Este artículo forma parte del proyecto “Narrativas sobre denuncias falsas: una investigación sobre desinformación y violencia de género”, realizado por Mariana Cianelli, Stephanie Demirdjian, Marina Santini y Yamila Silva.
“Reconozcamos a los buenos hombres, a tus hijos y nietos que serán los hombres del mañana”, decía el afiche que empezó a circular en la previa del Día Internacional del Hombre, que se celebró en Uruguay por primera vez con una movilización el 19 de noviembre de 2024. La convocatoria era a concentrarse en la tardecita en la Plaza de la Bandera. Lo cierto es que, más que reivindicar a los “hombres del mañana”, la manifestación se centró en cuestionar la Ley 19.580 de violencia basada en género, y particularmente reclamar ante las denuncias falsas por estos delitos.
Pasadas las 18.30, decenas de personas –en su mayoría hombres, pero también mujeres– se aglutinaban en ese puñado de tierra frente a Tres Cruces con carteles, pancartas y remeras alusivas a todos estos temas, mientras sonaba una música de ambiente al amparo de un toldo azul debajo del que reposaba el resto de los materiales para la movilización.
“Devuélvanme a mi hija”, se leía en uno de los carteles quizás más elaborados, que contenía la imagen animada del cuello de una persona amarrado con una cadena de púas. A su costado, otra pancarta tenía impresa la imagen de un hombre de espaldas caminando de la mano de una niña. No tenía texto, pero era bastante ilustrativa. En la vuelta había, además, muchas banderas de Uruguay.
Algunas de las consignas generales que se leían en las pancartas esbozaban cuestiones como “no a la dictadura de género”, “ser hombre no es delito”, “las denuncias falsas destruyen familias”, “basta de hijos huérfanos de padres vivos”. Otra categoría de carteles podría haberse titulado “ley de violencia de género”, y en esa había dos subcategorías: las denuncias generales y las denuncias de casos concretos. La primera incluía pancartas como la que decía “Ley 19.580 discrimina al hombre por ser hombre”. En la segunda entraban aquellas que, en apoyo a varones denunciados por violencia de género, exponían frases como “condenados por la Ley 19.580; basta de denuncias falsas” –junto con fotos de sus rostros– o “Colonia es víctima de la Ley 19.580”.
Dentro del grupo de participantes se destacaba un personaje en particular, que parecía llevar la batuta en la organización. Se trataba de Sergio Mastandrea, que se convirtió en un referente cuando su hijo, Adrián, fue condenado a diez años de cárcel por abuso sexual especialmente agravado. Él asegura que su hijo es inocente y ha organizado distintas manifestaciones callejeras e iniciativas en redes sociales –sólo en Tik Tok suma más de 65.000 seguidores– para reclamar justicia. En esa búsqueda, se convirtió en héroe y modelo para otros.
Muchas pancartas ese día tenían la cara de Adrián. “Liberar a Adrián Mastandrea, víctima de la ley de género tres años preso por denuncia falsa; corrupción en Fiscalía” decía una, pegada encima de una bandera de Uruguay. Otros carteles, más escuetos, sólo mostraban la cara del hombre junto con la frase “víctima de la ley de género”, que es como estos grupos llaman a la ley de violencia de género.
“Esta ley es una ley mentirosa, que lo único que está haciendo es destruir a la familia, a los niños, a las mujeres, a los hombres”, dijo Mastandrea, micrófono en mano, cuando le tocó iniciar la parte oratoria. “Sabemos que atrás de todo esto está el nefasto Jorge Díaz [exfiscal de Corte, actual prosecretario de la Presidencia], [porque] justo la ley de género y el nuevo Código del Proceso Penal le dieron la potestad a la Fiscalía para ser dioses. Denunciás a un fiscal por corrupción y lo investiga el fiscal amigo”, señaló, e insistió en que “es terrible la corrupción que hay en la Justicia uruguaya”, que definió como “la Justicia feminista”.
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Tenencia compartida: un antecedente
La propuesta de la movilización era tomar el micrófono y mandar el mensaje que cada uno quisiera o necesitara. La mayoría de los que pasaron adelante eran hombres denunciados por violencia de género o familiares de hombres denunciados por violencia de género. Cristian, por ejemplo, contó que le prohibieron ver a su hija por 14 años. “Nos han callado de todas las maneras que han podido, hemos sido amenazados, jamás he dado el nombre de mi hija, por más que deseo gritarlo [...] Acá no hay un hombre ni una mujer hablando; acá hay un padre hablando. Ustedes pueden medir el coraje de un hombre frente a un león; el coraje de un padre no lo saben medir”, expresó.
