Educación y Cultura, Interior, Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, la Universidad de la República y el Congreso de Intendentes designen representantes (titular y alterno) antes del 5 de setiembre de este año, para reunir al consejo.
Además, estipuló “realizar una amplia convocatoria a las organizaciones representativas de autocultivadores, clubes de membresía y licenciatarios de cannabis” para que antes de esa fecha presenten sus postulaciones de representantes (titular y alterno), “a efectos de ser elevadas al Poder Ejecutivo para su designación”.
Según la ley, este ámbito es un órgano de consulta que actúa en el asesoramiento de la elaboración del Reglamento General del instituto, de los planes y programas en forma previa a su aprobación y todo aquello que la Junta Directiva del Ircca solicite, y también opina “en toda otra cuestión relacionada con los cometidos del Ircca, cuando lo estime conveniente”.
Falta de stock y pocas farmacias adheridas
El 25 de febrero de este año, el Ircca seleccionó cuatro nuevas empresas de producción de cannabis para uso adulto, “debido al aumento sostenido de las personas registradas para acceder legalmente a cannabis de uso adulto y la dificultad de abastecer correctamente la demanda en las farmacias adheridas a la red de dispensación”, según informaron entonces.
En ese sentido, Rey apuntó que en el anterior período “no se avanzó mayormente” en materia de producción, que únicamente 4% de las farmacias de Uruguay venden cannabis y que están “mal distribuidas geográficamente”.
De acuerdo con el sitio web del Ircca, en la actualidad hay 42 farmacias que venden cannabis y la mayoría de ellas se encuentran en la capital del país: 11 están en Montevideo, tres en Maldonado, dos en Salto, una en Rocha, una en Paysandú, una en Lavalleja, una en Cerro Largo, una en Canelones y otra en Artigas, por lo que quedan diez departamentos sin cubrir. “Un 4% aproximadamente de las farmacias, a casi 12 años de aprobada la ley, muestra que [esta forma de suministro] es un camino que quizás no sea el más acertado o, por lo menos, no debe ser el único”, valoró Rey.
Desde su perspectiva, “habría que sacar el tema de la exclusividad de las farmacias como expendios” y “habría que dar oportunidades de desarrollo, así como se les da a los grandes inversores, a las pequeñas producciones”. “Hay maneras de incorporarlo, pero la exclusividad de las farmacias está en la ley madre”, apuntó.
“Toda esa gente que tiene una capacidad de cultivo superior al promedio, hablando de autocultivadores, jardineros de clubes, etcétera, debería tener una oportunidad de que se le habilite una pequeña producción por lo menos para suministrar en forma regulada localmente”, propuso, y cuestionó: “¿Qué vamos a estar esperando, 10, 20, 30 años más, a que haya un total de farmacias que se adhieran?”.
Por otro lado, Raffo, que integra la Feccu, se refirió al rol de los clubes de membresía, cuyo objetivo es la producción de flores de cannabis psicoactivo únicamente para el uso de los miembros. Los clubes cannábicos tienen entre 15 y 45 socios, y sólo pueden ser miembros las personas físicas, capaces, mayores de edad, ciudadanos legales o naturales uruguayos, o los detentores de residencia permanente, según indica el sitio web del Ircca.
Asimismo, hay una limitación de 99 plantas de cannabis psicoactivo hembras por cada club, y la producción y el acopio no pueden superar los 480 gramos anuales por socio, por lo que no se puede entregar más de esa cantidad a cada uno. Actualmente, hay 481 clubes de membresía activos y 16.693 miembros.
Raffo se preguntó, en el caso de que un club supere esa cantidad y coseche más, “¿por qué el Ircca no se queda con esos kilos de más?”. Por otra parte, sugirió que el instituto haga una “analítica” para evaluar si lo producido por el club “tiene condiciones mínimas, no tiene metales pesados [o] salmonella”, para que “después lo puedan dispensar ellos mismos”. En ese sentido, propuso que se haga esto y que al club se le cambie esa producción “por consumo de UTE o de agua”.
