El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) decretó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional integrado por representantes de la Dirección Nacional de Energía (DNE) de la cartera y de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) para una “revisión integral de la reforma de los combustibles” de 2021.
El decreto emitido el martes, con la firma del presidente Yamandú Orsi y las ministras de Industria y Transporte, Fernanda Cardona y Lucía Etcheverry, respectivamente, recuerda que, en cumplimiento del artículo 237 de la ley de urgente consideración (LUC), la administración anterior llevó a cabo una “revisión del sector combustibles” e impulsó una serie de modificaciones legales y reglamentarias”, que incluyeron encomendar a la Ursea “la aprobación de las reglamentaciones necesarias para regular el mercado de combustibles líquidos en el marco de sus competencias”.
Así es que, en junio de 2021, comenzó a regir el esquema que estableció que la fijación de las tarifas de los combustibles debía tener “una periodicidad no mayor a 60 días” y tomaría como insumo el informe sobre los precios de paridad de importación (PPI) de los combustibles, elaborado por la Ursea. El decreto entiende que, en ese contexto, la unidad reguladora “ha dictado una sucesión de resoluciones, de forma parcial y dispersa, que ha generado gran conflictividad e incertidumbre en el sector, con numerosos actos administrativos resistidos tanto en la vía administrativa como jurisdiccional”.
Por esto, y considerando que “el Poder Ejecutivo es el conductor de las políticas sectoriales del país”, la administración consideró “conveniente” hacer un “análisis integral” de la reforma previa, ya que “se advierte que la misma no ha cumplido los hitos previstos”.
El grupo de trabajo desempeñará su labor “por un plazo máximo de hasta seis meses”, durante el que convocará “a los actores del mercado de combustibles que estime necesario, con el objetivo de proponer los lineamientos de las políticas de la distribución secundaria de combustibles que deben regir el sector”.
A su vez, el decreto exhorta a la Ursea a no regular sobre la distribución secundaria de combustibles líquidos y a “suspender los trámites pendientes y futuros, relativos a aperturas y traslados de estaciones de servicio”, “hasta tanto se realice la revisión propuesta”.
A principios de mes, la ministra Cardona adelantó que trabajarán junto al ministerio de Economía y Finanzas en una ley para modificar la periodicidad mensual del ajuste de precios, y adelantó que la medición con base en el precio de PPI se va a mantener y se va a usar la referencia “como históricamente se hizo”. Sin embargo, reafirmó la necesidad de considerar otros elementos, ya que el PPI es sólo “el primer eslabón de la cadena” para llegar al precio de venta al público.
Presidenta de Ancap propuso un fondo para estabilizar el precio de los combustibles
Entrevistada por Búsqueda, Cecilia San Román, presidenta de Ancap, afirmó que propuso la creación de un fondo de estabilización de precios de combustibles, tal como se aplicó en el mercado eléctrico años atrás para “cubrir las fluctuaciones enormes”.
San Román explicó que esquemas similares se han implementado en varios países. Chile, por ejemplo, “tiene un camino hecho en esto, de tener una franja, de guardar un fondo de estabilización para cuando vengan períodos de alta y amortiguarlos”, sostuvo la presidenta. La jerarca señaló que esto permite que, “cuando los precios se van muy altos”, se pueda “tomar de ese fondo” para estabilizar la tarifa, lo que genera “un menor impacto en la inflación” y mayor “previsibilidad para los negocios que operan en el país”.
Consideró que la metodología de medición según el PPI, “tan traducible inmediatamente”, “termina teniendo una repercusión en la inflación”: “un mes te podés ir altísimo como pasó con la guerra y al mes siguiente bajar muchísimo. El que tiene un negocio industrial, ¿cómo planifica?”, cuestionó San Román.