Es que, además del combate contra la ley de violencia basada en género, otra de las causas con las que estos grupos se embanderan es la defensa de la ley de tenencia compartida, que ellos mismos promovieron en el Parlamento y se aprobó en 2023 sólo con los votos de la coalición multicolor. En 2021, la entonces diputada del Frente Amplio y actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, habló en entrevista con la diaria sobre esta iniciativa y expresó que colindaba “con los derechos del interés superior del niño”.
Cuatro años después, y en su calidad de secretaria de Estado, Lustemberg volvió a referirse a la ley en una rueda de prensa, y apuntó que se debería analizar dejarla sin efecto. “Nosotros en la bancada, cuando fuimos oposición, nos opusimos siempre a que el país tenga esta ley, y de verdad creo que los números y los datos nos van a tener que hacer revisar con evidencia el daño que está haciendo esta ley a los niños”, señaló. La revisión de esta ley, de hecho, está incluida en las bases programáticas del FA para este período.
La declaración, que fue recogida por Subrayado y Canal 5, fue compartida por la organización Todo Por Nuestros Hijos (TPNH) en Facebook, que escribió: “Lo que en verdad perjudica a nuestros niños es que haya políticos tan nefastos como la ministra. Prioriza su ideología a los datos y estudios científicos. Desconoce también los datos de la realidad (quienes principalmente violentan a los niños son las madres). Así estamos”, critica.
El grupo no presenta datos que respalden esa afirmación. Por el contrario, los datos del informe anual de gestión del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Sipiav) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, presentados el 25 de abril de 2025, muestran algo distinto: según el reporte, la gran mayoría de las personas agresoras de niños, niñas y adolescentes son familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia, y en ese marco, 38% son los padres, 23% las madres, 14% la pareja de la madre, 14% otro familiar y 10% una persona no familiar.
TPNH trabajó en la elaboración del proyecto de ley sobre tenencia compartida, que en 2016 fue presentado en el Parlamento por el entonces senador y ahora expresidente de la República Luis Lacalle Pou. En 2021, la iniciativa fue impulsada por las entonces senadoras del Partido Nacional (PN) Carmen Asiaín y Graciela Bianchi. En ese contexto, la organización compareció ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y pidió que se profundice el alcance de los proyectos para “contrarrestar” los efectos de la Ley 19.580, a la que califican de “inconstitucional”, pese a que la Suprema Corte de Justicia rechazó todos los recursos presentados contra la normativa.
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Movilización por el Día Internacional del Hombre en Uruguay, el 19 de noviembre de 2024.
Foto: Mara Quintero
Las redes sociales como amplificadoras del discurso
La creación de TPNH data de 2012 y, según la descripción de su página de Facebook, que tiene 15.000 seguidores, su objetivo es “defender los derechos” de las niñas y los niños a “tener un normal relacionamiento con sus progenitores luego de la separación de los mismos y evitar cualquier otra forma de maltrato infantil”.
A lo largo de los años, desde la creación de este grupo, aparecieron otros con reivindicaciones similares. Otro de los puntos en común y de contacto entre estas organizaciones es que todas hacen referencia a una supuesta gran cantidad de denuncias falsas por violencia de género, que serían hechas por las madres para que los padres no puedan ver a sus hijos o hijas. En varias publicaciones aparece la responsabilización de la Ley 19.580 en la radicación de denuncias falsas. En particular, la organización TPNH califica la normativa como “ley de venganza de género”.
En esta investigación se pudo constatar que existen, al menos, seis grupos con estos objetivos: TPNH (2012), Varones Unidos por una Masculinidad Positiva (2015), Stop Abuso Uruguay (2016), Familias Unidas por Nuestros Niños (2019), Damnificados Ley de Género (2019) y Colectivo Papás Presentes (2020).
Familias Unidas por Nuestros Niños, según su propia descripción, trabaja para que los niños y niñas puedan estar tanto con la madre como con el padre “luego de un divorcio o separación conflictiva”. “En las separaciones, lamentablemente, muchas veces los niños son usados como rehenes o moneda de cambio con consecuencias negativas para los niños y adolescentes para toda su vida”, finaliza el texto en su página de Facebook. Se trata de la segunda organización con más seguidores en Facebook (73.000), sólo superada por Varones Unidos por una Masculinidad Positiva, con 117.000 seguidores.
Este último grupo, que tiene su propia página web, comparte artículos con frecuencia sobre distintos temas. En un apartado llamado “Feminismo y misandria”, publicó una entrada titulada “La perspectiva de género: un instrumento de violencia respaldado por el Estado”, que, entre otras cosas, afirma que cuando una mujer presenta una denuncia por violencia basada en género “encuentra un sistema judicial dispuesto a aceptar sus afirmaciones con escasa o nula exigencia de pruebas, mientras que el hombre acusado enfrenta una presunción de culpabilidad casi imposible de revertir”. De esa forma, sostiene que “este desequilibrio no protege a las mujeres de la violencia, sino que las arma con una herramienta de coerción que puede ser utilizada para fines tan diversos como la venganza, el control económico o la manipulación en disputas personales”.