Se refirió también a la cantidad de socios permitidos y apuntó que “tiene que ser viable que un club que puede producir pueda ampliar el número de socios”, ya que el total de 45 socios “tiene que retirar, por lo menos, 25 o 30 gramos al mes” para que sea rentable, teniendo en cuenta los costos fijos que tiene el club para producir.
Por eso, apuntó Raffo, si un club pudiera ampliar su cantidad de socios a 50, se podría colocar una “tasa de control”, así como “tener un registro todas las semanas”. “Sos un club menos grande, empezás por tres años [con] la licencia del club. Si durante tres años no tuviste observaciones, trabajaste bien, estuviste bien, te [podrían dar] la posibilidad, si te interesa, de que te pases a una licencia de un club más grande, con mayor producción, mayor capacidad”, explicó, y puntualizó que, de esa forma, no se estaría incumpliendo la ley ni cobrando un impuesto ni una tasa por un servicio.
En otro orden, los clubes de membresía pueden tener una única sede para desarrollar sus actividades que incluyen la plantación, cultivo, cosecha, procesamiento y distribución del cannabis, “quedando prohibido el desarrollo de estas actividades fuera de dicho local”, y cualquier cambio de sede debe ser solicitado con antelación al Ircca, así como las reformas que se hagan.
Para Raffo, modificar esto es una acción que “no necesita cambio de la ley”, sino el “cambio de una normativa” del Ircca. “Si vos cambiás eso, y es un padrón que tenga las condiciones para habilitar más de un club, estarías haciendo una prueba piloto” para “poner dos clubes en un mismo lugar y atender 90 personas”. “Eso lo planteamos [con] mi club y otro club en 2020, [pero] nos dieron para atrás. Nos dijeron que no, que en su momento no”, relató, y explicó que un cambio así podría ayudar a que en lugar de “pagar [los costos] entre 45 personas”, se haga entre 90 y se pueda tener más presupuesto y, por ende, “mejores medidas de seguridad”.
Ausencia de mercado interno de cannabis medicinal
En 2024, empresas de cannabis medicinal presentaron 13 medidas para “aliviar la crisis” que atraviesa el sector. Páez, presidente de la Cecam, mencionó que aún “siguen faltando”.
En líneas generales, indicó que “falta crear un mercado interno”, ya que “fundamentalmente todo lo que es producción se maneja para exportación, salvo los que son estrictamente medicamentos”, pero que fuera de esto, “se exportan flores para uso medicinal, con alto contenido de THC [tetrahidrocannabinol], [que] acá no se pueden comercializar en las farmacias, por ejemplo”. “Se consideró la posibilidad de registrarla como medicamento en el Ministerio de Salud Pública, en el marco de la Ley 19.847 [que declara de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud mediante productos a base de cannabis], pero el ministerio no lo acepta”.
Señaló que uno de los puntos más importantes es que el aceite industrial a base de cannabis “se puede usar como materia prima, incluso como semielaborado para la industria farmacéutica”, que “permitiría, con el correspondiente control de calidad y el correspondiente perfil analítico, entrar en el circuito farmacéutico”. “Eso incrementaría la producción de farmacéuticos y bajaría los precios, que es lo más importante”, resaltó.
Por eso, subrayó que impulsar el mercado interno “les da la oportunidad también a las empresas que están produciendo, que han estoqueado y sobreestoqueado –porque se cayó el mercado exterior–, de poder, por lo menos, moverse internamente”.
Con respecto al gobierno de Orsi, que asumió hace casi tres meses, destacó que “hay un cambio en Salud Pública que va a ser importantísimo, porque Salud Pública ha sido una valla bastante difícil de sortear”.
Se refirió también a la importancia del Comité Técnico Asesor, creado por la Ley 19.847 y que está en la órbita del Ministerio de Salud Pública, que tiene entre sus cometidos “elaborar un documento con el conjunto de las recomendaciones emitidas”, que se eleva al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en un plazo no mayor a un año”. “Nos llamaron por lo menos para formalizar, pero tampoco funciona. Creemos que esa plataforma es la que vamos a seguir trabajando, y tenemos esperanza de que obviamente se van a producir algunos cambios”, auguró.