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Papás Presentes, por su parte, publicó en su canal de Youtube una entrevista con el exsenador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, en mayo de 2023, en la que criticó la “ideología de género”. La descripción de la publicación afirma que Uruguay es un país con un “índice de denuncias falsas más elevado de lo que se sabe”, pese a que no hay datos que sustenten esta afirmación.
Movilización por el Día Internacional del Hombre en Uruguay, el 19 de noviembre de 2024.
Foto: Mara Quintero
La organización Stop Abuso Uruguay, que tiene 15.000 seguidores en Facebook, y cuyo objetivo es la “defensa de los derechos que tienen los niños uruguayos”, compartió una placa en enero de este año que muestra a un niño sentado con una mirada triste, y en la que, además de leerse “basta de niños huérfanos de padres vivos”, alude al falso síndrome de alienación parental y a los “comportamientos y estrategias del progenitor alienante”, como impedir las visitas u obstruir el vínculo en general.
En la misma línea, en la cuenta de Tik Tok del grupo Damnificados Ley de Género hay un video en el que una integrante señala que uno de los artículos de la Ley 19.580 “dice que el hombre no puede presentar pericias técnicas que lo defiendan”. Sin embargo, esto no aparece en la normativa. El 46, que refiere a la valoración de la prueba, establece únicamente que “no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios de los niños, niñas y adolescentes”.
Pablo Camacho: “No importa la verdad”, sino “a qué verdad estoy afiliado”
Si bien los seis grupos mencionados tienen características similares por los objetivos que presentan y sus formas de actuar, para Pablo Camacho, antropólogo social, “es muy difícil” hacer una “tábula rasa” de los grupos, y cree que eso “es lo que hace que sean difíciles de investigar, identificar ciertos patrones dentro del grupo, de cómo se mueven”.
La tesis de grado de Camacho se tituló ¿Nada que decir, nada que preguntar? Reflexiones éticometodológicas sobre las relaciones de campo en el trabajo con un grupo de reacción ante la agenda de derechos, y está centrada en Varones Unidos. En diálogo con la diaria, planteó que, más allá de las diferencias que pueda haber entre la mayoría de estos grupos que están activos en Uruguay, lo que tienen en común es que “se posicionan desde el antifeminismo”. “Ellos intentan pararse siempre en la posición de decir que el feminismo lo que generó fue una serie de excesos”, apuntó, y agregó que “es algo que está muy marcado en todos estos grupos”.
Consultado sobre si los contextos políticos nacionales y regionales inciden en estos discursos antigénero, Camacho afirmó que fue un “aspecto simbólico” cuando Lacalle Pou al comenzar su gestión dijo que promovería una “agenda provida”. “Eso ya de por sí abre una gran cancha a todos estos movimientos, que capaz que estaban, que no encontraban un respaldo tan abierto en otros representantes, [por lo que] al decir esto, el expresidente habilita una cantidad de discusiones”, remarcó.
Camacho mencionó que otro de los puntos de contacto entre todos ellos es la “desinformación”. El antropólogo consideró que en la actualidad “vivimos en un mundo donde la certeza es difícil de palpar”, y donde “nada es verdad [y] todo es relativo”, y se remontó a un planteo del filósofo francés Michel Foucault sobre que “la idea no es tener la verdad”, sino que el objetivo es “controlar la verdad” y conseguir “más afiliados” a ella. “Hoy en día, en realidad, no importa la verdad, sino que importa a qué verdad estoy afiliado, y eso es algo difícil de pensar, porque estamos acostumbrados a esta idea de que la verdad es una sola”, continuó.
En ese sentido, afirmó que los grupos mencionados “se basan en eso”, en “tirar una información, y, en realidad, más que ver si es verdadera o falsa, [se trata de] ver qué beneficios me puede dar esa información, o qué es lo que yo puedo lograr”.
Por lo tanto, según Camacho, a pesar de no existir datos de cuántas denuncias falsas hay, “se genera este rumor de que están denunciando falsamente”, y “tenemos a estos grupos que empiezan a lanzar su consigna”, que está ligada “no tanto a la razón, sino más al sentimiento”, que es a lo que apelan. Al respecto, dijo que “se genera una especie de sentimiento y un pánico moral alrededor de esta idea del feminismo [que] está intentando destruir la sociedad occidental, que, básicamente, es lo que está de fondo”.
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Mantero: negar las denuncias falsas “es negar la condición humana”
Marcel Mantero, vocero de Familias Unidas por Nuestros Niños, explicó en entrevista con la diaria que las acciones del grupo que integra se basan, sobre todo, en “tratar de defender la ley” de tenencia compartida “ante algún intento que hay de modificar algún artículo o derogarla”.
Explicó que, en principio, el objetivo de su grupo era lograr la aprobación de la ley de tenencia compartida y que, con eso ahora hecho realidad, decidió “dar una mano en el tema de la posible modificación de algunos artículos de la Ley 19.580”, ya que, a su entender, “realmente es una problemática” que les llega “todos los días”. “Nosotros tenemos grupos de Whatsapp, hay gente que se suma y se suma”, señaló, e indicó que en el grupo principal hay unas 200 personas.
Sobre las denuncias falsas, Mantero consideró que negarlas “es negar la condición humana”, ya que parte de esta “es mentir”, y por ende, “usar la ley en beneficio propio”. “Muchas veces en las separaciones hay temas de rencor, hay temas económicos atrás, y hoy la ley está muy dispareja”, expresó.
Pablo Camacho.
Foto: Mara Quintero
“Si estás viviendo con una pareja y mañana tenés un problema con ella y no tenés a dónde irte, basta con que vayas a la comisaría de la mujer, hagas una denuncia de que te quiso pegar, e inmediatamente te sacan con medidas cautelares y te alejan por seis meses”, ejemplificó, pese a que para dictar la aplicación de medidas cautelares se necesita la intervención de un juez de garantías y de un equipo técnico que evalúe los riesgos del caso particular.
Mantero dijo que tiene conocimiento de las denuncias falsas por los casos que le llegan y por los que puede ver los expedientes. Apuntó que “es muy difícil corroborar las denuncias falsas porque, justamente, en los juzgados de violencia de género lo que hacen son medidas cautelares, no investigan, simplemente se toma una medida de protección y absolutamente más nada”. Si bien es cierto que el rol del juzgado de violencia doméstica es la aplicación de medidas de protección, la investigación corre por cuenta de la fiscalía.
Los cambios que proponen a la Ley 19.580
En la movilización por el Día Internacional del Hombre, mientras crecía la ronda de intervenciones en contra de la Ley 19.580, el público arengaba, aplaudía o deslizaba comentarios de aliento, según el caso. En determinado momento, la dinámica se vio interrumpida por un joven que, mientras escuchaba a uno de los oradores quejarse por haber sido denunciado falsamente, y quizás en señal de empatía, se levantó el pantalón y sacudió la pierna en la que portaba claramente una tobillera electrónica.
Para Mastandrea, uno de los artículos a modificar de la ley de violencia de género es el tercero, ya que, según apuntó en entrevista con la diaria, establece que, “ante duda o conflicto, hay que creerle siempre a la mujer”, y eso a su juicio, “viola la Constitución”, específicamente el artículo 8, que dispone que todas las personas son iguales ante la ley. No obstante, el artículo 3 tiene que ver con la interpretación de las leyes ante “conflicto o duda” sobre su aplicación y no con las declaraciones o testimonios.
Si bien Mastandrea considera que “la mayoría de los casos deben ser verdad”, también cree que “hay muchos casos que son mentira”, y, por lo tanto, “hay muchas mujeres que se están aprovechando de esta ley”. De esa forma, otro de los artículos que busca que se modifique es el 80, sobre la sanción pecuniaria, que establece que “en la sentencia de condena, además de la pena, se dispondrá de una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales o 12 salarios mínimos del condenado”. Para el influencer, el cambio necesario en este caso no es que se elimine la reparación, sino que la definición de su monto “pase a la órbita de lo civil”, en vez de estar definida de antemano en una norma penal.
Mastandrea reconoció que no existen estadísticas que midan las denuncias falsas por violencia de género, pero aseguró que “lo que sí se sabe es que se archiva la gran cantidad”. “Por algo se archivan, porque no hay pruebas, porque no hay nada, y obvio que muchas de ellas son falsas”, remarcó. Por lo tanto, argumentó que se basa en los “cientos de mensajes” que le llegan por día a través de redes sociales y en la “información” que recaba a través de las “miles y miles de personas” que lo tomaron como “referente”.
“Quiero que se modifiquen esos artículos por el bien de todos. No es que salgo a defender abusadores, golpeadores, todo lo contrario, a mí se me acerca gente que por mi experiencia me doy cuenta de que son falsos inocentes, y les doy salida, conmigo no van”, aclaró. Por lo tanto, Mastandrea pide que se modifique la ley y también que haya un “mensaje” político y de la Justicia de que “se va a condenar a quien denuncie falsamente, por el bien de todos, de las verdaderas víctimas”.